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Telecinco considera «decepcionantes» las condiciones fijadas por el TDC a la fusión

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Telecinco consideró hoy «decepcionantes» y «absolutamente rechazables» las diez condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a la fusión de las plataformas digitales «en la medida en que permiten la construcción artificial de un monopolio natural».

Según un comunicado de la cadena, las limitaciones dictadas por el TDC «lejos de ser tales, permitirán el dominio incontrolado, por parte de la futura plataforma única, en todos y cada uno de los mercados relevantes detectados en esta operación».

La cadena privada lamentó que el Tribunal no haya abordado «uno de los aspectos más importantes y decisivos para que la fusión se realizase sin afectar al mercado de la televisión: la participación de Telefónica en dos cadenas», un aspecto limitado hoy por hoy por la Ley de Televisión Privada, según recordó.

Telecinco considera «imprescindible que el Gobierno imponga a la ya evidentemente segura plataforma monopolista que no pueda comprar derechos en «free tv» o que no pueda vender tales derechos a Antena 3″.

Asimismo, reclamó que el Gobierno imponga a la plataforma libertad de acceso a la misma por parte de operadores de canales temáticos, como Telecinco que, de otra forma, «se verán excluidos de este mercado», subrayó. La privada advirtió que si no se establecen esas garantías «se estará certificando la desaparición de Telecinco a corto plazo ante la imposibilidad manifiesta de seguir concurriendo en un mercado compuesto por la televisión pública, estatal y autonómica, y una plataforma que constata la concentración de los dos grupos multimedia más grandes de este país, que controlan numerosos medios de comunicación incluida Antena 3».

Vía Digital tampoco crece en el último trimestre

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Antonio Pérez
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La plataforma de televisión de pago Vía Digital, al igual que su rival Canal Satélite Digital, con el que negocia una fusión, no consigue levantar las cifras de abonados y resultados. El número de clientes se estancó en el último trimestre y las pérdidas hasta septiembre ascienden a 206,5 millones de euros.

Vía Digital ha frenado en el último trimestre el crecimiento del número de abonados: a finales de junio contaba con 810.958 clientes y al final del tercer trimestre sumaban 811.000. Mientras que en el primer semestre el número de abonados representaba un incremento del 14,8% respecto a un año antes, hasta septiembre el incremento es del 8%.

El escenario es similar al de su rival Canal Satélite Digital, que en el tercer trimestre redujo un 1,6% el número de abonados, de 1,25 millones a finales de junio a 1,23 millones. Pese a que el negocio no está viviendo su momento más saludable, ambas plataformas están protagonizando uno de los procesos de concentración más complejos de los últimos años. Ayer el Tribunal de Defensa de la Competencia hizo público el informe en el que exige duras condiciones a la fusión.

Vía Digital aportó a Telefónica, propietario del 48,62% de la plataforma, unas pérdidas de 100,4 millones de euros hasta septiembre, un 2,3% menos que un año antes. Los ingresos de la plataforma digital aumentaron hasta septiembre un 36% en relación a un año antes, hasta 267 millones de euros.

En el periodo julio-septiembre, la plataforma de televisión ha reducido ligeramente las pérdidas respecto al tercer trimestre del año anterior: 33,8 millones de euros frente a 34,1 millones del tercer trimestre de 2001. El resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones (ebtida) de la plataforma aumentó de 122,8 millones de euros negativos hasta junio a 174 millones de pérdidas al final del tercer trimestre.

Admira, que engloba entre otras compañías a Endemol, Antena 3, Onda Cero, Vía Digital y Lola Films, ha acumulado un total de 374 millones de euros de pérdidas, un 44% más que entre enero y septiembre de 2001. En el tercer trimestre, los números rojos se han reducido en un 33,7%, hasta 68,5 millones.

Los ingresos de Admira cayeron un 28%, hasta los 724,2 millones de euros, al tiempo que su ebitda se redujo un 5,5%, hasta 77,6 millones de euros.

Estos resultados reflejan, según Teléfonica, la política de «fuerte ahorro de costes (los gastos por operaciones cayeron un 29,9%), que ha permitido absorber en gran parte la disminución de las ventas», aunque también se han visto afectados por la reducción de la inversión de la publicidad.

