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Sogecable apela a la rentabilidad para justificar el monopolio

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La futura Sogecable tendrá un valor de 4.998 millones, según un informe. El estudio concluye que el plan de negocio de Vía Digital no es viable

Sogecable ha encargado a Nera Economic Consulting la elaboración de un informe para analizar económicamente la integración de Vía Digital, informe que ha entregado al Tribunal de Defensa de la Competencia para justificar la operación. En ese trabajo, que ha fundamentado las alegaciones de Sogecable ante ese Tribunal, se realiza un análisis económico de la integración, se valora la competencia en el mercado de la televisión de pago, se explica la «racionalidad» de la fusión, y se justifica la necesidad de exclusivas en contenidos para hacer frente a las ventajas de otras tecnologías.

Pero sin duda, el capítulo más interesante del informe es el que realiza una valoración económica de la integración de Vía Digital, capítulo que gira entorno al argumento de que la viabilidad de la plataforma de Telefónica es inalcanzable. En el informe de Nera para Sogecable, al que ha tenido acceso LA GACETA, se recuerda que las plataformas de televisión de pago por satélite no sólo llevan soportando pérdidas desde sus comienzos hace ahora cinco años, «sino que las mismas son insostenibles, lo que hace el negocio inviable económicamente siempre y cuando no se produzca algún tipo de modificación estructural».

Aunque Nera no lo refleja, las pérdidas acumuladas de Canal Satélite ascienden a 414 millones de euros, mientras que las de Vía Digital son de 1.932 millones. Para contrastar si las pérdidas son realmente insostenibles en el largo plazo, la consultora norteamericana ha desarrollado un modelo para determinar lo que se conoce como Valor Actual Neto (VAN), en concreto para determinar la viabilidad futura de Vía Digital. El valor actual neto es la cantidad de dinero que vale hoy una corriente futura de ingresos y gastos como, por ejemplo, un proyecto de inversión o una empresa.

Aunque este criterio sólo tiene en cuenta los ingresos y pagos presentes y futuros y no los ocurridos en el pasado, puede determinar, a juicio de Nera, la viabilidad o no de Vía Digital. Partiendo de las previsiones y gastos de la plataforma de Telefónica hasta 2008, concluye que Vía Digital tiene un valor actual neto negativo de 771 millones de euros. Para llegar a ese resultado se apoya en los datos de varios bancos de inversión que apuntan a unos flujos de caja negativos hasta 2008 de 960 millones, a lo que hay que restar 189 millones en positivo del valor residual de la inversión.

Según la consultora, «el valor actual neto de Vía Digital es negativo y alcanza casi los 780 millones de euros, lo que indica que el plan de negocio no es viable bajo las condiciones actuales de mercado. La no viabilidad del ese plan de negocio indica que en las actuales circunstancias resulta difícil la permanencia en el mercado». Nera asegura que mantener operativa una empresa que presenta un VAN negativo «no es racional desde una perspectiva económica. La teoría económica —añade— asegura que aquellos proyectos con un valor actual neto negativo no son rentables y, por tanto, no deben llevarse a cabo».

A continuación el informe analiza el valor actual neto que tendría Sogecable en el caso de producirse la operación. Estimando unos flujos de caja hasta 2008 de 464 millones, otorgando un valor residual a la inversión de 5.034 millones, y restando unos 500 millones de costes de la fusión, la consultora concluye que el valor actual neto de la futura Sogecable, ya con Vía Digital, será de 4.998 millones de euros, casi seis veces su actual valor bursátil. Aporta además un estudio sobre la tasa de crecimiento de abonados, que sería del 11,48% anual, y sobre los ingresos de la futura compañía que aumentarían el 14,04% cada doce meses.

El documento II del citado informe concluye que, tras el análisis de varios bancos de inversión y el análisis realizado por ella misma, «en las presentes condiciones no parece existir sitio suficiente en el mercado para más de una plataforma de televisión digital de pago por satélite en España. Además, uno de los dos competidores actuales, con más probabilidad Vía Digital dada su posición económico-financiera, se ve abocado a abandonar el mercado en el corto o medio plazo». Indica, por último, que el modelo basado en la existencia de dos plataformas de pago por satélite «ha quedado en entredicho y resulta insostenible».

