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Sólo el diario La Razón queda conforme con las condiciones del Gobierno a la Nueva Sogecable

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Casi todos los periódicos critican en sus editoriales la rendición de Aznar frente a Polanco, al concederle el monopolio de la televisión de pago. Hay dos excepciones. El País, que le sigue el juego al Gobierno y disimula, y La Razón. En su estilo habitual, Anson combina una portada desconcertante con un editorial repleto de loas al Ejecutivo.

Aunque ni desde Sogecable ni desde Telefónica se ha valorado todavía la decisión del Gobierno de poner al servicio de Polanco el monopolio perfecto de la televisión digital, (ya han anunciado que lo harán esta próxima semana), El País, a través de su editorial, ya deja ver cuál será la respuesta del dueño de la Nueva Sogecable.

El País: «Más intervencionismo»

No se lee ni una sola línea en la opinión de El País para reconocer que el Tribunal de Defensa de la Competencia, primero, y el Gobierno, después, han hecho los deberes y le han puesto en bandeja a su jefe un monopolio perfecto. Al contrario, son todo reproches al «catálogo de 34 condiciones para autorizar la operación de concentración entre Vía Digital y Sogecable». Un texto, dicen desde Miguel Yuste, que «impone una panoplia de condiciones exorbitante por su cuantía y detalle y rezuma intervencionismo en todo su articulado». Lo cierto es que en la crítica al Gobierno por su intervencionismo no le falta razón a Prisa, aunque conviene recordar los beneficios que están obteniendo gracias a ello.

Precisamente, sobre el intervencionismo gira todo el editorial: el Gobierno «tiende a convertir a la televisión de pago en un sector tan regulado o más que los sometidos a tarifa», «impone a empresas privadas condiciones propias de compañías públicas» y «pone entre interrogantes el liberalismo que predica el Ejecutivo». Y critica que si ya el ministro Piqué calificó de «muy duras» las condiciones fijadas por el TDC, ahora el Gobierno las haya multiplicado y haya agregado «todas las limitaciones imaginadas y por imaginar: las de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, las alegaciones de la competencia (sector del cable), los apuntes de las asociaciones de consumidores y un largo etcétera». Y llega a la conclusión de que «se ha engendrado un modelo caracterizado por un régimen de tarifas reguladas, con una desmedida discrecionalidad en las competencias de vigilancia atribuidas a la Administración y la consiguiente reducción al mínimo del margen de maniobra de empresas privadas en un sector que se suponía liberalizado».

El Mundo: Catástrofe para la competencia en la sociedad de la información

El diario de Pedro J. Ramírez también dedica su editorial a reprochar al Gobierno y desde la primera línea trata de desenmascarar lo que ya anunciaba Libertad Digital nada más conocerse la noticia, que el Ejecutivo camuflaba el monopolio perfecto con pequeños matices al informe del TDC. El Mundo opina que el Gobierno ha pretendido dar la impresión de que había endurecido las condiciones de la fusión digital, «pero para ello se contentó con desdoblar las diez impuestas por el TDC y convertirlas en 34». Y señala que «sigue tratándose de una rendición a la alianza de la primera empresa de comunicación de España, Prisa, con la primera empresa de telecomunicaciones, Telefónica».

No olvida citar que fue el presidente del TDC el que inclinó la balanza a favor del monopolio perfecto y recuerda que en Italia, que vive un caso similar, Murdoch ha aceptado condiciones mucho más duras que evidencian el regalo del Gobierno de Aznar a Polanco. Explica que las restricciones en las emisiones de cine y fútbol ocultan una trampa, porque no son tales, y que se permitirá la aplicación de «peajes prohibitivos» a terceros que quieran disponer del 20 por ciento de canales en la Nueva Sogecable. Y concluye con una pregunta: ¿Por qué ha hecho esto un Gobierno del PP?

ABC: Condiciones insuficientes para la fusión digital

El Grupo Correo, a través de Telecinco, ya adelantó este viernes que «la operación resulta esencialmente inaceptable». Este sábado, y desde el mismo grupo, ABC cuestiona que las 34 condiciones del Gobierno amplíen el margen de restricciones del TDC. A su juicio, el Ejecutivo pasa por alto la necesaria regulación de los derechos sobre los contenidos y «se cura el salud impidiendo que Sogecable pueda subir los precios en el primer año operativo».

Recuerda que «los derechos audiovisuales (del cine y el fútbol) se mantienen impolutos y la nueva Sogecable no tendrá que reformar ninguno de los contratos con las empresas productoras de estos contenidos». Por todo esto considera que las condiciones impuestas son «más efectistas que efectivas», que «podrían calificarse como de un brindis al sol» y que «se antojan insuficientes».

La Razón: Fusión digital condicionada

En contra de lo que podría esperarse por su portada (Polanco gana y el Gobierno pierde), el periódico de Ansón no tiene críticas a la decisión del Ejecutivo. Sólo recomendaciones desde sus páginas de opinión. Considera que de estas condiciones (y si finalmente se lleva a cabo la fusión) surgirá un «gigante enormemente condicionado por una larga serie de restricciones gubernativas que tratan de garantizar la libre competencia y, por supuesto, la defensa de la apertura de los derechos de emisión sobre los partidos de fútbol y el mejor cine».

Reconoce que «se empobrece la oferta, pero también hay que reconocer la verdad, que indica que no hay espacio para la competencia en esta tarta digital». En su editorial sostiene que «la situación ha sido manejada de forma envidiosa por el hombre fuerte de Sogecable, Jesús de Polanco», que el Gobierno ha perdido la batalla digital» y que sale enormemente beneficiada la Telefónica de Alierta, «que suelta el lastre (Antena 3 TV) de unas pérdidas que se medían ya por centenares de euros».

Y termina insistiendo que «será preciso exigir una estricta y continuada labor de vigilancia de los mecanismos de supervisión establecidos por el Consejo de Ministros y demostrar que existe voluntad de controlar, en beneficio del común de los ciudadanos, al gigante televisivo que ocupa un espacio radioeléctrico de propiedad pública, pues merece la pena recordar que una emisora de televisión no deja de ser un asunto de interés general».

