La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (Tribunal de Luxemburgo) por no comunicar si ha tomado medidas para cumplir con la directiva sobre «protección jurídica de los servicios de acceso condicional», que incluyen televisión, radio y servicios a distancia de pago.
Según informó ayer el Ejecutivo comunitario a través de EFE, esta directiva exige a los Gobiernos nacionales introducir medidas para prohibir actividades como la venta de descodificadores, tarjetas inteligentes y programas informáticos pirata «y disponer las sanciones correspondientes».
Además, prohíbe a los Gobiernos nacionales esgrimir la «lucha contra la piratería» como argumento para restringir la libre circulación de servicios legítimos y de dispositivos de acceso fabricados en otro Estado de la UE.
La directiva entró en vigor en noviembre de 1998, y el plazo para que los Estados miembros la incorporaran a sus legislaciones nacionales acabó el 28 de mayo de 2000. La Comisión denunciará también a Bélgica, Grecia y Luxemburgo, y señaló que ni España ni ninguno de los otros tres han comunicado a la Comisión las mencionadas medidas.