Defensa de la Competencia, favorable a la fusión en televisión de pago de Sogecable y Telefónica

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El acuerdo, única solución a las pérdidas de la televisión digital.

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha redactado un informe en el que autoriza el acuerdo de fusión de las actividades de TV de pago entre la filial de medios de Telefónica, Admira, y Sogecable, según anunció esta noche Onda Cero. Tras este informe, el Consejo de Ministros podrá aprobar la fusión, para lo que dispone de un mes.

El informe de Competencia en ningún caso es vinculante. Los analistas contarán además con la opinión de expertos del sector así como con el criterio de aquellas empresas «afectadas» indirectamente con el acuerdo -televisiones generalistas y agencias de publicidad, entre otras-.

El acuerdo entre Sogecable y Admira para la integración de sus plataformas de televisión de pago -Sogecable y Vía Digital- tuvo lugar el pasado 8 de mayo. Los encargados de cerrar entonces el acuerdo fueron el presidente del grupo Prisa, Jesús de Polanco, y el máximo responsable de Telefónica, César alierta.

En la nueva sociedad nacida como fruto de esta operación Groupe Canal+, Prisa y Telefónica tendrán la misma participación accionarial. Además, Telefónica será la encargada de proponer al presidente de la sociedad.

La Guardia Civil desarticula la mayor red de piratería de televisión por cable

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La red de piratería de televisión por cable desarticulada por la Guardia Civil en las provincias de Valencia, Alicante, Cádiz y Segovia, actuaba a través de la venta de dispositivos electrónicos piratas para descodificar la señal de la empresa ONO, a la que se estima que generó un fraude superior a los 60 millones de euros, según informaron en rueda de prensa el portavoz de la Unidad Central de Operaciones de la Benemérita, sargento Pastor, y el director regional de ONO en Levante y baleares, Miguel Gonzálvez.

Los seis detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años, están acusados de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y descubrimiento y revelación de secretos. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y descubrimiento y revelación de secretos.

Además de la intervención de los 500 dispositivos preparados para su distribución, la Guardia Civil incautó multitud de chips programados para vulnerar la seguridad de los decodificadores, una importante cantidad de dinero en metálico y numerosa documentación.

Estas personas eran, según el sargento Pastor, «expertos conocedores de sistemas informáticos» o bien aficionados, de los que la mayoría no tenía actividad laboral conocida. Los miembros de la red, que había comenzado a extender su actividad por Italia, Portugal y países del continente americano, han sido puestos a disposición judicial, aunque no se informó de la decisión adoptada por el juez.

Asimismo, los agentes han intervenido más de 500 dispositivos preparados para la distribución, multitud de chips programados para vulnerar la seguridad de los decodificadores, dinero en metálico y numerosa documentación. La operación, que se inició a mediados de año a raíz de la denuncia de la empresa, quedó cerrada el viernes, según Pastor, quien señaló que a partir de ahora analizarán las cuentas corrientes de los presuntos autores para comprobar los beneficios obtenidos.

En total, los investigadores consideran que la red podría haber introducido en España más de 30.000 de estos dispositivos, lo que supondría el 10 por ciento de la base de clientes de la compañía, según Gonzálvez, que el «cabecilla» compraba directamente o encargaba en el Reino Unido, y que posteriormente eran publicitados en foros de Internet, la calle, páginas web o facilitados a usuarios de ONO a través del envío de correos electrónicos «masivos», tras conseguir sus direcciones a través de programas informáticos.

Estos dispositivos, bajo el nombre de «Cubes», se enviaban a domicilio, se pagaban contrarreembolso y se instalaban en las antenas. De esta forma, permitían acceder gratuitamente a los canales de pago de este operador de televisión a los usuarios que tenían contratado únicamente el paquete básico. Cada uno de los aparatos tenía un precio de 75 euros. El importe de la estafa se ha podido calcular a través del número de cubos que podía existir y el valor de la programación que los usuarios no pagaba por ver y sí que visionaba.