De Guindos recuerda que el Gobierno no suele «dulcificar» los planteamientos del TDC

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Las reacciones al informe del TDC no se han hecho esperar. La operadora de cable ONO cree que el tribunal «no se ha atrevido a romper el monopolio de contenidos». De Guindos ha recordado que el Gobierno suele seguir «al pie de la letra» las recomendaciones de Competencia. Mientras, Llamazares pide la entrada de TVE en la plataforma única.

La operadora de cable ONO señaló que el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la integración de las plataformas digitales «se aleja de los criterios» de competencia de Bruselas, y espera que el Gobierno español lo revise. Para ONO, operadora que preside Eugenio Galdón, el dictamen «es equivalente a una autorización sin condiciones porque respalda el cierre del mercado de televisión de pago, a través de Sogecable y la posición de dominio de Telefónica». Tras conocer las condiciones del TDC, fuentes de ONO dijeron que el tribunal «no se ha atrevido a romper el monopolio de contenidos ni a impedir la alianza de los dos operadores dominantes».

Llamazares pide la entrada de TVE en la Nueva Sogecable

La aportación más peculiar ha sido la del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, abogó por establecer condiciones más allá de las económicas para permitir la fusión de plataformas de televisión y así garantizar el pluralismo informativo, para lo que pidió la entrada de TVE en la operación de Vía Digital y Canal Satélite. Llamazares consideró «suave y blando» el dictamen emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y expresó su preocupación por una fusión que «no sólo afecta a las libertades económicas», sino que también atañe a la libertad y el pluralismo informativo.

De Guindos: El Gobierno no acostumbra a «dulcificar» los planteamientos del TDC

El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, dijo que el Gobierno tendrá en cuenta los informes de la Comisión Europea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Tribunal de Defensa de la Competencia para decidir si autoriza o no la operación. De Guindos mostró su respeto por el informe que el Tribunal de Defensa de la Competencia negó que el Gobierno acostumbre a «dulcificar» con sus decisiones los planteamientos del Tribunal. Por el contrario, subrayó que en la mayoría de las ocasiones el Ejecutivo sigue «al pie de la letra» las recomendaciones de Competencia.

Mariano Rajoy, ministro de la Presidencia, se refirió también al dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia y reconoció que pese a que se ha producido «una división importante dentro del Tribunal», se «autoriza» la absorción, «con determinadas condiciones» que «pretenden fundamentalmente garantizar la competencia y el interés general». Concluyó afirmando que «vamos a hacer lo que dijimos el primer día, no hemos cambiado de criterio, vamos a defender la competencia y el interés general y veremos qué decisión tomamos en consecuencia».

Defensa de la Competencia impone diez condiciones a la fusión de las plataformas digitales de televisión

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El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto a Sogecable diez condiciones para dictaminar favorablemente la fusión con Vía Digital, entre ellas que un porcentaje de sus canales sean propiedad de terceros o que renuncie a los derechos de tanteo y retracto en la negociación con los clubes de fútbol.

Según el dictamen del informe al que tuvo acceso EFE, el Tribunal considera que la citada fusión «puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado de la televisión de pago y demás mercados afectados, por lo que su autorización debe subordinarse» a las citadas 10 condiciones.

El Tribunal considera que la operación notificada puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado de la televisión de pago y demás mercados afectados, por lo que su autorización debe subordinarse al cumplimiento de las siguientes condiciones:

Primera. Sogecable deberá garantizar que un porcentaje significativo de los canales emitidos a través de su plataforma de televisión sea propiedad de terceros. La determinación concreta del porcentaje y las condiciones de acceso deberían ser establecidas por el Gobierno en base a criterios equitativos, transparentes y no discriminatorios.

Segunda. Sogecable deberá renunciar a ejercer los derechos de tanteo y retracto y las opciones de compra que posee, tanto directamente como a través de Audiovisual Sport, en la negociación con los clubes de fútbol para la retransmisión de partidos de la Liga española o la Copa de S.M. el Rey así como limitar a un máximo de tres años el periodo por el que adquiera estos derechos y renunciar a aquellos distintos de los televisivos.