Expansión, único económico que editorializa

«Cal y arena en la fusión digital» es el título del editorial del único diario económico que incluye una opinión sobre la fusión digital. Expansión también es el único periódico que destaca la «relevancia trascendental» que tendrá «el inminente nombramiento del nuevo presidente y de los consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que tendrá un papel relevante en el control de la fusión».

Por lo demás, y aunque sostiene que las condiciones del Gobierno «suponen un endurecimiento de los requisitos propuestos» por el TDC, considera que «el acuerdo deja abiertas importantes incertidumbres que sólo el tiempo y la intervención que el Gobierno y los organismos de control se reservan podrán despejar». «Podría interpretarse —editorializa el periódico— que el Gobierno ha querido buscar el equilibrio para asegurarse que todas las partes implicadas en esta operación se sientan lo suficientemente incómodas con la misma como para que salga adelante la fusión. Pero al mismo tiempo ha querido reservarse, por la vía del intervencionismo directo, los mecanismos para corregir cualquier efecto colateral no deseado que pudiera darse en el futuro».

Piqué califica la decisión del Gobierno de ecuánime y el PSOE sigue la pauta de El País

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El ministro de Ciencia y Tecnología considera que la decisión del Gobierno para autorizar la fusión digital es «ecuánime», siempre que cumplan 24 condiciones generales y 10 acerca del fútbol. Para el PSOE las condiciones «suenan bastante a intervencionistas».

El ministro Piqué cree que «era imposible que pudiésemos contentar a todos» porque la labor del «debía garantizar el carácter abierto de la nueva plataforma y para eso ha hecho lo que tenía que hacer». Tras su participación en las jornadas del Círculo de Economía que se celebran en Sitges, el ministro ha asegurado que «hoy me he dado cuenta de que unos dicen que hemos sido muy duros y otros que nos hemos quedado corto, por lo que no puedo dejar de pensar que nuestro criterio ha sido el acertado». Según Piqué, «ahora corresponde a las empresas determinar si quieren seguir adelante con la fusión en la condiciones que ha marcado el Gobierno».

Caldera, con El País leído

Para el portavoz parlamentario del PSOE, si las condiciones puestas por el Gobierno garantizasen la pluralidad y los derechos de los consumidores «merecerían nuestro apoyo». Sin embargo, considera que «suenan bastante a intervensionistas». Tras participar en el Congreso del Grupo Unidad Progresista de la ONCE, Jesús Caldera señaló que «era necesaria la fusión de dos plataformas que no tenían viabilidad económica ni profesional por sí mismas» aunque denunció que «el Gobierno no sabe resolver el problema que él mismo ha creado».

El interés primordial del PSOE, reiteró Caldera, es la protección del pluralismo y de los derechos de los consumidores y usuarios; «la decisión del Gobierno es muy compleja y vamos a estudiarla muy a fondo porque suena a una decisión intervencionista, que es lo que suele hacer el Ejecutivo». Poco después, el secretario general del PSOE criticaba las condiciones fijadas con un «lo que mal empieza mal acaba» y un reproche al Gobierno por «el montaje» de una plataforma digital que «ha sido deficitaria».

El coordinador general de Izquierda Unida aseguró que las condiciones establecidas por el Consejo de Ministros prueban que el Gobierno «es sensible con la competitividad económica y muy poco con el pluralismo informativo y el consumidor».

Fusión, una realidad, dos opiniones: ABC vs. El País

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Fusión, una realidad, dos opiniones: ABC vs. El País

ABC: Condiciones insuficientes para la fusión digital

El Consejo de Ministros aprobó ayer las condiciones de competencia a partir de las cuales Sogecable podrá hacer efectivo su acuerdo de fusión por absorción con Vía Digital. La nueva plataforma única de televisión por satélite adquiere plena carta de naturaleza con el respaldo vigilado del Gobierno, lo que promoverá también una reestructuración del mapa audiovisual en España, con la más que probable venta de Antena 3 por parte de Telefónica.

El acuerdo alcanzado por el Gabinete ministerial refrenda, en gran parte, las condiciones establecidas a mediados de mes por el Tribunal de Defensa de la Competencia. El Ejecutivo no ha apurado siquiera el plazo de un mes para ratificar el plan trazado desde el TDC, ampliando en cierta medida el margen de las restricciones -si es que así se pueden considerar- que recomendó el Tribunal, pero sin corregir en ningún caso la regulación de los derechos sobre los contenidos que han sido el caballo de batalla en la lucha de intereses suscitada por la fusión digital, una premisa sugerida en todos los editoriales sobre el asunto publicados desde estas páginas.

El Gobierno se cura en salud impidiendo que Sogecable pueda subir los precios en el primer año operativo y definiendo también un marco genérico de actuación que, en teoría, tiende a configurar la empresa resultante de la fusión como un «carrier» de manera que otros operadores podrán emitir sus canales a través de la nueva plataforma única.

El resto de las condiciones fijadas ayer, articuladas en un total de 34 apartados, no son más que un guiño al dictamen del TDC. Los derechos audiovisuales, tanto en lo que concierne al fútbol televisado como al cine de estreno, se mantienen impolutos y la nueva Sogecable no tendrá que reformar ninguno de los contratos que mantiene con las empresas productoras de estos contenidos. La salvedad es el acuerdo con Metro Goldwyn Mayer (MGM), uno de los llamados «grandes estudios» de Hollywood, pero curiosamente el único que tenía firmada la venta de sus películas con Vía Digital. Obviamente, la desaparición jurídica de la cadena de Telefónica después de que sea absorbida por Sogecable otorga a la productora norteamericana de forma automática el derecho a rescindir el contrato.