Gonzálvez explicó que aunque la fuente del fraude es el uso del cubo fabricado en el Reino Unido, «se ha descubierto que hay también decodificadores de ONO que nuestros clientes no retornan cuando dejan de serlo y que entran en el mercado negro con lo que se favorece un uso ilícito de los aparatos y del cubo». El representante de la compañía aseguró que ellos no han facilitado a ninguna base de datos ni pública ni privada información de sus clientes para que pudiera haber sido utilizada por la red desarticulada ya que existe una reglamentación «estricta» al respecto.

Actividad ilícita de usuarios

Ante esta situación, la compañía ha enviado cartas a sus clientes instando a la entrega de decodificadores, aunque insistió en que hay un circuito «ilegal» que «favorece la práctica ilícita». En este sentido, el sargento Pastor indicó que los clientes que han adquirido estos aparatos «conocen la ley» y saben que este acto «es un delito contra la propiedad intelectual o una estafa».

Por este motivo, indicó que se informará a la autoridad judicial de los domicilios donde se habían instalado estos dispositivos y a ella le corresponderá adoptar la decisión correspondiente. «Es evidente que quien tiene un dispositivo de éstos está cometiendo un acto ilícito, bien administrativo o bien penal», dijo. Así, señaló que el siguiente paso de la investigación será detectar «hasta el último eslabón» dónde están instalados.

Admira empieza a vender activos

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El grupo Admira ha comenzado a desinvertir, tal y como Telefónica anunció que llevaría a cabo progresivamente. El grupo ha puesto en venta la sociedad Szena, su filial de representaciones artísticas y organizadora de conciertos.

El grupo Telefónica ha comenzado a implementar el plan de abandono de sus inversiones en medios de comunicación. La nueva política anunciada a raíz de la división del grupo Admira en Telefónica Contenidos y Admira Media la inicia con la puesta en venta de Szena, sociedad dedicada a la representación artística y a la organización de eventos musicales.

El grupo Admira reconoce abiertamente tener su filial en venta, aunque asegura que el proceso de búsqueda de un comprador puede dilatarse bastante en el tiempo. Sin embargo, medios cercanos a la compañía sostienen que el grupo presidido por Pedro Antonio Martín Marín negocia la venta de Szena a sus propios directivos, encabezados por su primer ejecutivo, José María de Miguel.

Fuentes oficiales de Admira aseguraron que la opción de venta a los directivos es una más de las que actualmente están encima de la mesa. «Hay conversaciones igualmente con otros operadores del sector interesados en presentar una oferta por la empresa», aseguran. En todo caso, los medios citados explican que la operación tardará aún en madurar. El equipo directivo de Szena rehusó hacer comentarios sobre su interés en la adquisición de la compañía. Szena es la marca comercial de la sociedad Fama (Famosos, Artistas, Músicos y Actores, SA). Participada por Admira en un 100% es la compañía que se dedica a la gestión de la contratación artística, los eventos y la música.

Según la presentación de la compañía en la propia página web de Admira, sus diferentes áreas «permiten ofrecer una solución integral llave en mano dentro del mundo del espectáculo, la música y el ocio en general». Los últimos eventos que ha puesto en marcha han sido la gira artística por toda España del cantante Julio Iglesias y la ópera Nabucco, representada en Madrid y Barcelona.

Originalmente, la compañía nació como un departamento más dentro de la estructura organizativa de la cadena de televisión Antena 3 y era la encargada de centralizar la gestión de los contratos de los artistas que eran contratados para intervenir en los diferentes programas de la emisora. Sin embargo, hace unos años Admira optó por segregarla de Antena 3 y hacer que tuviera un desarrollo independiente.

De acuerdo con los datos de la memoria de Telefónica, Szena tiene unos parámetros empresariales modestos. La compañía perdió el año pasado un total de 190.000 euros. Su capital asciende a 60.000 euros y su valor bruto en libros es de 6,64 millones de euros.

