Telefónica se prepara para acometer un nuevo ajuste de plantilla que podría afectar a entre 4.000 y 5.000 empleados en España. La medida, que se encuentra todavía en fase de estudio, cuenta con el respaldo del Gobierno central, accionista del 10% de la operadora a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según avanzó El Confidencial.
El presidente ejecutivo de la compañía, Marc Murtra, que asumió el cargo recientemente, estaría planteando este nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como parte de un ambicioso plan de eficiencia que busca simplificar la estructura del grupo y reducir costes. La propuesta sigue la estela de anteriores procesos aplicados bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, como los Planes de Suspensión Individual (PSI) que, desde 2008, han supuesto la salida de cerca de 20.000 empleados.
Murtra ha manifestado su intención de aplicar una “disciplina financiera de hierro” y operar bajo estándares de “excelencia tecnológica y operativa”. Además, ha mostrado su disposición a revisar las retribuciones del consejo de administración, en un gesto dirigido a los grandes inversores que reclaman una mayor implicación en la mejora de la rentabilidad de la empresa.
Uno de los principales elementos diferenciadores de este posible ERE respecto a los anteriores es su negociación previa con Moncloa, algo inédito hasta ahora. A pesar de la habitual oposición del Ejecutivo a recortes masivos de empleo, el respaldo institucional recuerda al precedente del ajuste autorizado en CaixaBank tras la fusión con Bankia.
El modelo planteado mantendría para los trabajadores afectados sus beneficios sociales, incluyendo el seguro médico, así como la antigüedad en la empresa. Telefónica asumiría además las cotizaciones a la Seguridad Social de cara a la jubilación, lo que evitaría un impacto directo sobre el Estado.
No obstante, el anuncio no ha tardado en generar críticas por parte de los sindicatos. UGT ha tachado la propuesta de “inaceptable”, recordando que la entrada del Gobierno en el capital de Telefónica debería servir para “reforzar la posición estratégica de la plantilla” y no para convertirla “en variable de ajuste”.
«La nacionalización no es compatible con la destrucción de empleo», asegura el sindicato en un comunicado, en el que también recuerda que el actual convenio colectivo de empresas vinculadas (CEV) garantiza la estabilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, subraya que «ningún proceso de estas características puede iniciarse ni avanzar sin el concurso y aprobación de las fuerzas sindicales».
Telefónica presentará el próximo 14 de mayo los primeros resultados desde la llegada de Murtra a la presidencia, con un balance que previsiblemente reflejará pérdidas debido a las provisiones derivadas de la venta de su filial argentina. Aun así, los analistas consideran que dicha operación es positiva a medio plazo.
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¿No me digas que una empresa pública re-nacionalizada va a echar a más de 4000 trabajadores?
Lo único que tiene » renacionalizado » son
los directivos.
Necesitas informarte un poquito antes de soltarla.
A todo esto, de primeras es una noticia lamentable; eso sin duda.
Nacionalizacion, tener un 10%?