Telefónica y Sogecable trazan actualmente los escenarios de trabajo con los que avanzar la fusión digital. Aunque carecen de un plan de negocio conjunto, ambas tienen decidido ya que la concentración de plataformas no se llevará a cabo si las restricciones que pueda imponer el Gobierno siembran dudas sobre la rentabilidad del proyecto a medio plazo.

El proceso de concentración de Vía Digital y Canal Satélite en un operador único de televisión digital de pago sigue su curso. Después del informe hecho público la pasada semana por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -donde se advertía del peligro de restricción de competencia en al menos ocho sectores-, el Ejecutivo y las empresas responsables del proyecto continúan los trámites con el horizonte de diciembre como fecha límite para el desenlace de la operación.

Telefónica -propietaria de Vía Digital- y Sogecable -que controla Canal Satélite- no han elaborado un plan de negocio conjunto, a la espera de que las autoridades de Defensa de la Competencia dictaminen sobre el acuerdo de fusión, pero tienen decidido ya que en ningún caso consentirán que las restricciones que pueda imponer el Ejecutivo dejen sin garantías la rentabilidad del proyecto a medio plazo. La postura de ambas compañías se explica atendiendo a que la finalidad de la integración de las plataformas de TV digital no es otra que acabar con la sangría económica que supone competir en un mercado poco maduro donde la demanda no cubre las inversiones de los operadores.

Delimitar las condiciones

En realidad, la principal preocupación de Telefónica y Sogecable en estos momentos es delimitar las condiciones económicas que puede soportar el proyecto de fusión, dado que se produce en un mercado emergente y teniendo en cuenta que operaciones europeas de similar calado se han visto abocadas al fracaso por los duros condicionantes impuestos por las autoridades de Competencia.

El mencionado informe de la CMT, organismo que preside José María Vázquez Quintana, ha caído como un jarro de agua fría en el seno de las compañías que pretenden fusionarse, que entienden que las conclusiones del análisis del regulador están cimentadas en la oferta del sector de la televisión de pago y que apenas se tiene en cuenta la demanda, motivo por el cual se considera potencialmente peligrosa la concentración en mercados como las películas «premium», eventos deportivos, producción y distribución de canales temáticos, TV de pago, vídeo por encargo, servicios interactivos, suministro a redes de telecomunicaciones y servicios mayoristas de plataforma de televisión.

El planteamiento de la CMT induce a la necesidad eventual de abrir el mercado de contenidos audiovisuales, lo que se traduciría en la obligación de oferta de los productos de mayor atractivo social. Lógicamente, estos contenidos son el fútbol televisado y los estrenos de las grandes producciones cinematográficas. La alternativa natural para hacer efectiva dicha apertura pasaría por la imposición de un sistema de subastas que asegurase la venta de dichos contenidos en un mercado secundario.

Problema de costes

El problema que plantea esta opción es que el coste de adquisición actual de estos productos está por encima del valor real, por lo que difícilmente la nueva Sogecable podrá encontrar compradores que satisfagan la rentabilidad de la subasta de sus contenidos. Si la empresa resultante de la fusión es obligada a subastar a pérdidas, el proyecto de rentabilizar la plataforma será una quimera.

Por el lado de los eventuales compradores las expectativas de una fusión digital condicionada por el Gobierno ha empezado a traducirse en interesantes movimientos patrimoniales. En este sentido, los dos grandes operadores de cable españoles, Auna y Ono, ambas participadas por el SCH acaban de reconocer su deseo de concentrarse para aprovechar las sinergias derivadas de la reducción de costes que supone toda integración. Auna y Ono llevan tiempo larvando esta operación, pero sólo ahora lo han manifestado públicamente, justo cuando empieza a vislumbrarse la posibilidad de acceder al jugoso mercado de los contenidos en condiciones de rentabilidad.

El inconveniente es que los beneficios que puedan obtener los operadores de cable con la compra de estos productos sería a costa de drenar la cuenta de resultados de la nueva plataforma digital de Telefónica y el Grupo Prisa.

Italia, un mal precedente

Las limitaciones impuestas por las autoridades italianas al proyecto de fusión de Telepiú y Stream los forzaron a abortar la operación. Vivendi Universal y Canal+ Group, compañías promotoras de aquella concentración, lamentaban «que las condiciones impuestas por las autoridades italianas antimonopolio no permitieran asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de la empresa».

La compra de Stream habría otorgado a Telepiú el monopolio de la televisión de pago por satélite en Italia, por lo que las autoridades habían fijado tres condiciones muy claras. En primer lugar, los contratos exclusivos para la retransmisión del fútbol deberían limitarse a dos años, en lugar del máximo de tres previsto, y deberían otorgar a los clubes la posibilidad unilateral de cancelarlos al cabo de un año. Asimismo, la plataforma única debería permitir que los clubes vendieran libremente a los demás sistemas televisivos: cable, digital terrestre, UMTS e Internet. Además, se limitaban a un año los derechos de exclusiva de películas de las grandes distribuidoras norteamericanas, a las que deberían conceder igualmente la posibilidad de abandono unilateral del contrato, con un mero preaviso de seis meses. La tercera condición consistía en la renuncia a todos los demás sistemas distintos del satélite y que el cambio de descodificador no supusiera costes a los abonados.