El acuerdo del Gobierno tampoco elimina el privilegio de las ventanas de emisión de películas que la futura Sogecable tendrá en exclusiva una vez materializada la fusión. La nueva empresa dispondrá de un año de plazo para emitir por televisión de pago las cintas más atractivas para la audiencia. Este periodo de tiempo es el habitual en el desarrollo comercial de los derechos audiovisuales que firman las «majors» y en ningún caso debe confundirse con los plazos de los contratos que ya tiene suscritos Sogecable, que se mantendrán invariables tanto en el caso del fútbol como del cine.

La nueva Sogecable podrá incluso vender estos derechos a Telefónica con la simple limitación de no provocar discriminaciones en el mercado televisivo. En cualquier caso, el operador dominante de las telecomunicaciones en España estará en condiciones de adquirir una materia prima estratégica para la proyección de sus negocios de banda ancha, lo que confiere a Telefónica un peso específico extraordinario en su ventaja competitiva frente a los operadores del cable.

En definitiva, las condiciones impuestas por el Gobierno son más efectistas que efectivas y, si se apura, podrían calificarse como de un «brindis al sol». En todo caso, desde una perspectiva de liberalización de mercado basada en la defensa de la competencia, las medidas de la fusión digital se antojan insuficientes.

El País: Más intervencionismo

El Gobierno hizo público ayer un catálogo de 34 condiciones para autorizar la operación de concentración entre Vía Digital y Sogecable (esta última, participada por el Grupo PRISA, editor de este periódico). Sin prejuzgar la decisión que adopten las compañías afectadas en defensa de sus legítimos intereses, hay que destacar que el texto gubernamental impone una panoplia de condiciones exorbitantes por su cuantía y detalle y rezuma intervencionismo en todo su articulado. Un intervencionismo que tiende a convertir a la televisión de pago en un sector tan regulado o más que los sometidos a tarifa, como la electricidad o el gas; que impone a empresas privadas condiciones propias de compañías públicas o de titulares de una concesión del Estado, y que, en suma, pone entre interrogantes el liberalismo que predica el Ejecutivo.

Cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictó sus diez condiciones para la fusión, el ministro del ramo tecnológico, Josep Piqué, no dudó en reputarlas de «muy duras». Y mientras distintas fuentes gubernamentales aseguraban que, de acuerdo con la tradición, el Gobierno no haría otra cosa que convertirlas en doctrina, lo que a la hora de la verdad ha hecho es multiplicarlas. Como los panes y los peces, las diez condiciones se han convertido en 34.

Al ya duro catálogo del TDC, que se supone elaborado para garantizar la apertura del mercado a otros operadores y evitar perjuicios indebidos a los consumidores, se le agregaron todas las limitaciones imaginadas y por imaginar: las de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), las alegaciones de la competencia (el sector del cable), los apuntes de las asociaciones de consumidores, etc.

Tal afán sumatorio es difícilmente compatible con la necesidad de encauzar la televisión digital por parámetros de solvencia empresarial y fortaleza competitiva en un marco europeo. Lo cierto es que se ha engendrado un modelo caracterizado por un régimen de tarifas reguladas, una desmedida discrecionalidad en las competencias de vigilancia atribuidas a la Administración, y por la consiguiente reducción al mínimo del margen de maniobra de empresas al fin y al cabo privadas en un sector que se suponía liberalizado.

Para ilustrar las anteriores conclusiones basten tres ejemplos, a simple título indicativo. Uno es el sistema de fijación de precios del servicio, que deberá ser «determinado anualmente» por el Servicio de Defensa de la Competencia, una mera dependencia del Ministerio de Economía, previo informe de la CMT. Otro es el extremo casuismo con el que se pretende regular la oferta de la plataforma resultante, de manera que se prohíbe la venta de paquetes a terceros operadores cuando la compra a las grandes distribuidoras se realiza a través de paquetes formados por productos de desigual calidad. Y el tercero es la prohibición taxativa a los accionistas de referencia de Sogecable de establecer acuerdos estratégicos con cualquier compañía del Grupo Telefónica en el ámbito de medios de comunicación distintos a la televisión de pago y a la operación de concentración que se contempla.

El Gobierno ha exorbitado las condiciones específicas que deberían asegurar la apertura del mercado a terceros competidores y garantizar la defensa del consumidor. Al concebir la plataforma resultante como una mera autopista tutelada por sus servicios, como si se tratase de una compañía pública o de una concesionaria, le ha impuesto exigencias que olvidan la esencia de la operación: una fusión entre empresas privadas.

El Gobierno pone 34 condiciones a la fusión y las empresas posponen su opinión

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El Gobierno autorizó hoy la fusión de las plataformas Vía Digital y Canal Satélite Digital siempre que cumplan 24 condiciones generales y 10 acerca del fútbol, una decisión sobre la que las empresas propietarias, Telefónica y Sogecable, no opinarán hasta conocer en profundidad su alcance. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, informó hoy tras la reunión del Consejo de Ministros de la imposición de las condiciones para la absorción de Vía Digital (Telefónica) por parte de Canal Satélite Digital (Sogecable), que, dijo, serán comunicadas por el Ejecutivo a las empresas.

Si las condiciones no se cumplen, afirmó, «el Gobierno no autorizará la operación de la absorción de Vía Digital por Sogecable».

Las condiciones, precisó Rato, responden a las que había planteado el Tribunal de Defensa de la Competencia, otras que se derivan del informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y alegaciones de sectores como el de los operadores de cable y los consumidores. El Gobierno, «dentro del respeto a la libertad de empresa, acepta un acuerdo de estas condiciones, que tiene consecuencias sobre el mercado de la televisión de pago, con unas limitaciones que garantizan el interés general de los consumidores y de la economía española».