El plan de venta de activos de Telefónica en el área de medios de comunicación se activó en el momento en el que la compañía optó por segregar el antiguo grupo Admira en dos sociedades. Una es Admira Media, en la que el activo principal es Antena 3 y las participaciones en medios de comunicación en Argentina. Y otra, denominada Telefónica Contenidos, en donde se agruparon además de algunos medios como Vía Digital, básicamente toda la gama de contenidos de ocio y entretenimiento controlados por la compañía presidida por César Alierta.

Auna incluye Hispasat en la venta de los negocios de Retevisión

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La participación que el segundo operador de telecomunicaciones, Auna, posee en la sociedad española de satélites Hispasat también está incluida en la operación de venta de la red de señales audiovisuales de su filial Retevisión.

Auna Telecomunicaciones ha incluido la venta de su participación del 17,64% en Hispasat, sistema español de comunicaciones por satélite, en la operación de desinversión de las redes de transmisión audiovisual de Retevisión que tiene en marcha. La enajenación de esa participación en Hispasat, así como las de la red de repetidores de señales de televisión en la que se incluye un activo tan emblemático como Torrespaña, ha despertado las suspicacias del Gobierno, según medios cercanos a la operación.

El Ejecutivo ha dejado caer sobre Auna el mensaje de que está interesado en el perfil del comprador, tanto en lo que se refiere a la solvencia y nacionalidad como en el plan empresarial que acompañe a la operación. Es decir, supervisará de algún modo el diseño y los compromisos que la compra conlleve. La envergadura de la transacción, que podría elevarse a unos 500 millones de euros en función de la deuda que se asuma, ya ha hecho desistir del proceso a algunos de los grupos que se habían acercado para conocer las características y condiciones de los activos puestos a la venta.

Y aunque no se han presentado las ofertas finales, en su día mostraron interés en la operación inversores como Red Eléctrica de España (REE), el empresario Juan Abelló o Caja Madrid. Abelló iba a acudir a la adjudicación unido a la gestora de fondos de pensiones CVC Capital Partners, que, por otro lado, se ha encontrado con problemas con el Ejecutivo en la adquisición de la red de transporte eléctrico de alta tensión de Iberdrola. Éstos quedaron finalmente resueltos el pasado viernes, con un acuerdo a tres bandas entre CVC, Iberdrola y REE.

Fuentes próximas a la operación de venta de activos de Auna señalan que, aunque el cuaderno de ventas está prácticamente finalizado, la etapa para la presentación de ofertas vinculantes no concluye hasta la tercera semana de diciembre. En la actualidad, quedan en torno a ocho candidatos, pero en la fase final podrían agruparse en tres o cuatro ofertas. Éstas, según esas fuentes, estarían lideradas por Tradia (filial de Acesa, a su vez, controlada por La Caixa), Ferrovial y los fondos de inversión estadounidenses Apax y Carlyle. Los activos afectados por este concurso, que está considerado como un negocio rentable ya que tienen la remuneración asegurada, se ponen en venta por el objetivos del grupo Auna de concentrarse en dos negocios: cable-telefonía fija y telefonía móvil.

Red irrepetible con obligaciones de servicio público

La decisión de segregar primero y enajenar después la red audiovisual de Retevisión ha estado sometida, desde el momento en que fue adoptada, a todas clase de críticas y presiones. Los partidos de la oposición y los sindicatos de la empresa han mantenido reuniones en las que se han analizado las obligaciones de servicio público que, todavía avaladas por leyes en vigor, se asignan a esta red. Comisiones Obreras ha remitido la semana pasada a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una misiva en la que les pide opinión sobre el carácter de esta infraestructura de comunicaciones. En la carta se recuerda que Retevisión tiene encomendado el mantenimiento de enlaces permanentes de carácter reservado y oficial con las principales instituciones del Estado. Igualmente, en la carta se reproduce el artículo de un decreto de julio de 1996 en el que se asigna a la red el carácter de «servicio público esencial».

