Seis días antes de que se anunciara públicamente la fusión por absorción de Vía Digital por Canal Satélite Digital, el Gobierno comunicó al presidente de Telefónica, César Alierta, su posición contraria a un posible acuerdo. No era la primera vez. Tres semanas antes, el Ejecutivo volvió a evitar en el último momento la firma de un pacto entre Prisa y Telefónica en términos similares a los finalmente suscritos por ambas compañías.

Jesús Polanco se quejó abiertamente en la última junta de accionistas de Prisa, celebrada el pasado 18 de abril, de que la fusión de las plataformas digitales no se podía hacer por razones políticas.Exactamente, Polanco dijo ante un nutrido auditorio que los impedimentos para llegar a una fusión «no proceden, ni lo harán nunca, de Prisa. Su origen es, con frecuencia, de naturaleza extra empresarial».

Polanco había pretendido anunciar en la junta del 18 de abril el ansiado acuerdo, lo que, en última instancia, se frustró tras una tensa discusión mantenida por un ministro y el presidente de Telefónica. Sin embargo, las conversaciones nunca llegaron a romperse por completo. Todo lo contrario. El fin de semana inmediatamente posterior a la junta de Prisa se reanudaron con renovados bríos.

Días después de reiniciarse la negociación, Alierta visitó a José María Aznar en el Palacio de la Moncloa y le expuso la, en su opinión, dramática situación por la que atraviesa su compañía. Fue en esa reunión en la que Alierta anunció que los resultados de Telefónica iban a registrar un recorte cercano al 80%.A pesar de que el presidente de Telefónica manejó ese argumento para convencer al presidente del Gobierno de la necesidad de llegar a un acuerdo con Polanco y poner fin a la sangría que supone Vía Digital (cuyas pérdidas para este año alcanzarán los 520 millones de euros), la visión oficial sobre ese asunto no varió aparentemente.

Por eso, cuando el jueves 2 de mayo Alierta volvió a consultar sobre la eventualidad de un posible acuerdo, el Gobierno le dio la misma respuesta que ya le había dado en el mes de abril. Algo debió ocurrir entre el viernes 3 de mayo y el miércoles 8 de mayo, para que la posición del Gobierno girase 180 grados en relación a un asunto de enorme envergadura con repercusiones no sólo empresariales y mediáticas, sino también políticas.

Según diversas fuentes, la única razón para que el Gobierno no pusiera esta vez impedimentos previos al acuerdo fue la insistencia de Alierta en que Telefónica no podía soportar por más tiempo las pérdidas de Vía Digital «Alierta nunca se ha sentido a gusto con el negocio de medios. Ni lo conoce y ni le gusta. Cree que si es el presidente de la compañía tiene que actuar con criterios de rentabilidad y, por tanto, hacer caso a los analistas que le han recomendado desprenderse de su participación en la televisión digital», afirma un ejecutivo cercano al presidente de Telefónica.

El caso es que Luis Abril (presidente de Admira) y Javier Díez Polanco (consejero delegado de Sogecable), continuaron la negociación en maratonianas reuniones de mañana, tarde y noche. Curiosamente, en el curso de las negociaciones no participó en ningún momento ningún representante del grupo Vivendi, accionista mayoritario de Canal Plus. La complejidad del pacto hizo que el martes 7 de mayo los grupos de trabajo dieran por rotas las conversaciones. O, al menos, así se le informó al Gobierno.

Ese mismo día, el ministro Portavoz, Pío Cabanillas, partió en viaje oficial a Nueva York para participar en una Sesión Especial en Favor de la Infancia, organizada por la Unicef en la sede de Naciones Unidas. En realidad, a ese acto debía haber acudido el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, pero el titular de Economía reclamó su presencia en Madrid en virtud de la complicada situación creada por los sindicatos tras anunciarse la reforma del sistema de cobertura del desempleo. Al día siguiente, el 8 de mayo, a las nueve de la noche quedaba cerrado el acuerdo entre Telefónica y el Grupo Prisa.

