Coinciden en que la intervención de los precios retrasará la rentabilidad de la nueva compañía.
El estudio detallado de las 34 condiciones impuestas por el Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre a la operación de integración de Vía Digital en Sogecable llevará a las dos compañías afectadas, Telefónica, accionista principal de Vía Digital, y a la propia Sogecable, participada por Prisa y los franceses de Vivendi, a apurar el plazo legal de dos meses previsto para pronunciarse sobre las condiciones impuestas y, en caso de aceptarlas, remitir el plan de actuaciones al Servicio de Defensa de la Competencia, que estudiará si fija modificaciones al proyecto presentado. Así, será a finales de enero cuando, de no mediar un imprevisto, se haga pública la decisión de las compañías sobre la fusión.
Más plazo para vender A-3
El retraso en el pronunciamiento sobre el acuerdo del Consejo de Ministros tendrá consecuencia directa en la previsible venta de la participación de Telefónica en Antena 3 TV, una decisión directamente derivada de la considerada trigésimoquinta condición fijada por el Gobierno ¬el anuncio del mantenimiento de la prohibición de participación simultánea en dos cadenas nacionales de televisión¬, no incluida en lo aprobado el pasado 29 de noviembre pero que condiciona sobremanera los términos de la fusión.
Pues bien, todo apunta a que la salida de Telefónica de Antena 3, donde controla el 47,4 por ciento a través de su filial de medios, Admira, no se producirá a corto plazo, en contra de lo que se ha venido especulando. El presidente de la operadora, César Alierta, se tomará su tiempo, amparado por los plazos legales, que le dan un margen máximo de hasta un año y medio para desprenderse de Antena 3, si opta finalmente por centrarse en el negocio de la televisión de pago. Una vez que Sogecable y Telefónica remitan a Competencia su plan de actuación y éste sea aprobado, tienen un plazo de seis meses para acometer el proceso de fusión. Será entonces, cuando la integración de Vía Digital en Sogecable sea una realidad jurídica, cuando Telefónica disponga de un año para proceder a la desinversión en Antena 3.
Los equipos financieros de Sogecable y Telefónica, que por separado están analizando el escenario de la fusión dibujado por el Gobierno, muestran dos ejes principales de preocupación: la intervención de precios, que se prolongará durante cuatro años, y las limitaciones impuestas a la operadora de telecomunicaciones para la comercialización a través del ADSL de los contenidos de Sogecable.
En el caso de la intervención de precios, que se traducirá en congelación el primer año y subida por debajo del IPC los tres siguientes, los técnicos de Sogecable y Telefónica coinciden en sendos estudios efectuados por separado en que esa condición retrasará la entrada en rentabilidad de la compañía resultante de la fusión.
El informe del SCH sobre la fusión divulgado recientemente fijaba el «break even» a finales de 2005. Teniendo en cuenta que los últimos cinco años las pérdidas de las dos plataformas superan los 1.300 millones de euros, cualquier retraso en el logro de la rentabilidad derivado de la fusión es valorado muy negativamente por ambos operadores.
Desde ambas compañías, se tiene muy presente que el objetivo de la integración emprendida es fundamentalmente económico, entendido como la vía más adecuada y factible para acabar a medio plazo con la sangría económica que ha supuesto la aventura de la TV de pago. Por ello cualquier dificultad añadida a la pretendida rentabilidad, como creen que es la intervención de precios, es considerado un escollo de importancia.
En el ejercicio 2001, las pérdidas de Vía Digital se elevaron a 334 millones de euros, mientras que las de Canal Satélite fueron de 26 millones, pese a que otros negocios y parámetros de Sogecable elevaron el beneficio neto a 2,8 millones. En el primer semestre de 2002, Vía perdió 66,6 millones, y Sogecable 15 millones. En líneas generales, la fusión permitirá a Telefónica dejar de perder 80.000 millones de pesetas anuales en la división de TV de pago.
El fútbol, pendiente de Bruselas
La Comisión Europea puede imponer condiciones añadidas en el ámbito de los derechos del fútbol, si concluye que los requisitos exigidos por el Gobierno español no son suficientes para resolver los problemas de competencia en el mercado de fútbol, según han indicado fuentes comunitarias. Bruselas aún no ha cerrado su investigación sobre Audiovisual Sport, un expediente que comenzó en abril de 2000. El reparto de derechos entre las dos plataformas y la larga duración del acuerdo, 10 años, fueron los principales motivos de preocupación de la Comisión. El Consejo de Ministros español ha limitado a tres años el próximo contrato de la Liga, pero ha excluido a Real Madrid y Barcelona, que tienen firmados sendos contratos con Audiovisual Sport hasta 2007.
