Los responsables de Sogecable y de Vía Digital trabajan a marchas aceleradas en la elaboración del plan de vibilidad de la empresa resultante de la fusión que deberá responder a las condiciones impuestas por el Gobierno para autorizar la operación.
La exigencia de que la nueva plataforma de televisión de pago congele los precios en el año 2003 y solo pueda aumentarlos un 2% durante los tres años siguientes se ha convertido en un caballo de batalla a la hora de asegurar la rentabilidad del proyecto que estaba planteado inicialmente.
Otro aspecto controvertido es la integración tecnológica derivada del sistema de satélites a partir del cual emitirá la nueva empresa. Sogecable trabaja actualmente con el satélite paneuropeo Astra, mientras que Vía Digital lo hace a través de Hispasat, que ofrece una mejor cobertura y que será, salvo modificación del acuerdo inicial, el sistema que prevalecerá cuando la fusión alcance su velocidad de crucero. El problema es que la adecuación de las antenas de Sogecable a Hispasat tiene un coste adicional de casi 100 euros por abonado, cuya repercusión al cliente puede deteriorar gravemente la oferta televisiva de la plataforma conjunta.
Fuentes cercanas a la operación han asegurado que «la fusión no corre peligro…, de momento», pero al mismo tiempo reconocen que los términos del acuerdo suscrito en mayo deberán sufrir «alguna modificación» para adaptar el plan de viabilidad del proyecto empresarial, sobre todo en sus primeros años de funcionamiento, que van a ser los más duros.
Reparto de la deuda
El planteamiento del Grupo Prisa consiste en reducir el peso de la deuda con que nacerá la empresa conjunta, que algunos analistas estima en torno a los 1.700 millones de euros. De esta partida, la deuda que aporta Vía Digital es del orden de 1.200 millones de euros y, en un principio, estaba planteado que Telefónica asumiera la mitad de esta cuantía. Ahora, sin embargo, el escenario es distinto y Sogecable quiere compensar los obstáculos derivados de las condiciones del Gobierno mediante una reducción del peso de la deuda que transfiere Telefónica a través de Vía Digital.
El objetivo de la empresa que dirige Javier Díez de Polanco, consejero delegado de la actual Sogecable y primer ejecutivo de la futura plataforma única, pasa porque Vía Digital sea absorbida «limpia de polvo y paja», con el contador de deuda a cero. Contra el vicio de pedir, Telefónica ha esgrimido la virtud de no dar que en este caso se traduce en el mantenimiento inflexible de los compromisos iniciales de la fusión. En estas circunstancia, la renegociación parece orientada a un punto medio, que, en su caso, implicaría a Telefónica un esfuerzo adicional de hasta 900 millones de euros. Vía Digital sería integrada en Sogecable con un pasivo de 300 millones de euros y la ecuación final daría como resultado una empresa con un lastre de 800 millones de euros de endeudamiento.
Las discusiones entre los equipos directivos de ambos grupos tienen una fecha límite, que viene dada también en el mismo pliego de condiciones establecido por el Gobierno. Como se recordará, el acuerdo del Consejo de Ministros otorgó un plazo de dos meses para que Sogecable presentase ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan detallado de las actuaciones que asegurase la instrumentación de los requisitos impuestos.
Este plazo termina el próximo día 29 y lógicamente los promotores de la fusión y en especial el Grupo Prisa, como destinatario de la gestión futura, no está dispuesto a cerrar el plan de cumplimiento que pide el Gobierno sin tener garantizado en paralelo un plan de empresa que asegure la rentabilidad futura del proyecto. La clave, una vez más, reside en el sacrificio que esté dispuesto a hacer Telefónica.