Tercera. Sogecable deberá garantizar que las condiciones en las que sublicencie los derechos para la retransmisión de los partidos de la Liga española de fútbol en modalidad de pago por visión en el marco del acuerdo Audiovisual Sport II obedezcan a criterios de equidad, transparencia y no discriminación. Un árbitro independiente deberá vigilar anualmente el cumplimiento de esta condición.

Cuarta. Sogecable deberá reconocer un derecho de rescisión unilateral a favor de MGM, con la reducción proporcional de la contraprestación prevista por el periodo restante y sin aplicación de sanción alguna, así como limitar a un máximo de un año el periodo por el que adquiera los derechos de retransmisión televisiva de películas cinematográficas de los «grandes estudios» para primera y segunda ventana de televisión de pago.

Quinta. Sogecable deberá mantener la comercialización de los canales temáticos producidos por empresas de su grupo, directamente o mediante acuerdos con terceros, así como el resto de servicios que actualmente presta relacionados con éste, al resto de operadores de televisión de pago que lo deseen en condiciones de mercado transparentes y equitativas y de forma individual; estando prohibida su agrupación en paquetes.

Sexta. Sogecable deberá renunciar a actuar como agente para nuestro país de los canales temáticos producidos o distribuidos por los «grandes estudios» ni por productores o distribuidores internacionales independientes.

Séptima. Sogecable deberá comprometerse a no comercializar conjuntamente la oferta de la plataforma de televisión resultante de la operación notificada con la de acceso a Internet de banda ancha de Telefónica o, en su caso, la del proyecto Imagenio ni a discriminar la venta de sus contenidos audiovisuales a favor del proyecto Imagenio o cualquier otro del grupo Telefónica en ADSL frente a otros proveedores de acceso a Internet que operen en España.

Octava. Sogecable deberá comprometerse a realizar el retorno de los servicios interactivos que desarrolle la nueva plataforma de televisión por las redes de los operadores concurrentes en el mercado, no pudiendo imponerse el retorno de modo obligatorio por la red de telecomunicaciones de Telefónica.

Novena. Sogecable deberá comprometerse a no cargar a los abonados de Canal Satélite Digital o Vía Digital ningún coste relativo a la integración de estas dos plataformas y a mantener una única política de precios uniforme para todo el territorio nacional sin discriminar entre zonas con o sin presencia de operadores de cable.

Décima. Sogecable deberá comprometerse a no suscribir, directamente o a través de cualquiera de las empresas que controla, acuerdos o alianzas con cualquier empresa del grupo Telefónica y viceversa en el ámbito de los medios de comunicación que excedan o no se correspondan con los incluidos en la operación notificada.

La supervisión del cumplimiento de las anteriores condiciones deberá recaer en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). El informe del tribunal fue acordado por mayoría, con el voto en contra de los vocales Castañeda Boniche, Comengue Puig, Martínez Arévalo y Muriel Alonso, que anunciaron la formulación de votos particulares discrepantes, mientras que Franch Meneu anunció un voto particular concurrente con el dictamen.

Piqué: Gobierno agotará plazos porque estamos en una situación compleja

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El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, manifestó hoy que «casi con toda probabilidad, el Gobierno va a agotar los plazos» para tomar una decisión sobre la fusión de las plataformas digitales Canal Satélite y Vía Digital, «porque estamos ante una situación compleja».

Piqué, quien hoy inauguró la VIII Semana Europea de la Calidad, aseguró no conocer aún el contenido del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la fusión de las plataformas, cuyo plazo de entrega al ministerio de Economía concluye hoy. El ministro dijo a los periodistas que no esperaran una postura definitiva del Gobierno en los próximos días, porque el Ejecutivo tiene, a partir de ahora, un mes para tomar su decisión y el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros, plazo que termina el próximo 13 de diciembre.

«Casi con toda probabilidad, el Gobierno va a agotar esos plazos, porque estamos ante una situación compleja», dijo el ministro, quien aseguró que los principios en que se basará la decisión del Ejecutivo serán la salvaguarda de los derechos de los consumidores y la libertad de elección, al tiempo que no se produzcan posiciones dominantes en el mercado.

