La Comisión Europea aseguró ayer que las modificaciones que le fueron comunicadas por Sogecable y Telefónica el pasado 29 de enero, después de haber adaptado sus acuerdos iniciales de mayo de 2002, no afectan la estructura o la naturaleza de la notificación anterior, y que por lo tanto no necesita reconsiderar la operación de fusión de las plataformas digitales.
Sogecable, controlada por Prisa y Canal Plus Francia, junto con Admira, la filial de medios de comunicación del grupo por Telefónica, comunicaron a la Comisión Europea, el 3 de julio de 2002, un acuerdo para integrar Sogecable y Vía Digital, mediante un canje de acciones, según el cual Sogecable seguirá estando controlada por Prisa y Canal Plus, mientras que Telefónica tendrá una participación importante, pero no de control, en la entidad fusionada.
Después de analizar la operación, la Comisión Europea decidió el pasado 14 de agosto que el asunto debería ser analizado por las autoridades españolas de la competencia, y por ello transmitió al Gobierno español el expediente sobre la fusión. El Ejecutivo español aprobó la concentración el 26 de noviembre de 2002, aunque condicionada a una serie de requisitos.
Evaluación
Después de este acuerdo, Sogecable y Telefónica modificaron su pacto inicial, lo que la Comisión ha evaluado ahora para comprobar si esas disposiciones cambiaban la estructura de control en Sogecable. Bruselas ha concluido que no es así, y por consiguiente no necesitará reconsiderar la operación. Según el análisis de la Comisión, las modificaciones efectuadas no alteran sustancialmente la situación de control en Sogecable, al no existir un acuerdo vinculante entre Telefónica y Prisa-Canal Plus para ejercer conjuntamente sus derechos de voto.
Dictamen en España
El Servicio de Defensa de la Competencia, organismo adscrito al Ministerio de Economía, emitirá a lo largo de las dos próximas semanas su dictamen denitivo sobre la fusión. Sogecable y Telefónica comunicaron el pasado 29 de enero los planes de actuaciones que han previsto para adaptarse a las condiciones del Gobierno. La nueva plataforma tendrá que dar entrada a terceras compañías y no podrá vender contenidos fuera del satélite.