José María Aznar ha tomado cartas en el asunto de la reforma de la Radio y la TV, después de la fallida Ley del Audiovisual y el problema de la oportunidad política
El presidente del Gobierno ha decidido ahora poner el contador a cero en la política gubernamental sobre el audiovisual para dejar sobre la mesa su propio plan de actualización del sector, con especial atención al mercado televisivo. José María Aznar ya encargó hace un año a los vicepresidentes Mariano Rajoy y Rodrigo Rato y al ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, la elaboración de la Ley de Radio y TV como un marco regulatorio que pusiera fin a la maraña de leyes existentes y acabara con la obsolescencia legislativa del mercado audiovisual, reglado según los criterios de hace quince años, cuando apenas se podía imaginar el desarrollo y la competencia actual. Sin embargo, después de varias fallidas intentonas y a la espera de mejor oportunidad política, el proyecto de Ley Audiovisual fue condenado hace dos semanas a dormir el sueño de los justos en el archivo ministerial.
A la vista de los acontecimientos, Aznar ha optado por tomar cartas en el asunto, para lo que ha ordenado la apertura de un proceso de investigación destinado a recopilar datos sobre la situación del sector audiovisual en Europa y en Estados Unidos. El presidente del Gobierno ha puesto manos a la obra a los Consejos de Información de las embajadas de España, con el objetivo de que a la mayor brevedad tengan listos sus respectivos informes, que servirán de punto de partida para la elaboración del documento base del Ejecutivo español. Eso sí, el horizonte de trabajo tiene la fecha tope del próximo viernes 4 de julio, día en el que la Secretaría de Estado de Comunicación debe tener todos los documentos para su posterior estudio.
Gran interés por la TV
Las Consejerías de Información son órganos dependientes de la Administración del Estado, encuadrados en las representaciones diplomáticas de España en el exterior, que se encargan de las relaciones con los medios informativos. Aznar ha visto en estos consejos una singular oportunidad para averiguar de primera mano las políticas que se aplican en el sector de la comunicación fuera de nuestras fronteras.
Los contenidos del informe son claros y en ellos ocupa un papel protagonista la televisión, un medio que suscita especialmente el interés de Aznar, quien, no en vano, ya ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por la degradación de los programas. Entre los frentes de actuación que figuran en la circular enviada hace sólo unos días, destacan además de la situación actual y los eventuales proyectos existentes; la regulación de la propiedad en las cadenas de TV con cobertura autonómica y local; la normativa vigente en materia de participaciones cruzadas e incompatibilidades para un mismo accionista y las salvaguardas introducidas para garantizar la coexistencia de grandes conglomerados con las pequeñas empresas que operan en el sector audiovisual.
Cabe recordar que desde el Ministerio de la Presidencia y Portavoz del Gobierno ya se ha reclamado en ocasiones anteriores la participación de los mencionados Consejos de Información, concretamente cuando se ultimaba la redacción de la malograda Ley del Audiovisual y se barajaban distintas alternativas para la formulación del articulado de protección del pluralismo y de los derechos del consumidor o del servicio público de TV.
La creación de un Consejo Audiovisual estatal con competencia sobre los contenidos de los operadores públicos de TV, entre otras funciones, es otro de los viejos proyectos del Gobierno que ahora podrían desempolvarse como uno de los capítulos de referencia en el informe encargado por Aznar. Esta eventualidad ya fue recogida en los primeros borradores del proyecto de Piqué, diseñado como un organismo dependiente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y para lo cual se pulsó incluso la opinión de los profesionales del sector.
En cualquier caso, esta embrionaria iniciativa para reformar el audiovisual no sería una realidad en la presente legislatura, sino la encomienda personal de Aznar para el sucesor y su pronunciamiento definitivo sobre las bases en que debe asentarse el diseño de tan estratégico sector.