España necesita una «Ley Audiovisual consensuada y de larga vida» que dé «seguridad jurídica a medio y largo plazo» al sector, cuyas reglas deberán tener como garante a una Autoridad Estatal de Medios Audiovisuales.
Esta es la principal conclusión, apoyada por más del 80% de los 206 directivos consultados, del Estudio de Tendencias del Sector Audiovisual 2009 realizado por Time Consultants para IESE, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Los encuestados también consideran urgente «definir el papel que debe jugar la televisión pública», tanto en el ámbito nacional como autonómico.
«Habrá una reestructuración del mercado audiovisual», subrayó ayer en la presentación del estudio Joaquim Triadú, vicepresidente del Centro Sector Público-Sector Privado (SP-SP) del IESE, quien pronosticó una «concentración de operadores de televisión» y la «muerte súbita de muchas cadenas locales», cuyo «mapa se va a reducir de forma muy drástica». A su juicio, «el sector no ha reflexionado lo suficiente sobre lo que se avecina» tras la reducción publicitaria por la crisis y la llegada de la TDT con su exigencia de inversiones. Y su conclusión es que serán «necesarias fusiones».
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En cuanto a la publicidad en el sector, cuya caída ha superado todas las previsiones, Triadú advierte de que aún podría seguir bajando en 2010, aunque está convencido de que se recuperará «si la economía funciona». Si acaso, apunta, «quizás sea una publicidad más especializada» y verá llegar a «nuevos anunciantes» acordes con la oferta televisiva más precisa y diferenciada.
La supresión de los anuncios en TVE despierta una clara división de opiniones entre operadores privados (71% la ven bastante o muy acertada) y fabricantes e instaladores, por un lado, y operadores de TV pública (83% la considera poco o nada acertada) y centrales de medios (72%), por otro. Globalmente, el segundo bloque llega al 54%, frente al 45% del primero.