Preguntado sobre si una única plataforma garantizaría estos principios, Josep Piqué dijo que «dependerá de cómo se plantee» y «para eso vamos a analizar el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia». En los pasillos del Congreso, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, también fue preguntado por el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. «En estos momentos exactos que usted me pregunta -dijo Rato- no tengo noticias» del informe, aunque aseguró que o estaba entrando, o entraría en el registro del Ministerio en las próximas horas.

El Gobierno agotará el plazo para tomar una decisión sobre la fusión digital

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El ministro de Ciencia Tecnología, Josep Piqué, dijo este miércoles que no cabía esperar una decisión rápida del Gobierno sobre el proyecto de fusión de las dos plataformas de televisión de pago en España pese a noticias de que el Tribunal de Competencia habría aprobado dicha operación bajo ciertas condiciones.

«El gobierno tiene un mes para tomar su decisión. Este plazo termina por lo tanto el 13 de diciembre y casi con toda probabilidad el gobierno va a agotar esos plazos, porque estamos ante una decisión muy compleja», dijo Piqué a periodistas tras inaugurar una conferencia en Madrid.

El ministro señaló que no quería hacer comentarios sobre el informe del Tribunal de Competencia mientras que no haya sido remitido formalmente al Gobierno. «Conozco que el dictamen ha sido emitido, no tengo constancia de que haya entrado en el Ministerio de Economía, y, por lo tanto, mientras sea así el consejo del gobierno no se va a pronunciar» dijo Piqué.

El informe del Tribunal de Competencia no es vinculante.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía había advertido que la fusión de las dos plataformas de televisión digital por satélite existentes causaría posición de dominio y podría obstaculizar la competencia. Pero los técnicos de Economía dijeron que si la operación no se realizara, hay «probabilidades de que resulte un solo operador que deberá afrontar el desarrollo del mercado en base a sus propios recursos, pero sin rescatar valor de los recursos ya empeñados por el operador que se retire».

En mayo, Telefónica y Prisa firmaron el acuerdo de fusión de sus dos plataformas de televisión de pago. La plataforma que nacerá de la fusión de Canal Satélite Digital y de Vía Digital — lideradas por Sogecable /Prisa y por Telefónica –tendría el 90% del mercado de televisión de pago en ingresos y el 80% en clientes con una facturación conjunta superior a los 1.300 millones de euros y 2,5 millones de abonados.

Tanto Canal Satélite Digital como Vía Digital advirtieron que, en caso de no producirse la integración, estaría en peligro la viabilidad de los dos proyectos. Canal Satélite Digital ha acumulado en los cinco años desde su lanzamiento unas pérdidas de 414 millones de euros, de los cuales 40 millones de euros corresponden al ejercicio de 2001. En el caso de Vía Digital, las pérdidas suman 1.932 millones de euros desde 1997, con un saldo negativo de 514 millones de euros en el último ejercicio.

El dictamen de Competencia complica la decisión de Rato

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El Gobierno tendrá que hacer frente a importantes objeciones. Ono pide al Tribunal de la Competencia que prohíba la fusión. En caso de aprobarla, solicita que se impida a Sogecable adquirir nuevas exclusivas y que abra los actuales contratos a los competidores.

Hoy se cumple el plazo para que el Tribunal de Defensa de la Competencia remita al Ministerio de Economía su dictamen sobre la fusión digital. Ahora el Gobierno, que se comprometió a respetar el contenido de ese informe, deberá tomar una decisión definitiva antes del próximo 13 de diciembre. Pese a ello, la existencia de votos particulares complica la decisión que Rato ha de proponer al Consejo de Ministros, acosado además por las fuertes presiones que ejercen tanto los protagonistas de la fusión como sus competidores.

Entre ellos el operador de cable Ono, que ha pedido en sus alegaciones al Tribunal de Defensa de la Competencia que prohiba la integración de Vía Digital en Sogecable al existir problemas de competencia insalvables. En el documento de alegaciones de Ono al expediente C74/02, al que ha tenido acceso LA GACETA, el cableoperador propone un modelo alternativo de competencia en el caso de que el Tribunal optara por aprobar la fusión con condiciones.

