El consejero delegado del Grupo Correo Prensa Española escrutó ayer el sector de los medios y advirtió que las trabas administrativas retraen el esfuerzo inversor

Con una pesimista descripción de un sector «cuyo futuro depende del Gobierno», los representantes de los principales grupos multimedia de España analizaron ayer el panorama de los medios de comunicación en las jornadas sobre Derecho de la Competencia, convocadas por la Universidad San Pablo CEU.

José María Bergareche, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Correo Prensa Española; Miguel Satrústegui, secretario general de Prisa, y el periodista y colaborador de ABC José María García-Hoz coincidieron en varios puntos como la precariedad legislativa en materia audiovisual, la importancia de la concentración empresarial para la supervivencia de los medios de comunicación y el distanciamiento entre los operadores nacionales y los internacionales.

Bergareche aseguró que «en España, se ha asistido a la multiplicación de la presencia de los grandes grupos internacionales de comunicación, mientras que los nacionales siguen siendo agentes de influencia limitada, lejos no sólo de los seis gigantes de la comunicación mundial, sino de los grandes grupos que operan en el continente europeo». En este punto, precisó que España es uno de los países de la Unión Europea con menor nivel de concentración empresarial en el mercado de la comunicación: «Este país adolece de falta de grupos competitivos con los multimedia europeos y el marco regulatorio actual no favorece su creación».

Además, incidió en la importancia de la ética profesional como salvaguarda de la pluralidad mediática. «El futuro del sector español de la comunicación hay que crearlo, y a nuestro juicio pasa por la formación de grandes grupos que puedan competir en el entorno europeo y latinoamericano».

«Trabas a la libertad de expresión»

Críticos «pero no derrotistas» los ponentes instaron al Gobierno a «reflexionar y rectificar algunas directrices» tomadas, como las incompatibilidades fijadas para impedir la participación de un mismo grupo en una televisión generalista de ámbito nacional y en televisiones locales. En este sentido, Miguel Satrústegui señaló que dichas incompatibilidades «coartan las expectativas de libertad de expresión y dificultan la financiación de un sector como el de la televisión local, que reclama una reglamentación realista y fórmulas de programación en común».

Otro de los puntos de convergencia en la mesa redonda celebrada ayer estuvo referido a la implantación de la tecnología digital en el panorama audiovisual nacional. Satrústegui calificó la operación de «precipitada», ya que «nos ha dotado de una televisión y una radio digital que nadie puede ver ni oír. La televisión digital terrestre ha sido una experiencia frustrante».

En un tono más distendido, el periodista y uno de los fundadores del Grupo Recoletos, José María García-Hoz, analizó la función gubernamental en materia legislativa del sector. «No se puede esperar mucho sobre la capacidad regulatoria del Gobierno -criticó-, ya que él mismo es árbitro y jugador. ¿Qué se puede esperar si el promotor de la Ley es el accionista mayoritario de la radiotelevisión pública y autonómica?». En este sentido, Bergareche destacó la necesidad urgente «de afrontar la reforma de RTVE para equiparar nuestro modelo con los del resto de Europa en lo que se refiere a la garantía de unas condiciones de competencia sin distorsiones y al establecimiento de unos topes específicos para la financiación publicitaria».

El responsable del Grupo Correo Prensa Española confesó que en las dos últimas décadas la Administración «ha dado algunos pasos significativos para ordenar el sector audiovisual, pero la deficiente legislación existente, las trabas administrativas, la improvisación, los privilegios y el intervencionismo se han convertido en un lastre que genera inseguridad jurídica y retrae cualquier esfuerzo inversor».

Inauguración de Rajoy

En lo referente a la futura Ley Audiovisual, los ponentes coincidieron en sus dudas de que el Gobierno haga entrar en vigor en lo que resta de legislatura el texto. Las jornadas contaron en su inauguración con la presencia del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, quien advirtió de los «condicionantes» que pueden aparecer en el nuevo panorama audiovisual, como el acceso a las infraestructuras o la tenencia de derechos de emisión en exclusiva sobre los contenidos.