El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, explicó hoy en Bruselas los argumentos de las autoridades españolas para pedir a la Comisión Europea la devolución del expediente de fusión entre Vía Digital y Canal Satélite Digital.

De Guindos dijo que el argumento fundamental presentado a la Comisión -hoy se formalizó esa petición de devolución- consiste en que los mercados afectados por la operación tienen un área geográfica determinada, que es el Estado español. «El lunes pasado nos llegó la notificación a las autoridades económicas de competencia de que las partes ya habían notificado la operación en Bruselas», explicó. «Teníamos tres semanas, de acuerdo con el reglamento de concentraciones, para pedir que nos remitieran la operación a las autoridades nacionales, de acuerdo con el artículo nueve» del Reglamento comunitario de Fusiones.

«Eso lo hemos hecho esta mañana: se ha remitido ya la petición con un informe en el cual se justifica en que efectivamente la operación en cuestión lo que hace es afectar al mercado de la televisión de pago en España», añadió el secretario de Estado. «Lo hemos hecho relativamente rápido, como había anunciado el Gobierno, que ya tenía tomada la decisión, y como saben ahora la Comisión tiene seis semanas, desde el día de la notificación, para aceptar o rechazar esta propuesta del Gobierno español».

De Guindos dijo que «el argumento fundamental consiste en que, una operación es nacional o comunitaria en función de los umbrales de facturación. Pero después de esos umbrales está la realidad de cuáles son los mercados afectados desde el punto de vista geográfico». «Y en el caso español, el mercado geográfico afectado, como todos conocemos, es la televisión de pago. Hay otros mercados afectados, pero siempre en el ámbito geográfico español. Y en eso es en lo que se justifica la petición de las autoridades de competencia españolas», añadió.

El pasado mayo, al conocer el anuncio de fusión entre ambas plataformas digitales, la Comisión Europea comunicó que estudiaría la operación y, en su caso, la eventual petición de devolución del expediente por parte de las autoridades españolas. Bruselas declaró entonces que la fusión «parecía cumplir» las condiciones para ser estudiada por la Comisión Europea. El artículo nueve del reglamento europeo de fusiones permite que un país pida a la Comisión que le remita un caso determinado. En ese supuesto, las autoridades nacionales disponen de tres meses, desde la fecha en que Bruselas reciba la notificación de fusión, para demostrar que la concentración amenaza con crear una posición dominante en el mercado de ese país y solicitar que se remita el caso, lo que debe ser decidido por la Comisión Europea.

Los grupos Prisa y Telefónica alcanzaron el 7 de mayo un acuerdo para integrar sus dos plataformas de televisión digital, que daría nacimiento a un nuevo grupo que contaría con más de 2,5 millones de abonados. Las empresas involucradas en la fusión son las que deben determinar si notifican el caso a las autoridades comunitarias o nacionales. Según las normas de la competencia comunitarias existen dos criterios aplicables para determinar cuándo un caso de fusión debe ser examinado por la Comisión Europea.

El primero de ellos es que las compañías que quieren fusionarse tengan un volumen de negocios conjunto a nivel mundial de al menos 5.000 millones de euros y el segundo que al menos dos de las empresas involucradas realicen unas ventas en la UE que excedan los 250 millones de euros. Sin embargo, hay un tercer criterio, que es que las compañías involucradas realicen más de dos tercios de su volumen europeo de negocios en un sólo país, caso en el que la operación de fusión es estudiada por las autoridades nacionales.

En cuanto a los plazos y el procedimiento, una vez que las empresas notifican un proyecto de fusión, la Comisión dispone de un mes para dar el visto bueno o bien para decidir abrir una investigación en profundidad, si considera que puede entrañar obstáculos para la competencia. En ese segundo supuesto, el Ejecutivo comunitario dispone de cuatro meses para llevar a cabo la investigación y dar un veredicto definitivo.