La compañía que preside Eugenio Galdón considera que son dos los problemas de competencia insalvables. El primero sería la consolidación definitiva del monopolio de la televisión de pago y la eliminación de la competencia mediante las exclusivas sobre los contenidos clave. Así reitera que la operación debería prohibirse porque supone el reforzamiento definitivo y la consolidación de la posición dominante de la nueva Sogecable en el mercado de la televisión de pago y los derechos sobre los contenidos.

El cableoperador cree que la prohibición daría una oportunidad a los operadores de cable de acceder a los clientes y a los derechos audiovisuales de Telefónica si esta empresa opta por vender esos activos y cerrar su presencia en el negocio de la televisión de pago. Ono dice que Sogecable propone un modelo de competencia en televisión de pago basado en el control en exclusiva de los contenidos clave a largo plazo, un modelo que cree inconsistente.

Como modelo alternativo, Ono pide al TDC que dictamine que en España se siga un modelo de competencia en el mercado de la televisión de pago en el que se prohiba el control en exclusiva de los contenidos clave. Para ello solicita que se permita que todos los operadores de televisión de pago puedan ofrecer los contenidos básicos demandados por los consumidores, que esos operadores se diferencien por otros múltiples contenidos, y que se distribuyan los elevados costes de esos contenidos entre todos los competidores para reducir el coste de las exclusivas.

Ono cree que la operación sería admisible en el marco de la competencia si se adoptaran dos remedios en concreto. El primero, que se prohiba la adquisición de derechos en exclusiva sobre los contenidos clave, como el cine de estreno, toros, fútbol, y deportes estrella. Y en segundo lugar – dice el informe- , que se prohiba la adquisición del derecho de distribución de los contenidos para las restantes plataformas con las que compite Sogecable, limitándose a adquirir derechos para su propio uso.

Además recuerda que la nueva Sogecable sería titular de contratos por los que ya se han adquirido derechos en exclusiva de larga duración, los cuales impiden el mantenimiento de la competencia efectiva. Por ello Ono solicita del Tribunal que establezca como condición que, hasta que se extingan esos contratos y mientras los operadores de cable puedan acceder a los derechos y desarrollar los correspondientes canales premium, la nueva Sogecable acepte la condición expresa de distribuir a los restantes operadores, a precio de coste, los contenidos esenciales que acapara: los derechos sobre el cine de estreno, toros, fútbol y deportes estrella, Canal+ y Cinemanía.

El segundo problema de competencia que destaca Ono hace referencia a la cooperación estratégica del operador dominante en televisión de pago y contenidos (Sogecable) con el operador dominante en telecomunicaciones (Telefónica). Cree que de llevarse a cabo la operación consolidaría sus posiciones dominantes y debilitaría la posición de los competidores. Estimamos que no existe ningún criterio de competencia ni remedio alguno que justifiquen la presencia de Telefónica en el accionariado de Sogecable por lo que tal participación accionarial debe prohibirse. La conclusión es que Telefónica no venda sus activos de televisión de pago y sus derechos a Sogecable.

Sogecable apela a la rentabilidad para justificar el monopolio

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La futura Sogecable tendrá un valor de 4.998 millones, según un informe. El estudio concluye que el plan de negocio de Vía Digital no es viable

Sogecable ha encargado a Nera Economic Consulting la elaboración de un informe para analizar económicamente la integración de Vía Digital, informe que ha entregado al Tribunal de Defensa de la Competencia para justificar la operación. En ese trabajo, que ha fundamentado las alegaciones de Sogecable ante ese Tribunal, se realiza un análisis económico de la integración, se valora la competencia en el mercado de la televisión de pago, se explica la «racionalidad» de la fusión, y se justifica la necesidad de exclusivas en contenidos para hacer frente a las ventajas de otras tecnologías.

Pero sin duda, el capítulo más interesante del informe es el que realiza una valoración económica de la integración de Vía Digital, capítulo que gira entorno al argumento de que la viabilidad de la plataforma de Telefónica es inalcanzable. En el informe de Nera para Sogecable, al que ha tenido acceso LA GACETA, se recuerda que las plataformas de televisión de pago por satélite no sólo llevan soportando pérdidas desde sus comienzos hace ahora cinco años, «sino que las mismas son insostenibles, lo que hace el negocio inviable económicamente siempre y cuando no se produzca algún tipo de modificación estructural».

