El Ejecutivo ha decidido dejar en suspenso la aceptación de la licencia de emisión de Quiero TV, cuyo Consejo de Administración aprobó el pasado jueves el cierre de la plataforma digital terrestre. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha abierto un expediente administrativo que obliga a la empresa a mantener sus emisiones de manera indefinida.

Hasta que el Gobierno no resuelva el expediente administrativo abierto de oficio por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se aceptará la devolución de la licencia de emisión de Quiero TV ni sus 14 frecuencias. De esta manera, la plataforma de televisión digital terrestre deberá afrontar el compás de espera que se ha impuesto el Ejecutivo y mantener sus emisiones, con el coste que ello supone y que obliga a sus accionistas a realizar nuevas aportaciones que sirvan de respirador asistido a la compañía.

La pretensión de la plataforma controlada por Auna de echar el cierre ha sido contestada con un expediente, que puede dilatar el proceso de liquidación varios meses. Hasta entonces, los avales, por valor de 34 millones de euros, seguirán en poder del Estado. La Junta de Accionistas y el Consejo de Administración de Quiero aprobó el pasado jueves la resolución del contrato concesional, suscrito el 14 de octubre de 1999 con la Administración. La intención era alcanzar una cesación de la actividad de mutuo acuerdo con el Gobierno, con la intención de que no se ejecutaran los mencionados avales y por tanto no se gravara aún más a los accionistas.

La Junta, en la que sólo Mediapark mostró sus reservas a la decisión adoptada por el resto de accionistas, autorizó entonces un desembolso inmediato de 50 millones de euros para proceder a la liquidación ordenada de la compañía y se dio unos días de plazo para que los socios se pronuncien sobre la necesidad de aportar otros 200 millones para sufragar el resto de pagos que exigirá el cierre. Con esta cantidad, Auna, socio de referencia de Quiero TV, intentaba asegurar el pago a los empleados de la plataforma y emprender las negociaciones con los acreedores, entre los que destacan las productoras norteamericanas y Audiovisual Sport por los derechos de la Liga de Fútbol.

Desde el SCH, banco que controla el Grupo Auna y por ende Quiero TV, se han llevado a cabo intensas gestiones para «colectar» los 600 millones de euros que en números redondos exige la liquidación de la plataforma.

En un principio, el responsable industrial del SCH y consejero delegado de Auna, Joan David Grimà, ha tropezado con la negativa de los accionistas minoritarios de Quiero TV y en concreto con el Grupo Planeta y Mediapark. Uno y otro han rechazado realizar cualquier otra aportación de capital para un proyecto que consideran acabado. Ante esta situación, Grimà ha recurrido a los socios de Auna y especialmente a Endesa, que posee el 27 por ciento de la compañía. La respuesta de la empresa eléctrica fue contundente y consistió en limitarse a una aportación equivalente a su participación accionarial, lo que en otras palabras no permite sufragar más que la mitad de los recursos que necesita la compañía audiovisual para cerrar sin dejar heridos en el camino.

El objetivo de Grimà a partir de ahora será liquidar Quiero TV sin levantar una polvareda en sus relaciones con los acreedores. El Ministerio de Anna Birulés vigila de cerca los movimientos y no está dispuesto a consentir que el problema se derive en contra del Gobierno ante la imposibilidad de Quiero para hacer frente a sus compromisos de pago.

Por esta razón, la primera medida del Gobierno ha sido abrir un compás de espera y no aceptar de entrada la devolución de la licencia, tal como era la pretensión de los propietarios de la plataforma. La contrapartida es que Quiero TV deberá seguir emitiendo y, en consecuencia, mantener sus operaciones con el consiguiente coste. A este respecto cabe señalar que la compañía pierde cada semana la nada despreciable cifra de 5 millones de euros.

El próximo Consejo de Ministros puede ser decisivo para determinar el grado de compromiso con que el Gobierno afronta la crisis de la cadena digital terrestre. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha mantenido desde un principio ajeno y reacio a intervenir en cualquier tipo de negociación sobre el futuro de la cadena Quiero TV.

El fondo de inversión norteamericano Anschutz ya intentó en su día que el Ejecutivo respaldara su oferta de compra que incluía la presentación de una suspensión de pagos de la compañía. Ni que decir tiene que el Ministerio que dirige Anna Birulés rechazó de plano la oferta recordando que la Administración del Estado no puede tomar partido en ningún tipo de operaciones de naturaleza privada.

Este hecho pone de manifiesto el talante con que el Gobierno, que actualmente tiene la sartén por el mango, puede abordar el expediente administrativo que retrasará sine die el cierre efectivo de la plataforma. Lo más probable es que el Ejecutivo congele los avales hasta comprobar la capacidad de gestión de los encargados de llevar a cabo la liquidación de la cadena. Hasta que el cierre no esté completamente asegurado y pactado en un acuerdo global con los acreedores -incluidos los empleados- no es factible que se acepte la devolución y se facilite el camino para que los accionistas de la cadena puedan recuperar sus avales.

La licencia, una vez que sea reintegrada al Estado, permitirá al Ministerio ampliar el ancho de banda de los actuales operadores analógicos que ya han emprendido la transición hacia las emisiones en digital terrestre y que en reiteradas ocasiones han hecho público su malestar por lo que consideran escasa capacidad técnica para ofrecer sus contenidos. Dicho de otra forma, el Gobierno aprovechará el espectro sobrante de Quiero para resolver una vieja reivindicación del resto de cadenas generalistas de televisión.