Las condiciones, según la referencia del Consejo de Ministros, «defienden expresamente los derechos de los consumidores al garantizar la pluralidad informativa y de contenidos», indican que «no habrá costes para los consumidores», y que los precios del servicio no podrán subir en 2003, así como que en los siguientes tres años no aumentarán por encima de la inflación. También se garantiza el acceso a la plataforma resultante a nuevos operadores, no vinculados ni a Sogecable ni a Telefónica, al obligar a que, al menos, el 20% de sus canales estén abiertos a ellos. Además, añade la nota del Consejo de Ministros, se garantizan los derechos de terceros en el acceso al fútbol y al cine, y la competencia en mercados emergentes.

Del total de las 34 condiciones, 24 lo son con carácter general y otras diez en relación con el fútbol, que «se establecen sin perjuicio del expediente iniciado por la Comisión Europea en 1999 sobre esta cuestión». En el plazo de dos meses, desde la notificación del acuerdo adoptado hoy a Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan detallado de actuaciones y plazos para la instrumentación de las condiciones en él contenidas.

Un portavoz de Telefónica Contenidos dijo a Efe que antes de hacer ninguna valoración al respecto, deben «meditar» y «analizar» sobre las condiciones impuestas, el mismo sentido en el que se expresó un portavoz de Sogecable, que indicó que deben «estudiar en profundidad» las condiciones para poder valorar la decisión.

Tampoco han querido pronunciarse hasta que no estudien con detenimiento las condiciones ni el grupo de telecomunicaciones AUNA, ni la Agrupación de Operadores de Cable, contrarios, en principio, a la fusión.

La operadora de cable ONO estudiará «todos los recursos posibles» a la decisión porque considera que las condiciones «consolidan el control de la televisión de pago por parte de Sogecable» y se pone «en peligro» la viabilidad de las empresas de cable al «no haber limitado, cuanto menos, las exclusivas a la emisión por satélite».

La portavoz del PP de Ciencia y Tecnología, Ana Mato, aseguró que la decisión del Gobierno es «un apuesta por el pluralismo y la calidad» que garantiza a los ciudadanos «los beneficios de la competencia, que haya pluralismo informativo y que no suban los precios».

Sobre la enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado que prohíbe a una misma sociedad participar a la vez en televisiones estatales y locales o autonómicas, Mato precisó que este asunto y el de la fusión de las plataformas «son complementarios, pero diferentes» aunque los dos «van encaminados en la línea de garantizar el pluralismo informativo».

IU exigió al Gobierno que garantice la pluralidad informativa y los derechos de los consumidores en la fusión, que considera «lógica» dado que, a su juicio, «hay insuficiencia de mercado», y reclamó que el ahorro de costes no se haga a costa de la pérdida de puestos de trabajo o del encarecimiento de la factura que pagan los ciudadanos.

El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Jordi Jané, expresó el «respeto» de su grupo por la decisión del Gobierno sobre la fusión y valoró que se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, aunque precisó que su grupo debe aún «analizar con detenimiento» su contenido.

El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, dijo que las condiciones son «razonables» y no sólo salvaguardan los intereses de los consumidores sino que también defienden el de los competidores ya que, indicó, podría implicar una bajada de los precios.

Méteo celebra su quinto aniversario con imagen y contenidos nuevos

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El único canal temático de televisión dedicado a la información meteorológica. Nueva imagen

Una nueva gama de azules, platas y blancos entran a formar parte de la imagen gráfica de la cadena. Méteo estrena nuevas cabeceras, molinillos, mapas y decorados virtuales, que aportan mayor luminosidad y dinamismo a los contenidos, y completan la armonía entre la imagen del Canal y su servicio interactivo.

Autorizada la fusión de CSD y VD al cumplimiento de 34 condiciones de competencia

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El Consejo de Ministros autorizó hoy la fusión de las plataformas digitales Canal Satélite Digital (Sogecable) y Vía Digital (Telefónica) siempre que se cumplan 34 condiciones, informó en conferencia de prensa el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato,.

Rato, en conferencia de prensa junto al vicepresidente primero, Mariano Rajoy, tras el Consejo, señaló que estas condiciones serán comunicadas por el Gobierno a las empresas y sin ellas «el Gobierno no autorizará la operación de la absorción de Vía Digital por Sogecable».

Todas estas condiciones, añadió Rato, responden a las que había planteado el Tribunal de Defensa de la Competencia, a las que se añaden otras nuevas condiciones que se derivaban del informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de las alegaciones de otros sectores, como el del cable y las consideraciones de las asociaciones de consumidores.

Rodrigo Rato agregó que el Gobierno, «dentro del respeto a la libertad de empresa, acepta un acuerdo de estas condiciones, que tiene consecuencias sobre el mercado de la televisión de pago, con unas limitaciones que garantizan el interés general de los consumidores y de la economía española».

Las condiciones defienden expresamente los derechos de los consumidores al garantizar la pluralidad informativa y de contenidos, además de indicar que no habrá costes para los consumidores y que los precios del servicio no podrán subir en 2003, así como que en los siguientes tres años aumentarán por debajo de la inflación.

También se garantizan los derechos de terceros en el acceso al fútbol y al cine, y la competencia en mercados emergentes.

Del total de las 34 condiciones, 24 lo son con carácter general y otras diez en relación con el fútbol, estas últimas «se establecen sin perjuicio del expediente iniciado por la Comisión Europea en 1999 sobre esta cuestión».

Resumen de las condiciones generales 

Primera: Sogecable deberá abrir un número de canales equivalente al menos al (20 por 100) de los actualmente emitidos a través de su plataforma de televisión a terceros operadores diferentes de aquellos que ya viniesen operando a través de Canal Satélite Digital con anterioridad a la operación de concentración. Se entenderá por terceros operadores aquellos programadores de contenidos audiovisuales de calidad adecuada no controlados por Sogecable o sus socios de referencia, bien directamente o bien a través de empresas en participación. 

Segunda: Adicionalmente a ese 20 por 100, Sogecable deberá poner a disposición de terceros su plataforma y demás servicios para la emisión de canales temáticos informativos por parte de operadores independientes de Sogecable y de sus socios de referencia. 