Aunque Nera no lo refleja, las pérdidas acumuladas de Canal Satélite ascienden a 414 millones de euros, mientras que las de Vía Digital son de 1.932 millones. Para contrastar si las pérdidas son realmente insostenibles en el largo plazo, la consultora norteamericana ha desarrollado un modelo para determinar lo que se conoce como Valor Actual Neto (VAN), en concreto para determinar la viabilidad futura de Vía Digital. El valor actual neto es la cantidad de dinero que vale hoy una corriente futura de ingresos y gastos como, por ejemplo, un proyecto de inversión o una empresa.

Aunque este criterio sólo tiene en cuenta los ingresos y pagos presentes y futuros y no los ocurridos en el pasado, puede determinar, a juicio de Nera, la viabilidad o no de Vía Digital. Partiendo de las previsiones y gastos de la plataforma de Telefónica hasta 2008, concluye que Vía Digital tiene un valor actual neto negativo de 771 millones de euros. Para llegar a ese resultado se apoya en los datos de varios bancos de inversión que apuntan a unos flujos de caja negativos hasta 2008 de 960 millones, a lo que hay que restar 189 millones en positivo del valor residual de la inversión.

Según la consultora, «el valor actual neto de Vía Digital es negativo y alcanza casi los 780 millones de euros, lo que indica que el plan de negocio no es viable bajo las condiciones actuales de mercado. La no viabilidad del ese plan de negocio indica que en las actuales circunstancias resulta difícil la permanencia en el mercado». Nera asegura que mantener operativa una empresa que presenta un VAN negativo «no es racional desde una perspectiva económica. La teoría económica —añade— asegura que aquellos proyectos con un valor actual neto negativo no son rentables y, por tanto, no deben llevarse a cabo».

A continuación el informe analiza el valor actual neto que tendría Sogecable en el caso de producirse la operación. Estimando unos flujos de caja hasta 2008 de 464 millones, otorgando un valor residual a la inversión de 5.034 millones, y restando unos 500 millones de costes de la fusión, la consultora concluye que el valor actual neto de la futura Sogecable, ya con Vía Digital, será de 4.998 millones de euros, casi seis veces su actual valor bursátil. Aporta además un estudio sobre la tasa de crecimiento de abonados, que sería del 11,48% anual, y sobre los ingresos de la futura compañía que aumentarían el 14,04% cada doce meses.

El documento II del citado informe concluye que, tras el análisis de varios bancos de inversión y el análisis realizado por ella misma, «en las presentes condiciones no parece existir sitio suficiente en el mercado para más de una plataforma de televisión digital de pago por satélite en España. Además, uno de los dos competidores actuales, con más probabilidad Vía Digital dada su posición económico-financiera, se ve abocado a abandonar el mercado en el corto o medio plazo». Indica, por último, que el modelo basado en la existencia de dos plataformas de pago por satélite «ha quedado en entredicho y resulta insostenible».

Defensa de la Competencia, favorable a la fusión en televisión de pago de Sogecable y Telefónica

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El acuerdo, única solución a las pérdidas de la televisión digital.

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha redactado un informe en el que autoriza el acuerdo de fusión de las actividades de TV de pago entre la filial de medios de Telefónica, Admira, y Sogecable, según anunció esta noche Onda Cero. Tras este informe, el Consejo de Ministros podrá aprobar la fusión, para lo que dispone de un mes.

El informe de Competencia en ningún caso es vinculante. Los analistas contarán además con la opinión de expertos del sector así como con el criterio de aquellas empresas «afectadas» indirectamente con el acuerdo -televisiones generalistas y agencias de publicidad, entre otras-.

El acuerdo entre Sogecable y Admira para la integración de sus plataformas de televisión de pago -Sogecable y Vía Digital- tuvo lugar el pasado 8 de mayo. Los encargados de cerrar entonces el acuerdo fueron el presidente del grupo Prisa, Jesús de Polanco, y el máximo responsable de Telefónica, César alierta.

