El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha detectado «irregularidades» en una veintena de operadores de televisión local, según explicó ayer Ramon Font, presidente del organismo regulador, en el Parlament, y abrirá expedientes informativos por «incumplimientos estructurales». El directivo, que presentó la memoria del 2010 del CAC y el informe sobre el sector audiovisual en Cataluña correspondiente al 2009, admitió que el sector local afronta una situación «muy delicada», que está «razonablemente consolidado» y que es necesario impulsar «urgentemente» un replanteamiento del mapa audiovisual para «garantizar la viabilidad económica de los prestadores y la pluralidad».
Font aseguró que el CAC ha actuado «dentro del marco legal y con prudencia» y que ha advertido a los prestadores acerca de los incumplimentos para que puedan corregirlos. Pero el pasado 19 de octubre el pleno del organismo acordó encargar a sus comisiones que estudien abrir dichos expedientes a una veintena de operadores por «irregularidades en sus contenidos», ya que la mayoría se limitan a «ser repetidores» de otros prestadores o emiten contenidos no vinculados con su localidad.
Durante el 2010, según expuso Font, el organismo analizó 56.630 horas de radio y televisión y 4.355 formas publicitarias -solo representa un 10% del conjunto de la programación-. También indicó que el número de sanciones impuestas durante ese mismo periodo fue «relativamente moderado» y que la supervisión de contenidos durante el presente año ha seguido esa tendencia. Entre las actuaciones más relevantes destacan dos sanciones por pornografía y otras dos por emisión de contenidos no recomendados para menores de 18 años en horario de protección infantil (con multas de 90.001 euros en ambos casos).
Presupuesto
El presidente cifró el presupuesto del CAC para el 2011 en 8.554.331 euros. De cara al próximo año, ha presentado a la Generalitat un anteproyecto inferior, que sitúa esa suma en 8.464.000 euros, aunque se están buscando fórmulas para «aligerar» esta cantidad e incrementar los ingresos, como una nueva tasa de inspección que se ha empezado a cobrar a los prestadores durante el último trimestre del 2011 o el alquiler de una parte del edificio que alberga la sede del organismo en el Poble Nou.