Tercera: El acceso de terceros para la emisión de canales a través de su plataforma de televisión deberá realizarse en condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias. En particular, el precio cobrado por los servicios prestados deberá estar basado en los costes derivados de los mismos. Asimismo, la sociedad resultante deberá mantener contabilidades separadas del negocio referido a la gestión de los canales y del de los contenidos 

Cuarta: Sogecable deberá renunciar a cualquier derecho de tanteo o retracto u opción de compra con respecto a los derechos de retransmisión televisiva de largometrajes cinematográficos y canales temáticos producidos por los «grandes estudios». La duración de cualquier nuevo contrato entre Sogecable y los «grandes estudios» relativo a derechos de emisión televisiva de largometrajes cinematográficos y canales temáticos por ellos producidos no podrá exceder de tres años. 

Quinta: Sogecable no podrá adquirir derechos en régimen de exclusiva de largometrajes cinematográficos producidos por los «grandes estudios» para su explotación en régimen de pago por visión mediante plataformas tecnológicas distintas de las que explota actualmente. 

Sexta: Sogecable no podrá adquirir derechos en régimen de exclusiva de largometrajes cinematográficos producidos por los «grandes estudios» para su explotación por medio de telecomunicaciones móviles y sistemas de transmisión de datos. 

Séptima: Sogecable deberá limitar a un máximo de un año el período de emisión en exclusiva que medie entre la primera emisión en primera ventana y la primera emisión en segunda ventana de televisión de pago de los largometrajes cinematográficos producidos por los «grandes estudios» cuyos derechos de emisión adquiera. 

Octava: Sogecable deberá reconocer un derecho de rescisión unilateral a favor de Metro Goldwin Mayer con la reducción proporcional de la contraprestación prevista por el periodo restante y sin aplicación de sanción alguna. 

Novena: Como ya ocurre en la actualidad con Vïa Digital y el Canal Gran Vía, Sogecable deberá garantizar la comercialización a terceros de, al menos, un canal que incluya largometrajes cinematográficos, con características equivalentes a los actuales canales Premium, producidos por los «grandes estudios» en primera ventana de televisión de pago. Dicha comercialización se hará en condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias. 

Décima: Sogecable deberá garantizar la comercialización a terceros de los canales temáticos producidos por empresas de su grupo, directamente o mediante acuerdos con terceros, incluyendo los que supongan la explotación de los derechos en segunda ventana de televisión de pago de largometrajes cinematográficos producidos por los «grandes estudios». Dicha comercialización se hará en condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias. 

Undécima: Sogecable deberá garantizar la prestación del resto de servicios relacionados con esta comercialización al resto de operadores de televisión de pago que lo deseen en condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias y de forma individual, estando prohibida su agrupación en paquetes. 

Duodécima: Sogecable no podrá actuar como agente o distribuidor exclusivo para España de los canales temáticos producidos o distribuidos por los «grandes estudios», ni por productores o distribuidores internacionales independientes. 

Decimotercera: Sogecable no podrá comercializar conjuntamente la oferta de la plataforma de televisión resultante de la operación notificada con la de acceso a Internet de banda ancha de Telefónica o, en su caso, la del proyecto Imagenio. 

Decimocuarta: Sogecable no podrá discriminar la venta de sus contenidos audiovisuales a favor del proyecto Imagenio o cualquier otro proyecto o empresa del grupo Telefónica frente a proveedores de servicios de telefonía o de acceso a Internet que operen en tecnologías diferentes y, en particular, frente a los operadores de cable. 

Decimoquinta: Sogecable no podrá discriminar la venta de sus contenidos audiovisuales a favor del proyecto Imagenio o cualquier otro proyecto o empresa del grupo Telefónica en ADSL frente a otros operadores de dicha tecnología. 

Decimosexta: Sogecable deberá garantizar que el retorno de los servicios interactivos que desarrolle su plataforma de televisión se puede realizar por las redes de los operadores concurrentes en el mercado, no pudiendo incentivarse o imponerse de modo obligatorio el retorno por la red de telecomunicaciones de Telefónica. 

Decimoséptima: Sogecable no podrá repercutir sobre los abonados de Canal Satélite Digital o Vía Digital ningún coste relativo a la integración de estas dos plataformas y deberá mantener una única política de precios uniforme para todo el territorio nacional, sin discriminar entre zonas con o sin presencia de operadores de cable. 

Decimoctava: Durante el plazo de cuatro años desde el presente Acuerdo, Sogecable no podrá incrementar los precios cobrados a los abonados por la prestación de sus servicios por encima de un límite fijado como IPC – X, siendo IPC el límite superior del objetivo de inflación del Banco Central Europeo para el año correspondiente y X un porcentaje que será determinado anualmente por el Servicio de Defensa de la Competencia previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En todo caso, Sogecable no podrá incrementar los precios cobrados a los abonados por la prestación de sus servicios durante el año 2003. 

Decimonovena: Tanto Sogecable como cualquiera de las empresas que ostentan su control o las controladas por ella no podrán suscribir acuerdos o alianzas de carácter estratégico con cualquier empresa del grupo Telefónica y viceversa en el ámbito de los medios de comunicación que excedan o no se correspondan con los incluidos en la operación notificada. 

Vigésima: En el plazo de dos meses desde la notificación del presente Acuerdo a Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan detallado de actuaciones y plazos para la instrumentación de las condiciones en él contenidas. El Servicio, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá introducir las modificaciones que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento y vigilancia de las citadas condiciones. 

Vigesimoprimera: El plan de actuaciones deberá incorporar un mecanismo de arbitraje privado para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en la aplicación de las condiciones primera, segunda, tercera, novena, décima, undécima, decimocuarta y decimoquinta, que Sogecable deberá ofrecer a cualquier tercero con el que contrate. En el supuesto de que no se llegase a un acuerdo sobre el árbitro propuesta, Sogecable deberá proponer a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como árbitro independiente. 

