Siete leyes, siete nada menos, son las que ¿ordenan? la actividad de las cadenas de televisión, cuyo número crece cada día sin control. El escenario bordea la esquizofrenia tras el lanzamiento en abril último del proceso de digitalización de las emisiones. El Gobierno pretende que todas las señales analógicas (unas 500 a día de hoy) se reconviertan en digitales antes del año 2012. La paradoja es que, de momento, ni siquiera existe tecnología para que los nuevos programas digitales puedan ser recibidos. Mientras, en el mundo de la televisión realmente existente, la analógica, las señales se amontonan y entrecruzan en un espacio radioeléctrico saturado de interferencias.
El ministerio de Ciencia y Tecnología, por fin, ha decidido adentrarse en esta jungla con el propósito de restablecer unas mínimas reglas de juego con una única nueva ley de lo audiovisual.
El equipo de expertos, manos a la obra
Un pequeño grupo de expertos, capitaneados por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco, trabaja a marchas forzadas bajo la atenta mirada de la diosa Cibeles en el palacio de Comunicaciones de Madrid. El propósito es presentar al Consejo de Ministros antes de la próxima Semana Santa un macro proyecto de ley que tiene como misión, nada sencilla, poner orden normativo en el cada día más complejo mundo del negocio audiovisual.
Desde los tiempos en que la televisión era sólo una y española, allá por la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, el panorama ha cambiado radicalmente. Entonces el Estatuto de RTVE se bastaba y sobraba para articular un panorama en el que la comunicación audiovisual se consideraba «un servicio público esencial».
El transcurrir de los decenios ha ido agregando estratos sucesivos de nuevas televisiones que se diferencian entre si, tanto por su diverso ámbito de difusión, por su estructura de propiedad, por su tecnología de distribución, como por su forma de financiación.
El devenir legislativo también ha multiplicado los textos legales aplicables; así la norma de «terceros canales» dio cauce al nacimiento de la televisión pública autonómica, mientras que la ley de «la televisión privada» creaba un hueco para las tres televisiones generalistas que aún hoy tratan de desbancar en las preferencias de la audiencia a la incombustible y deficitaria TVE.
Más tarde, las normas sobre «televisión local», «televisión por satélite», o la llamada «televisión sin fronteras» apenas han sido capaces de dar una respuesta cabal al impulso imparable de estos nuevos modos de difundir programaciones audiovisuales, que se han impuesto sin esperar a la pertinente autorización gubernamental.
Un reglamento que se hace esperar
No existe hoy un censo creíble de canales de televisión en España pero es probable que superen las quinientas. Y una buena parte de ellas, las de ámbito local, funcionan de manera alegal, sin que desde 1995 el Gobierno haya sido capaz de dar a luz un prometido reglamento cuyo fin principal es asignar a las nuevas señales las correspondientes frecuencias en el de por sí limitado y saturado espacio radioeléctrico.
Este escenario complicado ha alcanzado la esquizofrenia el pasado 3 de abril, fecha desde la que el Gobierno obliga a los principales emisores de televisión generalista, RTVE, Antena 3, Telecinco y Canal Plus, a difundir cinco canales en el nuevo estándar de televisión digital terrestre (TDT), dando así el pistoletazo de salida al proceso de digitalización de todas las emisiones de televisión España.
El propósito es que las quinientas señales convencionales actuales, más las que se puedan crear hasta entonces, desaparezcan y se reconviertan en digitales antes del año 2012, fecha para la que se ha fijado el llamado apagón analógico.
La revolución pendiente
El equipo que dirige Carlos López Blanco ha decidido entrar a machete en la jungla televisiva. Sus propuestas son revolucionarias:
Primero, quieren acabar con el actual laberinto normativo, dictando antes de la próxima Semana Santa un único texto legal que entienda y ordene todos los negocios que se resguardan bajo el paraguas de «lo audiovisual». Segundo, lejos de claudicar en las fechas de transición hacia la completa digitalización del sector, han decidido que el proceso debe acelerarse y plantean que el apagón analógico se adelante al año 2007.
Por último, guardan bajo la manga una propuesta para el reparto democrático del generoso espectro radioeléctrico que en su día se asignó a la difunta plataforma digital Quiero Televisión, de forma que, en una moderna versión de los panes y los peces, se consiga que donde ayer se emitían con estrecheces unas treinta señales de televisión, en el futuro se difundan con holgura y sin pisotones, más de quinientas.