En la nueva sociedad nacida como fruto de esta operación Groupe Canal+, Prisa y Telefónica tendrán la misma participación accionarial. Además, Telefónica será la encargada de proponer al presidente de la sociedad.

La Guardia Civil desarticula la mayor red de piratería de televisión por cable

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La red de piratería de televisión por cable desarticulada por la Guardia Civil en las provincias de Valencia, Alicante, Cádiz y Segovia, actuaba a través de la venta de dispositivos electrónicos piratas para descodificar la señal de la empresa ONO, a la que se estima que generó un fraude superior a los 60 millones de euros, según informaron en rueda de prensa el portavoz de la Unidad Central de Operaciones de la Benemérita, sargento Pastor, y el director regional de ONO en Levante y baleares, Miguel Gonzálvez.

Los seis detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años, están acusados de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y descubrimiento y revelación de secretos. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y descubrimiento y revelación de secretos.

Además de la intervención de los 500 dispositivos preparados para su distribución, la Guardia Civil incautó multitud de chips programados para vulnerar la seguridad de los decodificadores, una importante cantidad de dinero en metálico y numerosa documentación.

Estas personas eran, según el sargento Pastor, «expertos conocedores de sistemas informáticos» o bien aficionados, de los que la mayoría no tenía actividad laboral conocida. Los miembros de la red, que había comenzado a extender su actividad por Italia, Portugal y países del continente americano, han sido puestos a disposición judicial, aunque no se informó de la decisión adoptada por el juez.

Asimismo, los agentes han intervenido más de 500 dispositivos preparados para la distribución, multitud de chips programados para vulnerar la seguridad de los decodificadores, dinero en metálico y numerosa documentación. La operación, que se inició a mediados de año a raíz de la denuncia de la empresa, quedó cerrada el viernes, según Pastor, quien señaló que a partir de ahora analizarán las cuentas corrientes de los presuntos autores para comprobar los beneficios obtenidos.

En total, los investigadores consideran que la red podría haber introducido en España más de 30.000 de estos dispositivos, lo que supondría el 10 por ciento de la base de clientes de la compañía, según Gonzálvez, que el «cabecilla» compraba directamente o encargaba en el Reino Unido, y que posteriormente eran publicitados en foros de Internet, la calle, páginas web o facilitados a usuarios de ONO a través del envío de correos electrónicos «masivos», tras conseguir sus direcciones a través de programas informáticos.

Estos dispositivos, bajo el nombre de «Cubes», se enviaban a domicilio, se pagaban contrarreembolso y se instalaban en las antenas. De esta forma, permitían acceder gratuitamente a los canales de pago de este operador de televisión a los usuarios que tenían contratado únicamente el paquete básico. Cada uno de los aparatos tenía un precio de 75 euros. El importe de la estafa se ha podido calcular a través del número de cubos que podía existir y el valor de la programación que los usuarios no pagaba por ver y sí que visionaba.

Gonzálvez explicó que aunque la fuente del fraude es el uso del cubo fabricado en el Reino Unido, «se ha descubierto que hay también decodificadores de ONO que nuestros clientes no retornan cuando dejan de serlo y que entran en el mercado negro con lo que se favorece un uso ilícito de los aparatos y del cubo». El representante de la compañía aseguró que ellos no han facilitado a ninguna base de datos ni pública ni privada información de sus clientes para que pudiera haber sido utilizada por la red desarticulada ya que existe una reglamentación «estricta» al respecto.

Actividad ilícita de usuarios

Ante esta situación, la compañía ha enviado cartas a sus clientes instando a la entrega de decodificadores, aunque insistió en que hay un circuito «ilegal» que «favorece la práctica ilícita». En este sentido, el sargento Pastor indicó que los clientes que han adquirido estos aparatos «conocen la ley» y saben que este acto «es un delito contra la propiedad intelectual o una estafa».

Por este motivo, indicó que se informará a la autoridad judicial de los domicilios donde se habían instalado estos dispositivos y a ella le corresponderá adoptar la decisión correspondiente. «Es evidente que quien tiene un dispositivo de éstos está cometiendo un acto ilícito, bien administrativo o bien penal», dijo. Así, señaló que el siguiente paso de la investigación será detectar «hasta el último eslabón» dónde están instalados.

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