Vigesimosegunda: A los efectos de la vigilancia del presente Acuerdo, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones emitirá un informe con carácter anual sobre el cumplimiento de las condiciones en él establecidas. Igualmente, podrá emitir informes sobre cualquier conflicto o incidencia relativos al mismo, con el fin de recabar la adopción de las medidas previstas en la normativa vigente en este ámbito. 

Vigesimotercera: En virtud del artículo 18.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se encomienda al Servicio de Defensa de la Competencia la ejecución y el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo de Ministros, sobre la base de los informes que, con carácter anual y puntual, evacue la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones en relación con la supervisión de las condiciones anteriores. 

Vigesimocuarta: La duración de aquellas condiciones establecidas en el presente Acuerdo para las que no se fije un plazo concreto, bien en el propio Acuerdo o bien en el Plan de Actuaciones, será de cinco años. No obstante, las condiciones decimotercera a decimosexta serán de obligado cumplimiento en tanto el grupo Telefónica ostente una participación en el capital de Sogecable igual o superior al 3 por 100, con un plazo máximo de cinco años. 

El cómputo de dichos plazos se iniciará a partir de la fecha de notificación a Sogecable del presente Acuerdo, a excepción de la condición cuarta, en que el cómputo del plazo de cinco años se iniciará al vencimiento de los contratos en ella contemplados. 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo por parte de Sogecable o de cualquiera de sus socios mayoritarios dará lugar a las sanciones que procedan según el artículo 18 de la Ley, de Defensa de la Competencia de 1989, sin perjuicio de las que procedan en virtud de la normativa sectorial aplicable. 

El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2002 por el que, conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio de 1989, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a la observancia de determinadas condiciones relativas al mercado de los derechos de retransmisión de acontecimientos futbolísticos la operación de concentración económica consistente en la integración de DTS Distribuidora de Televisión por Satélite, S.A. (Vía Digital) en Sogecable, S.A.(Sogecable) y de la competencia de la Comisión Europea para resolver en relación con el expediente COMP/37.652 AVSII, relativo a la aplicación del artículo 81.3 del Tratado de la Comunidad Europea al Acuerdo cuya autorización singular fue solicitada con fecha 30 de septiembre de 1999. 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del artículo 17.1b) de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, modificado por el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 4 de junio, la sociedad notificante y sus accionistas deberán cumplir lo dispuesto en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada y, en particular, en su artículo 19.1, en el plazo máximo de un año desde la notificación a Sogecable del presente acuerdo. 

Segundo Acuerdo del Consejo en relación al fútbol 

El Consejo también ha acordado subordinar la operación de concentración económica consistente en la integración de Vía Digital en Sogecable a la observancia de las siguientes condiciones: 

Primera: El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de la competencia de la Comisión Europea para resolver en relación con el expediente COMP/37.652 AVSII, relativo a la aplicación del artículo 81.3 del Tratado de la Comunidad Europea al Acuerdo cuya autorización singular fue solicitada con fecha 30 de septiembre de 1999 

Segunda: Sogecable no podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto y las opciones de compra o de prórroga que posee o controla, tanto directamente como indirectamente, a través de Audiovisual Sport o de cualquier otra forma, en la negociación para la adquisición de los derechos de los clubes de fútbol para la retransmisión de partidos de la Liga española o la Copa de S.M. el Rey. 

Tercera: La duración de los contratos por los que adquiera estos derechos no podrá exceder de tres años, incluyendo cualquier mecanismo de prórroga, opción o derecho de tanteo y retracto. 

Cuarta: Sogecable no podrá ejercer o adquirir en régimen de exclusiva derechos para la retransmisión de partidos de la Liga española o la Copa de S.M. el Rey mediante telecomunicaciones móviles y sistemas de transmisión de datos. 

Quinta: En el supuesto de que Sogecable controle o adquiera, de forma directa o indirecta, derechos en régimen de exclusiva para la retransmisión por televisión de la Liga española de fútbol, la Copa de S.M el Rey y los correspondientes resúmenes, deberá garantizar su cesión, comercialización o sublicencia en las modalidades de televisión en abierto y de pago por visión. En todo caso, se deberá garantizar el mantenimiento de unas modalidades de retransmisión equivalentes a las existentes con anterioridad a la operación de concentración. 

Sexta: En el plazo de dos meses desde la notificación del presente Acuerdo a Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan detallado de actuaciones y plazos para la instrumentación de las condiciones en él contenidas. El Servicio, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá introducir las modificaciones que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento y vigilancia de las citadas condiciones. 

Séptima: El plan de actuaciones deberá incorporar un mecanismo de arbitraje privado para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en la aplicación de la condición quinta, que Sogecable deberá ofrecer a cualquier tercero con el que contrate. En el supuesto de que no se llegase a un acuerdo sobre el árbitro propuesto, Sogecable deberá proponer a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como árbitro independiente. 

Octava: A los efectos de la vigilancia del presente Acuerdo, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones emitirá un informe con carácter anual sobre el cumplimiento de las condiciones en él establecidas y de forma especial sobre la condición cuarta. Igualmente, podrá emitir informes sobre cualquier conflicto o incidencia relativos al mismo, con el fin de recabar la adopción de las medidas previstas en la normativa vigente en este ámbito. 

Novena: En virtud del artículo 18.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se encomienda al Servicio de Defensa de la Competencia la ejecución y el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo de Ministros, sobre la base de los informes que, con carácter anual y puntual, evacue la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones en relación con la supervisión de las condiciones anteriores. 

Décima: La duración de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo será de cinco años desde la fecha de notificación a Sogecable del presente Acuerdo. 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo por parte de Sogecable o de cualquiera de sus socios de referencia dará lugar a las sanciones que procedan según el artículo 18 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, sin perjuicio de las que procedan en virtud de la normativa sectorial aplicable. 

El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa sectorial aplicable y, en particular, en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada; la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector; la Ley 25/1994, de 12 de julio, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; y la Ley 21/1997, de 3 de julio, Reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos.

