El acuerdo digital del pasado ocho de mayo, ratificado por los presidentes de Telefónica y Prisa, César Alierta y Jesús de Polanco respectivamente, incluye una cláusula en virtud de la cual la operadora de telecomunicaciones salvaguarda su opción a traspasar su participación en la futura Sogecable. Según ha podido saber ABC de fuentes gubernamentales, esta es una de las alternativas que se manejan en el supuesto de que llegado el momento de hacer efectiva la fusión de las plataformas, el Gobierno no haya aprobado el cambio normativo de la Ley de TV Privada que impide a un mismo inversor tener participaciones significativas en más de una cadena de televisión.
La fusión por absorción de Vía Digital por Sogecable otorga a Telefónica una participación accionarial del 17 por ciento en la compañía resultante de la integración. Al mismo tiempo, Telefónica es el socio de referencia de la privada Antena 3 TV, donde controla el 47,51 por ciento. El Gobierno tiene previsto modificar la normativa tal y como ha anunciado el propio ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, si bien en estos momentos no existe ninguna certeza de que este cambio regulador se apruebe antes de la fusión digital.
La promesa de Birulés
En su día, la anterior responsable del Ministerio, Anna Birulés, manifestó a las dos partes implicadas en el acuerdo la convicción de que el Ejecutivo resolvería «este pequeño detalle normativo». Ante ese compromiso, Telefónica introdujo como un mero trámite la posibilidad de congelar su participación, traspasando sus acciones a un intermediario financiero. Sin embargo, el hecho es que a una semana vista del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sobre la fusión digital, la legislación vigente sigue impidiendo que un mismo accionista participe en dos o más cadenas de TV.
Por ahora, el único cambio introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado ha consistido en eliminar el límite accionarial del 49 por ciento para cualquier socio de un empresa concesionaria de televisión. Telefónica y Sogecable empiezan ya a mostrar su inquietud por el retraso del Gobierno en ejecutar el cambio necesario para facilitar la incorporación de Telefónica al capital de la nueva Sogecable. En esta nueva coyuntura, la cláusula del contrato entre ambos socios empieza a tomar carta de naturaleza y Telefónica tiene ya incluso definidas las entidades financieras con las cuales podrá llevar a cabo el «aparcamiento» de su participación en la fusión.
Lo paradójico del caso es que la primera compañía española tendría que figurar de «tapadillo» en el capital de Sogecable, sirviéndose de un subterfugio legal y con la complicidad del propio Gobierno. No en vano, el Ejecutivo conoce este pacto secreto y si aprueba la fusión sin modificar antes la ley de TV Privada estará induciendo a Telefónica a emplear esta técnica más propia de ingeniería financiera.
El «parking», como se conocen este tipo de operaciones en el mercado financiero, llevará implícita la suspensión de los derechos políticos que corresponderían a Telefónica como titular del mencionado 17 por ciento de Sogecable. Esta situación agrava el proceso efectivo de integración de Vía Digital y Canal Satélite por cuanto que Telefónica tiene derecho a nombrar al presidente y a cuatro consejeros en la nueva Sogecable. Dichos representantes serán designados de forma virtual y como meros consejeros «durmientes», sin mayor peso en la toma de decisiones de la poderosa compañía audiovisual, cuyo control real, en todo caso, quedará siempre en manos del Grupo Prisa.
Inminente informe del TDC
En el seno de las compañías promotoras de la fusión se espera para la próxima semana el dictamen del TDC. De hecho, la fecha tope prevista en el calendario para que el máximo órgano encargado de velar por la libre competencia se pronuncie está fijada en el próximo miércoles, día 13. A partir de ese momento, el Gobierno dispondrá de un mes para resolver la operación en Consejo de Ministros.
El informe del TDC es preceptivo pero no es vinculante, aunque dados los múltiples intereses que están ahora en juego, parece muy improbable que el Ministerio de Economía eche en saco roto las «recomendaciones» del Tribunal. En ello redundan también las sentencias comunitarias que han revocado las últimas decisiones del comisario Monti en otro tipo de fusiones empresariales en Europa. Estas resoluciones judiciales han puesto el dedo en la llaga sobre el poder efectivo que los Gobiernos ejercen a la hora de aprobar o rechazar de manera discrecional un proceso de concentración. Dicho de otro modo, la doctrina comunitaria tiende a acotar la potestad de los Estados miembros para tomar una decisión de esta naturaleza y pretenden que la última palabra esté siempre fundamentada en los dictámenes de los órganos reguladores, en nuestro caso, el TDC.
El pleno del TDC ha empezado ya a analizar el dictamen de la ponencia, que es custodiada con todas las reservas por el presidente de este organismo, Gonzalo Solana. No obstante, en medios gubernamentales se tiene la impresión de que las alegaciones más duras contra la fusión sólo han servido para evidenciar el interés de todos los grupos afectados por sacar provecho de la gran operación que dará lugar a la plataforma única de TV digital.
El Gobierno y el cable
Las reclamaciones de los cableoperadores deben ser relativizadas de acuerdo con las citadas fuentes: «La fusión digital no debe ser utilizada como remedio de todos los males», recuerdan a la hora de poner de manifiesto que las empresas del cable no pueden aspirar a rentabilizar sus proyectos empresariales a costa de los contenidos de la futura Sogecable. Así y todo, el planteamiento oficial parte por abrir los contenidos a la competencia, especialmente en lo que se refiere a competiciones deportivas en la modalidad de pago por visión y cine de estreno, pero el Gobierno no está dispuesto a intervenir en ese reparto y mucho menos a fijar los precios en el mercado secundario de contenidos.
Todos estos aspectos formarán parte a buen seguro del dictamen final del TDC, que viene trabajando desde hace un mes y medio en la fusión después de que Economía remitiera el expediente el pasado 13 de septiembre.
Al margen de la esperada resolución del Consejo de Ministros antes de fin de año, no hay que olvidar la posibilidad de que puedan prosperar algunos de los recursos tramitados por los cableoperadores ante el Tribunal de Luxemburgo en los que se reclama que el Gobierno español no está capacitado para enjuiciar la fusión digital. Algunos operadores de cable han manifestado incluso su oposición al reenvío del expediente por parte de Bruselas a España. Si estos recursos dieran su fruto, la decisión del Ejecutivo español quedaría en aguas de borraja y la responsabilidad sobre el expediente recaería en el comisario Monti. Esta es otra espada de Damocles que, eventualmente, también hay que tener en cuenta a la hora de analizar los entresijos de la fusión digital.