El servicio de transporte de señales de televisión está liberalizado, y en la actualidad existen redes alternativas en algunas comunidades autónomas. No obstante, en el sector se considera inviable que ninguna empresa intente entrar en competencia con la infraestructura audiovisual de Retevisión en todo el territorio del Estado, ya que se trata de una red irrepetible que cuenta con cobertura en la práctica totalidad de territorio español porque fue construida con fondos públicos en la época en que era propiedad de ente RTVE.

El operador de telefonía Retecal, al borde de la suspensión de pagos

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Caja España no ha contratado un sola línea a la empresa, de la que es accionista.

Retecal, segundo operador de telefonía en Castilla y León, se encuentra en una situación económica insostenible. La compañía está al borde de la suspensión de pagos, proceso que podría darse esta próxima semana de no solucionarse la crisis empresarial que la compañía mantiene con el segundo máximo accionista, Caja España. Se da la circunstancia de que esta entidad no tiene instalada una sola línea de su participada.

El curso de los acontecimientos ha mostrado graves problemas personales entre los responsables de la caja, la constructora Begar (tercer accionista de Retecal) y la consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Isabel Carrasco, del PP, que controla con puño de hierro las decisiones de la dirección de Caja España. Por estos problemas, quien tendría que ser uno de los principales clientes de Retecal, como es la entidad crediticia, no tiene instalada una sola línea. La Junta, tampoco.

Los tres principales accionistas de Retecal (Hidrocantábrico, Caja España y Begar) llegaron a un acuerdo recientemente para una ampliación de capital que solucionaría el problema de liquidez de la operadora. Pero la caja ha sorprendido ahora queriendo comprar la participación de la eléctrica en Televisión Castilla y León, con lo que la entidad se convertiría en el mayor accionista de esta televisión, un medio de información privado importante en esa comunidad autónoma. Así, Caja España paraliza el plan de viabilidad de Retecal, firma con una inversión de 300 millones de euros, para hacerse con la mayoría de una televisión cuyo capital social ronda los 18 millones.

En círculos sindicales se considera que esta operación tiene visos políticos, ya que por lógica beneficiaría al PP en las próximas elecciones municipales y autonómicas. El PSOE manifestó ayer que sus representantes en el consejo de administración de la caja votarán en contra de realizar esta inversión.

Mariano Rajoy se reunió el miércoles con dirigentes de Telefónica y Sogecable

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Mariano Rajoy se reunió el miércoles con dirigentes de Telefónica y Sogecable.

El Gobierno que preside José María Aznar está dando los pasos oportunos para que la fusión de las dos plataformas televisivas (Vía Digital y Canal+) acabe siendo una realidad en breve plazo. Y a partir de ello, apoyar a los clubs de fútbol en la forma más oportuna para que el nuevo contrato televisivo, que debe regir a partir de 2003, se sustancie. En tal sentido, el miércoles noche se produjo una cena a la que asistió el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, representantes de Admira (empresa perteneciente a Telefónica) y de Sogecable. Ambas participan de forma mayoritaria en el capital de Audiovisual Sport, propietaria actual de los derechos televisivos del fútbol.

La premisa que expone el Gobierno es que los clubs de fútbol deben ajustarse a un plan económico que mitigue, de una vez por todas, los números rojos que en la actualidad castigan prácticamente los balances de todos ellos. Y eso pasa por ponerse al día con los pagos que tienen pendientes con Hacienda, equilibrar sus cuentas de resultados y tratar de poner en práctica el compromiso de una limitación salarial, sobre todo por lo que respecta a los fabulosos contratos que ahora están pagando a los jugadores. En tal sentido, el Gobierno parece estar receptivo a articular fórmulas para el pago de las deudas pendientes. Y, por lo que respecta al nuevo contrato televisivo, si así se le requiere, mediar en el tema con los operadores interesados.