Sectores del PP critican el «televisazo», que prohíbe la participación en cadenas locales y nacionales

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Josep Piqué anunció el pasado martes una decisión contestada por amplios sectores del Partido Popular.

Desconcierto entre las bases porque «en el Gobierno han conseguido que tengamos a todos los medios privados en contra a seis meses de las elecciones»

La modificación de la normativa audiovisual, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, es cuestionada por destacados responsables del PP que califican de «desacertada» y «muy preocupante» la decisión del Ejecutivo, de la que dicen haberse enterado por los medios de comunicación. Lo cierto es que el vuelco que el panorama de los medios de comunicación ha registrado en los últimos días, tras el cambio de rumbo del Gobierno, tuvo ayer en jaque a numerosos dirigentes, cuyas llamadas «para saber de qué va esto» se sucedieron a lo largo del día. Uno de los citados responsables, con amplia experiencia en las instituciones gobernadas por el PP, aludió a la descoordinación entre algunos niveles del Gabinete como detonante de una decisión que «está en abierta contradicción con la filosofía que ha defendido el Ejecutivo desde 1996 e incluso desde la oposición, basada en la no intervención».

Las mismas fuentes calificaron de «errática» una decisión en abierta contradicción con la defensa del pluralismo y de la competencia que marca el mapa audiovisual en el resto de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Otro de los argumentos esgrimido por los citados interlocutores incide en la incoherencia que supone que el Gobierno adjudicara hace dos años una cadena digital terrestre de ámbito nacional a aquellas empresas de comunicación que un año antes, como parte de la misma estrategia del Gobierno, habían recibido una concesión de ámbito autonómico, como es el caso del Grupo Correo Prensa Española, beneficiaria de la adjudicación de Net TV doce meses después de que hubiera recibido la adjudicación de Onda 6, una cadena cuyo ámbito de emisión se circunscribe a Madrid.

«Golpe a la credibilidad»

La ruptura de esa estrategia supone un golpe a la línea de flotación de la credibilidad del PP en política de medios, según aseguran en fuentes de ese partido, cuyo primer desafío de envergadura pasa por las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el 25 de mayo. La preocupación por el cambio de rumbo que hizo público el ministro Josep Piqué en la tarde del pasado martes podría dejarse sentir, a juicio de las mismas fuentes, en las expectativas electorales del partido de Aznar. Muy especialmente en la proyección de voto local en los comicios de 2003, elecciones consideradas como «auténticas» primarias de esta formación con vistas a los resultados que podría obtener en 2004, fecha de los comicios nacionales.

Además, en algunos sectores del PP más «de base» cunde el desconcierto ante la política de medios del Gobierno. «Hemos conseguido tener a todos los medios privados en contra», comentan con incredulidad tras la enmienda introducida en el Senado para obligar a elegir a las empresas de televisión entre cadenas nacionales y locales. Al margen de las cuestiones ideológicas -el dirigismo empresarial no casa precisamente con el programa electoral del partido- el comentario adquiere el carácter de crítica, pues diputados, senadores y dirigentes autonómicos y provinciales tienen que lidiar desde ahora hasta mayo con una precampaña en la que tendrán enfrente un panorama de medios de comunicación muy complicado, tanto por parte de los que ya contaban como adversarios como por parte de los más afines. En la dirección del partido se limitan a defender la medida con una apelación a la obligación del Gobierno a velar por «la pluralidad» e insinuar que «los daños colaterales» de la medida podrían ser paliados con medidas que se tomarían al final de la legislatura. «El proyecto liberal del partido también incluye la defensa de la pluralidad en los medios de comunicación», dicen en Génova.

El Gobierno impone 23 condiciones a la fusión de Vía Digital y Canal Satélite

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El Gobierno ha dado hoy luz verde a la fusión de las plataformas de televisión digital controladas por Sogecable y Telefónica, pero con «muy importantes limitaciones», según afirmó el ministro de Economía, Rodrigo Rato. «Paso rápidamente a comentarles las condiciones, que son 23 ….», dijo Rato, al término de la reunión del Consejo de Ministros en rueda de prensa, que agregó que «sin estas condiciones, el Gobierno no autorizará la operación de absorción.», agregó Rato. «El Gobierno, dentro del respeto a la libertad de empresa, acepta un acuerdo de estas condiciones (…) con unas -yo creo que muy importantes- limitaciones que garantizan el interés general de los consumidores y de la economía española en general», afirmó. El inistro de Economía explicó que todas estas condiciones responden a las que había planteado el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión de las Telecomunicaciones, así como a las alegaciones de otros sectores, principalmente del sector del cable.

El Gobierno tenía de plazo hasta el próximo 13 de diciembre para hacer público su dictámen sobre la proyectada integración de Vía Digital en Sogecable, que gestiona la plataforma rival Canal Satélite Digital, después de que el Tribunal de Defensa de la Competencia recomendase al ejecutivo imponer una serie de condiciones para autorizar la fusión. 

Rato dijo que, al tomar su decisión, el ejecutivo tuvo en consideración las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia que veía necesaria actuar en materia de películas de estreno, derechos de fútbol y acceso a Internet para proteger los intereses de los consumidores. 

Pero Rato agregó también que el Gobierno tuvo en cuenta el sector de la televisión de pago en Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, «donde en los últimos meses hubo procesos de concentración». 

Telefónica y Prisa, accionistas mayoritarios de Vía Digial y Sogecable firmaron el acuerdo de fusión de sus dos plataformas el pasado mes de mayo. Los dos grupos advirtieron que, en caso de no aprobarse la operación, la viabilidad de sus proyectos de televisión de pago estaría en peligro. 

Canal Satélite Digital ha acumulado en los cinco años desde su lanzamiento unas pérdidas de 414 millones de euros, de los cuales 40 millones de euros corresponden al ejercicio de 2001. En el caso de Vía Digital, las pérdidas suman 1.932 millones de euros desde 1997, con un saldo negativo de 514 millones de euros en el último ejercicio. 