En medios políticos, la noticia cayó como una bomba. A la sorpresa inicial siguió el desconcierto. Sobre todo, en el seno del propio Gobierno, donde siempre se había mantenido una posición muy firme en torno a un pacto con Polanco. Las declaraciones del ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, en contraposición a la primera reacción del Partido Socialista, por boca de su secretario de Organización, José Blanco, fueron una clara muestra de esa situación de confusión: a una parte del Gobierno no le gustaba el acuerdo, mientras que al PSOE sí.

Qui prodest, se preguntaban muchos dirigentes y militantes del PP que no salían de su asombro ante la eventualidad de que el Gobierno hubiera dado luz verde a ese pacto contra natura. En medio del revuelo generalizado se produjo el Consejo de Ministros del día 10 de mayo. En él, Rodrigo Rato hizo una exposición de los términos del acuerdo y sus posibles implicaciones. Fue una intervención fría y en la que quedaron en el aire muchas incógnitas.Tras el titular de Economía, intervinieron Cascos, el ministro de Exteriores, Josep Piqué y el responsable de la cartera de Justicia, Angel Acebes. Todos fueron críticos con la fusión.

Mariano Rajoy tuvo que salir, en medio de la reunión, a un acto organizado por la Guardia Civil. Volvió a Moncloa justo cuando la sesión del Consejo estaba a punto de concluir. Cabanillas no había acudido a la reunión porque volvía ese día de Nueva York, así que tuvo que ser Rajoy el que afrontara la ingrata tarea de responder a las preguntas de los periodistas sobre un asunto del que nadie (a excepción del presidente y Rato) tenía todas las claves.

Tratando de aclarar el misterio, un alto funcionario cercano al presidente señalaba hace unos días: «Telefónica es una empresa privada y, por tanto, puede hacer lo que crea conveniente. Ha comunicado su intención de llegar a un acuerdo porque las pérdidas de Vía Digital lastraban sus beneficios. Tal vez alguien ha interpretado como una autorización implícita un mensaje que es muy simple: Haced lo que queráis, que nosotros haremos lo que tengamos que hacer».

¿Significa eso que el Gobierno dará luz verde a la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital sin condiciones con la concentración mediática que ello implica? Eso es muy dudoso. Según fuentes solventes, Rato ha pedido al Servicio de la Competencia que reclame el asunto a Bruselas, precisamente porque el Gobierno quiere tener parte activa en las limitaciones que se impondrán a la fusión. En una reunión mantenida el pasado lunes en el Ministerio de Economía y a la que acudieron, además de Rato, los altos cargos del Departamento, el ministro ordenó que se solicitase también un informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para tener una base sólida sobre la que decidir en torno a la colisión que supone el acuerdo firmado con la ley de Televisión, que impide la participación de un mismo accionista en más de una cadena.

El próximo miércoles, Rato tendrá que contestar a una pregunta formulada por el PP sobre la fusión. Todo hace pensar que el ministro de Economía ha querido hacer explícita su posición ante la Cámara sobre este asunto, dado que, en círculos políticos del PP, se le ha atribuido a él la luz verde para que Alierta y Polanco firmasen el pacto.

«Este no es un cáliz de gusto para Rato. Sabe que sus enemigos están esperando que meta la pata y que todos los focos están apuntando sobre él. Estoy seguro de que adoptará una decisión irreprochable», afirma un hombre cercano al ministro de Economía.

En todo caso, las duras condiciones impuestas por el Gobierno italiano para la fusión entre Tele Piu y Stream (que, de hecho, han supuesto la ruptura de la misma), marcan una pauta a seguir en España. «Probablemente tengamos que hacer algo parecido aquí, pero entonces que nadie se sorprenda si una de las dos plataformas va a la quiebra», afirma un funcionario conocedor del asunto.