De la citada reunión, por lo que pudo saber Mundo Deportivo, quedó claro que los clubs deberían buscar una figura representativa que se convirtiera en el interlocutor único y consensuado por las partes para abordar el nuevo contrato televisivo. Hoy por hoy, el asunto del nuevo contrato, por decisión expresa de los clubs, lo gestiona la Liga de Fútbol Profesional a través de su presidente, Pedro Tomás, no presente en dicha reunión. Se manejan distintas fórmulas para vender el fútbol por televisión en el nuevo contrato. Lo que sí tienen muy claro los clubs es que desean obtener más de los 38.000 millones de pesetas por temporada que perciben con el actual.

Martín Varsavsky (ex presidente de Jazztel) habla sobre MVTV, futuro canal de televisión

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Martín Varsavsky (ex presidente de Jazztel) en una entrevista para 5 días ha dicho…

[…]P. ¿Ve a Jazztel fusionándose con Uni2? Todo apunta a que ése va ser el próximo paso de los nuevos accionistas mayoritarios…

R. La fusión con Uni2 no sólo es posible, sino que es totalmente deseable. El problema era la deuda de Jazztel y el problema ya se ha solucionado. El obstáculo ahora es la delicada situación y los cambios internos que se han producido en France Télécom. Entiendo que antes de afrontar una fusión, France Télécom tiene que aclararse y solventar sus problemas.

P. ¿A qué se dedicará a partir de ahora? ¿Tiene pensado irse de España?

R. No, me quedaré. Y desde aquí voy a gestionar una nueva empresa que he creado hace un mes en Estados Unidos. Está radicada en California, se llama MVTV y pretende ser un canal de televisión 24 horas dedicado a la emisión de cine. Ya tenemos desarrollado el programa piloto y hemos comenzado a reclutar a la plantilla. Llegará a España seguro, ya que es un producto ideal para ser emitido a través de la plataforma digital que resultará después de la fusión de Sogecable y Vía Digital.

El TDC recomendará al Gobierno que apruebe con condiciones la absorción de Vía Digital por Sogecable

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El Tribunal de Defensa de la Competencia recomendará al Gobierno que apruebe con condiciones la integración de Vía Digital en Sogecable, la empresa que preside Jesús Polanco y que a su vez controla Canal Satélite Digital. Entretanto, los artífices de la nueva Sogecable han filtrado sus condiciones para continuar con la operación.

A una semana de terminar el plazo para emitir su recomendación, el Tribunal de Defensa de la COmpetencia no considera que sea necesario vetar la fusión pero sí que se impongan condiciones para reducir el alcance de la nueva Sogecable. Según publica este viernes el diario El Mundo, la clave está en prohibir que Prisa -que controla Sogecable- pueda desarrollar su alianza con Telefónica en ámbitos distintos de la TV de pago. Tal y como se decía en el informe del Servicio de Defensa de la Competencia, el dictamen del TDC recomendará que el proyecto de Telefónica Imagenio, que permitirá difundir voz, imágenes y datos a través de ADSL, no pueda tener acceso a los contenidos de Sogecable.

Sin embargo, el TDC también propondrá límites al control de los contenidos en respuesta a las denuncias de la Asociación de Operadores de Cable (AOC) que sostiene que «la nueva plataforma aglutinaría el 100% de las películas extranjeras más taquilleras estrenadas en las salas españolas en 2001». Así, se recomendará que se impongan límites temporales a Sogecable en la contratación de derechos de cine de los grandes estudios. También se muestra partidario de imponer límites de precios y evitar condiciones abusivas en la venta que realice Sogecable de sus canales a los operadores de cable competidores.

Respecto al fútbol, todo depende de la investigación que está realizando la Comisión Europea. Éste es uno de los argumentos utilizados por los operadores de cable para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Si el Tribunal de la UE diera finalmente la razón a los operadores de cable anularía no sólo el dictamen del TDC, sino la decisión del Consejo de Ministros.

