La carrera por la digitalización de la televisión en España ha recibido el pistoletazo de salida. El Gobierno ha elegido como avanzadilla, como cobayas, de este delicado experimento al eslabón más débil de la cadena. Más de 1000 televisiones locales deben digitalizarse en el plazo de un año.
Las cadenas generalistas, entre tanto, se hacen las remolonas. El Ejecutivo parece medir sus fuerzas y aguarda el momento oportuno para forzar a los cinco grandes gestores audiovisuales de la opinión colectiva de los españoles, TVE 1, La 2, Antena 3, Telecinco y Canal+, a comprometerse en un cambio tecnológico que es tan complejo y arriesgado, como inevitable.
Sólo una política de palo y zanahoria puede convencer a los canales generalistas a abandonar la opulencia de que gozan en su refugio analógico (al menos Antena 3 y Telecinco) para dar el salto al ruedo de la digitalización.
El ministerio de Industria en este empeño, por un lado, envía un mensaje de tránsito inminente a la digitalización, escrito con letras de fuego en la Ley de Impulso de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Por otro lado, debe comprometer contrapartidas razonables y plasmarlas en un reparto ajustado y generoso del espectro radioeléctrico que dejó libre Quiero TV.
El citado proyecto de norma sobre la TDT ha superado los trámites iniciales en el Congreso de los Diputados, y avanza hacia su definitiva aprobación. Del texto, consensuado entre el Gobierno y sus socios, se desprende que la avanzadilla en el proceso de digitalización serán las televisiones locales.
Comenzando por los más pequeños
Según los datos elaborados por el instituto Sofres, el número de cadenas de este ámbito que emiten en España se sitúa en torno a las 1000. Tienen una cobertura superior al 80% de la población y las conectan cada día alrededor de 13 millones de espectadores. Sin embargo, su cuota de pantalla es sólo del 3,3%, muy lejos de las cifras en el entorno del 20% que copan cada uno de los líderes generalistas.
La inversión publicitaria que cosecharon los emisores locales en 2004 fue del 33,3 millones; nada en comparación con las cifras millonarias de sus hermanos nacionales y autonómicos (2.030 millones), pero con un crecimiento notable del 41,3%.
Pues bien, en el inmediato futuro, estas 1000 cadenas de televisión que nos acompañan en un entorno de cercanía tendrán como única opción de supervivencia: presentarse a los concursos que han empezado a convocar las Comunidades Autónomas con el fin de obtener una licencia de televisión digital en una de las 281 demarcaciones que se han definido a lo largo y ancho del territorios español.
En caso de que fracasen en esta licitación su única alternativa será dejar de emitir y desaparecer el mapa.
El calendario comienza a meter prisa
El ultimátum, además tiene un calendario endiablado: el proceso de regularización de las emisoras locales comenzará cuando se resuelvan los concursos autonómicos, y aquellas que se vean excluidas deben desaparecer antes del 31 de diciembre de este mismo año.
El Gobierno ha decidido arrancar el proceso de digitalización por el lado de los más débiles y aprovecha de paso para poner un poco de orden en el caos que desde 1995 se ha producido por la alegalidad en la que se ha movido el sector.
Es probable que el ministerio de Industria logre desbrozar el intrincado bosque de pequeñas emisoras de televisión de cercanía que se han creado en la última década, pero, según el modelo que gestión que se ha decidido para que los nuevos canales locales estén fuertemente tutelados por los gobiernos autónomos, lo más probable es que la legalidad no vaya acompañada de rentabilidad.
Nuevos agujeros de pérdidas
El interés de los gobiernos locales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por controlar los nuevos medios, o por lo menos de salir bien parados en sus espacios informativos, augura un agujero negro de pérdidas, al menos tan abismal como el que se ha producido hasta la fecha con las televisiones publicas existentes (RTVE y Autonómicas), y que según la CMT costaron al erario público en 2003 hasta 1445 millones.
La aprobación por el Parlamento de la ley de impulso de la TDT es sólo el primer reto: El Gobierno debe de asignar las frecuencias de la quebrada Quiero TV con la aprobación del plan técnico del espectro audiovisual antes de que nos vayamos de vacaciones de verano.
Del ajuste fino de este reparto dependerán detalles tan trascendentales para el inmediato futuro como los siguientes: que puedan darse o no dos nuevas licencias de televisión para emitir en analógico, que RTVE lidere la definitiva implantación en España de la Televisión digital terrestre, y que Antena 3 y Telecinco abandonen su actual poltrona analógica con ingresos publicitarios multimillonarios, sin tener al sensación de que la digitalización será el peor negocio de su historia.