En caso de que Telefónica y Prisa aceptasen las condiciones, nacería una nueva plataforma que controlaría el 90% del mercado de la televisión de pago en ingresos, con una facturación conjunta superior a los 1.300 millones de euros y 2,5 millones de abonados. 

Poco antes de la rueda de prensa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores había suspendido la cotización de Sogecable, mientras que las acciones de Prisa subían más de un 10%. 

OK Juegos renueva su portal y presenta 3 nuevos juegos

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> Los fanáticos de los videojuegos están de enhorabuena. Okplus estrena portal de juegos e incorpora tres novedades con las que podrás divertirte compitiendo en retos cargados de destreza, astucia y emoción para que toda la familia pueda participar y disfrutar de un buen rato, poniendo en práctica su estrategia y habilidad como el Comecocos, el Arkanoid y el Poker.

El nuevo portal de juegos presenta una imagen más dinámica que el anterior y más atractiva. Además, tienes la posibilidad de enviar la puntuación, entrando a formar parte del ranking y, si eres el mejor y el más rápido enviando tu récord, puedes conseguir fantásticos premios en Okplus.

En breve algunos de los juegos que se incorporarán a este nuevo portal pasarán a ser en sistema PPV, donde para jugar habrá que pagar una cantidad. Aún no conocemos fecha fija para este lanzamiento, pero está dentro de los planes de CSD para el futuro.

El nuevo portal, en principio, debería estar disponible a lo largo del mes de diciembre.

¿Quién pondrá orden en el gallinero audiovisual español?

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La TDT o Televisión Digital Terrestre.

Siete leyes, siete nada menos, son las que ¿ordenan? la actividad de las cadenas de televisión, cuyo número crece cada día sin control. El escenario bordea la esquizofrenia tras el lanzamiento en abril último del proceso de digitalización de las emisiones. El Gobierno pretende que todas las señales analógicas (unas 500 a día de hoy) se reconviertan en digitales antes del año 2012. La paradoja es que, de momento, ni siquiera existe tecnología para que los nuevos programas digitales puedan ser recibidos. Mientras, en el mundo de la televisión realmente existente, la analógica, las señales se amontonan y entrecruzan en un espacio radioeléctrico saturado de interferencias.

El ministerio de Ciencia y Tecnología, por fin, ha decidido adentrarse en esta jungla con el propósito de restablecer unas mínimas reglas de juego con una única nueva ley de lo audiovisual.

El equipo de expertos, manos a la obra

Un pequeño grupo de expertos, capitaneados por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco, trabaja a marchas forzadas bajo la atenta mirada de la diosa Cibeles en el palacio de Comunicaciones de Madrid. El propósito es presentar al Consejo de Ministros antes de la próxima Semana Santa un macro proyecto de ley que tiene como misión, nada sencilla, poner orden normativo en el cada día más complejo mundo del negocio audiovisual.

Desde los tiempos en que la televisión era sólo una y española, allá por la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, el panorama ha cambiado radicalmente. Entonces el Estatuto de RTVE se bastaba y sobraba para articular un panorama en el que la comunicación audiovisual se consideraba «un servicio público esencial».

El transcurrir de los decenios ha ido agregando estratos sucesivos de nuevas televisiones que se diferencian entre si, tanto por su diverso ámbito de difusión, por su estructura de propiedad, por su tecnología de distribución, como por su forma de financiación. 

El devenir legislativo también ha multiplicado los textos legales aplicables; así la norma de «terceros canales» dio cauce al nacimiento de la televisión pública autonómica, mientras que la ley de «la televisión privada» creaba un hueco para las tres televisiones generalistas que aún hoy tratan de desbancar en las preferencias de la audiencia a la incombustible y deficitaria TVE.

Más tarde, las normas sobre «televisión local», «televisión por satélite», o la llamada «televisión sin fronteras» apenas han sido capaces de dar una respuesta cabal al impulso imparable de estos nuevos modos de difundir programaciones audiovisuales, que se han impuesto sin esperar a la pertinente autorización gubernamental.

Un reglamento que se hace esperar

No existe hoy un censo creíble de canales de televisión en España pero es probable que superen las quinientas. Y una buena parte de ellas, las de ámbito local, funcionan de manera alegal, sin que desde 1995 el Gobierno haya sido capaz de dar a luz un prometido reglamento cuyo fin principal es asignar a las nuevas señales las correspondientes frecuencias en el de por sí limitado y saturado espacio radioeléctrico.

Este escenario complicado ha alcanzado la esquizofrenia el pasado 3 de abril, fecha desde la que el Gobierno obliga a los principales emisores de televisión generalista, RTVE, Antena 3, Telecinco y Canal Plus, a difundir cinco canales en el nuevo estándar de televisión digital terrestre (TDT), dando así el pistoletazo de salida al proceso de digitalización de todas las emisiones de televisión España.

El propósito es que las quinientas señales convencionales actuales, más las que se puedan crear hasta entonces, desaparezcan y se reconviertan en digitales antes del año 2012, fecha para la que se ha fijado el llamado apagón analógico. 

La revolución pendiente

El equipo que dirige Carlos López Blanco ha decidido entrar a machete en la jungla televisiva. Sus propuestas son revolucionarias:

Primero, quieren acabar con el actual laberinto normativo, dictando antes de la próxima Semana Santa un único texto legal que entienda y ordene todos los negocios que se resguardan bajo el paraguas de «lo audiovisual». Segundo, lejos de claudicar en las fechas de transición hacia la completa digitalización del sector, han decidido que el proceso debe acelerarse y plantean que el apagón analógico se adelante al año 2007. 

Por último, guardan bajo la manga una propuesta para el reparto democrático del generoso espectro radioeléctrico que en su día se asignó a la difunta plataforma digital Quiero Televisión, de forma que, en una moderna versión de los panes y los peces, se consiga que donde ayer se emitían con estrecheces unas treinta señales de televisión, en el futuro se difundan con holgura y sin pisotones, más de quinientas.