Mientras el TDC ultima su informe, la futura plataforma digital única basa sus expectativas de rentabilidad en el mantenimiento de los contratos con las grandes productoras norteamericanas. Por ello, Prisa y Telefónica han filtrado al diario ABC que no aceptarán rebajar los contratos con las «majors» por debajo de cuatro años ni tampoco abrir a la competencia los contenidos de Canal Plus. Sin embargo, según publicó el jueves este mismo diario, Telefónica sí estaría dispuesta a aparcar» su participación en la nueva Sogecable si el Gobierno no le permite estar presente en dos canales de TV privada al mismo tiempo, con lo que renunciaría a la toma de decisiones en la nueva Sogecable, que quedaría totalmente en manos de Prisa. El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha dicho que no le consta esta posibilidad.

La fusión se abortará si se obliga a una renegociación leonina de contenidos

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Los promotores de la fusión no aceptan rebajar los contratos con las «majors» por debajo de cuatro años ni abrir a la competencia los contenidos de Canal+.

Telefónica y Prisa tienen ya muy claro dónde está el límite a partir del cual la fusión es inviable. Según fuentes conocedoras de la operación, el «business plan» de la futura plataforma digital basa sus expectativas de rentabilidad en el mantenimiento de los contratos con las «majors» (las grandes productoras norteamericanas). Este es uno de los grandes caballos de batalla que han planteado los operadores del cable en sus alegaciones al Tribunal de Defensa de la Competencia. El sector del cable pretende acceder a estos contenidos a precio de mayorista y sin tener que hacer frente al mínimo de reserva.

Actualmente, estos contratos incluyen paquetes televisivos de productos globales donde se mezcla la alta calidad con contenidos de serie. Los cableoperadores intentan asegurar la compra selectiva sin tener que adquirir obligatoriamente productos de baja demanda. Los contratos tienen una vigencia de ocho, nueve e incluso diez años y los operadores de cable reclaman la renegociación de estos acuerdos de forma que no se produzca un monopolio de contenidos a largo plazo en favor de la nueva Sogecable. Sin embargo, los promotores de la fusión exigen que cualquier renegociación no suponga rebajar los contratos con las productoras por menos de cuatro años, ya que sólo así podrían rentabilizar la alta factura pagada por el suministro de los contenidos cinematográficos para su explotación en la pequeña pantalla.

Programas de Canal+

Otro de los condicionantes planteados por los operadores de cable es que la apertura de los contenidos se haga extensible también a las exclusivas que actualmente ostenta Canal+. Dicha consideración es totalmente inviable para la nueva Sogecable y podría conllevar también la ruptura del acuerdo inicial.

Para Telefónica y Prisa es fundamental asegurar una capacidad mínima de explotación que mantenga las expectativas de viabilidad del proyecto. Cabe señalar en este sentido que Sogecable nace con un importante nivel de deuda derivado precisamente de las fuertes inversiones realizadas tanto por Vía Digital como por Canal Satélite en la compra de dichos contenidos audiovisuales. La posibilidad de que estos derechos pasen ahora a una central de compras para beneficio de otros operadores alternativos supone un quebranto comercial que al final se traducirá en detrimento de la capacidad competitiva de la nueva plataforma digital.

Hay que recordar que Vía Digital aporta por sí sola una deuda acumulada por valor de 600 millones de euros a la empresa resultante de la fusión digital. Esta cifra es sólo la mitad de todo el endeudamiento que contabiliza la cadena propiedad de Telefónica, que alcanza los 1.200 millones. El acuerdo entre las partes establece que la compañía de César Alierta asuma 600 millones de euros y otro resto equivalente se traspase a las cuentas de la futura Sogecable.Beneficios sólo a partir del año 2004

La futura plataforma digital acumulará entre 1,7 y 1,8 millones de abonados, de los que 700.000 provienen de Vía Digital. Los cálculos que han efectuado los promotores de la fusión establecen la masa crítica imprescindible para asegurar la rentabilidad en 2,8 millones de suscriptores. En consecuencia, la futura plataforma resultante nacerá con un horizonte de pérdidas que se prolongará al menos durante los dos próximos años, según figura en el «business plan».

En 2004, Sogecable tiene previsto alcanzar su «break-even» o punto de equilibrio con el objetivo de empezar a dar beneficios a lo largo del ejercicio correspondiente a 2005.