Dos semanas antes de vencer el plazo dado por el Gobierno para que Sogecable y Vía Digital presenten el plan de negocio para la integración de sus deficitarias plataformas de televisión digital, aún no está decidido si el proyecto saldrá adelante o no.
«Todo está abierto en este momento. La operación saldrá adelante en la medida en que se ve una mejora del negocio. Pero si resulta que las condiciones impuestas por el Gobierno retrasan el punto de equilibrio (del negocio) en varios años, entonces es mejor invertir el dinero en otra parte», dijo una fuente cercana al proceso a Reuters.
La última palabra la tendrán César Alierta, presidente de Telefónica, la operadora que controla Vía Digital, y Jesús Polanco, presidente de Prisa, el accionista de referencia de Sogecable, que forjaron el acuerdo en primavera del año pasado.
El Gobierno dio luz verde a la fusión digital en noviembre bajo ciertas restricciones con el objetivo de proteger la competencia en el negocio de la televisión de pago y dijo que las dos plataformas tendrían tiempo hasta el 29 de enero para decidir si aceptaban las condiciones.
El punto más espinoso en este contexto es la regulación oficial de precios, que no permitirá a la nueva Sogecable a elevar su cuota de abono en 2003 y subirla menos del dos por ciento durante los tres años siguientes. «Nadie esperaba esta claúsula, por eso las empresas están renegociando los detalles financieros de la operación», dijo un analista de ING Barings en Madrid.
El Ministerio de Economía estipuló también que la nueva empresa tendría que asumir todos los costes de la integración, sin posibilidad de repercutirlos en sus más de dos millones de abonados.
Astra contra Hispasat
Esta integración tecnológica será muy costosa, ya que las dos plataformas usan satélites y decodificadores distintos. Canal Satélite Digital, la plataforma de Sogecable, transmite su oferta vía el satélite paneuropeo Astra, mientras Vía Digital, con 800.000 abonados el socio más pequeño en esta operación, ha optado por el satélite Hispasat, que cuenta con participación del Estado español.
Fuentes del sector dijeron que en caso de imponerse Hispasat, los costes para cambiar los decodificadores y ajustar las antenas de los 1,25 millones de abonados de Canal Satélite Digital se elevarían fácilmente a 600 millones de euros. «La otra solución (el cambio a Astra) sería más barata, pero el Gobierno apoya la solución española», dijo una de las fuentes.
Hagan lo que hagan, las dos plataformas tendrán que pagar una indemnización por la rescisión o del contrato con Astra o del contrato de Hispasat, opinaron los expertos. En este contexto, recordaron que podrían surgir también indemnizaciones multimillionarias por la rescisión de contratos con los suministradores de contenidos. «(La productora) Mediapark tiene firmado un contrato de cientos de millones de euros con Vía Digital y si la nueva plataforma la rescinde tendrá que asumir las consecuencias», dijo una fuente industrial a Reuters.
Algunos bancos de inversión ya mostraron su escepticismo sobre la viabilidad del proyecto, y UBS Warburg recomendó en un informe reciente a Sogecable a renunciar a la fusión. No sería la primera vez que la intervención del Gobierno dio al traste con una operación de integración en España. En 2000, las eléctricas Endesa e Iberdrola desistieron de su proyecto de fusión debido a las duras condiciones impuestas por el Ejecutivo.
Los portavoces oficiales de Prisa y Telefónica se limitaron a decir estos días que el objetivo es tomar una decisión en las próximas dos semanas, pero otras fuentes consultadas reconocieron que la incertidumbre en torno a la fusión digital ha recrudecido el estilo negociador entre ambos equipos.
Encima de la mesa está la abultada deuda de Vía Digital, la plataforma controlada por Telefónica, que acumula pérdidas superiores a los 2.000 millones de euros desde su lanzamiento. En el proyecto de fusión, se ha estipulado que la nueva empresa no nazca con una deuda superior a los 1.200 millones de euros, repartida a partes casi iguales entre Sogecable y Vía Digital. Para alcanzar este objetivo, Telefónica tendrá que asumir una deuda cercana a los 600 millones de euros en Vía Digital.
No obtanste, según diversas fuentes, la renegociación entre ambos equipos se centra en la posibilidad de que la operadora asuma una deuda mayor de Vía Digital para que la nueva empresa no nazca con una carga financiera tan elevada.
