El Parlamento Europeo asume las enmiendas del Consejo para lograr que la directiva sobre propiedad intelectual se apruebe en esta legislatura
Los eurodiputados aceptaron hoy las enmiendas propuestas por el Consejo de la UE en lo relativo a la nueva directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, por lo que las sanciones penales contra el fenómeno de la piratería seguirán siendo un asunto en manos de los Estados miembros, quienes decidirán Publicidad si las aplican o no.
Los miembros de la Eurocámara votaron hoy en primera lectura el acuerdo de codecisión con el Consejo, a pesar de que numerosos eurodiputados no aceptaban las propuestas de los Quince y querían hacer uso de la segunda lectura antes de lograr un acuerdo de conciliación.
En aras de que esta directiva entre en vigor antes de que acabe esta legislatura en la primera semana de mayo, varios grupos políticos recomendaron a sus miembros que aceptasen las propuestas de los Estados miembros. Al final, 330 eurodiputados votaron a favor, 151 en contra y 39 se abstuvieron.
Sin embargo, la nueva normativa armoniza en toda la UE las legislaciones nacionales en lo referente al seguimiento y medios para hacer respetar los derechos de propiedad, en ámbitos donde ya existe una legislación europea que protege tales derechos.
Asimismo, se prevé el intercambio de información entre autoridades nacionales competentes, al tiempo que se conceden competencias a las autoridades judiciales para la obtención de pruebas y se obliga a los infractores a indemnizar a los titulares de los derechos.
El compromiso interinstitucional estipula la imposición de sanciones de tipo civil o administrativo. Las enmiendas aclaran que el ámbito de la directiva es también la propiedad industrial en la que se encuadran las marcas o dibujos también protegidos en la UE.
En este sentido, se precisa que las medidas se aplicarán contra actos cometidos «a escala comercial» con el objetivo de «obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos». Por tanto se excluyen, «en principio», los realizados por los ciudadanos que actúan de buena fe sin ánimo de lucro.
Daños y perjuicios
Ello abre la puerta para que las copias privadas de discos o cintas de vídeo queden al margen de sanciones. Respecto al perjudicado por actos de piratería, la normativa establece que sea indemnizado por daños y perjuicios, y se aclara que el importe de la compensación debe ser proporcional al «perjuicio real» que haya sufrido.
Además, cuando se descubran mercancías falsificadas, las autoridades judiciales podrán ordenar la retirada de los circuitos comerciales y la destrucción de las mercancías, y que se actúe contra los medios usados para su producción ilegítima mediante la destrucción de los mismos cuando proceda.
Las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor, o a la persona que haya sido encontrada en posesión de mercancías litigiosas «a escala comercial», que proporcione datos sobre el origen y redes de distribución, al tiempo que se garantiza la protección de confidencialidad de las fuentes de información.
Dispositivos técnicos
El texto final, a diferencia de la propuesta inicial de la Comisión Europea, no incluye disposiciones de protección jurídica de los dispositivos técnicos. El compromiso insta a los Estados miembros a que fomenten el uso de discos ópticos de un código fuente que permita identificar el origen de su fabricación.
La directiva será de obligado cumplimiento dentro de dos años, es decir 24 meses después de su entrada en vigor. Tras la decisión de hoy de la Eurocámara, el Consejo podrá aprobar la conciliación en un punto sin debate de una reunión ministerial.
Las cifras barajadas por la UE es que se ha producido un incremento sustancial de las piratería y copia de marcas. Las estadísticas aduaneras reflejan un aumento del 39 por ciento de las incautaciones de productos ilegales entre 2000 y 2001.
Así, las cifras muestran un incremento del 75 por ciento en usurpaciones de marca de productos alimenticios, mientras que la piratería en CDs ha aumentado astronómicamente desde 1999 (el 15.300 por ciento).
La ponente del informe –la «popular francesa» Janelly Fourtou– aludió en la exposición de motivos a las estimaciones efectuadas por varios sectores industriales. La industria del «software» estima su índice de piratería en el 35 por ciento; el sector audiovisual en el 25; la industria del juguete en el 12; y la industria de la música en el 40 por ciento.
Reacción de Bruselas
La Comisión Europea se felicitó por este acuerdo, que se produce un año después de su propuesta. El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, aseguró que el Parlamento Europeo adoptó hoy una «iniciativa importante» para luchar contra la piratería y las grabaciones ilegales.
Estas actividades son a menudo más rentables para los criminales que el tráfico de drogas y sus autores son cada vez más asociados al crimen organizado. (…) Los infractores socavan a las empresas legítimas e hipotecan la innovación, concluyó.
