El Gobierno aprobó ayer la modificación de la Ley de Televisión Privada, que permitirá a un único accionista controlar el 100% de una cadena al suprimir el tope del 49%. Hasta ahora, un mismo titular no podía rebasar ese porcentaje. La supresión de este límite, demandada por los operadores comerciales, fue anunciada ayer por sorpresa por el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, al término del Consejo de Ministros. Esta reforma, que permitirá cambios sustanciales en el paisaje audiovisual, se efectuará a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2003.
Es ésta la segunda reforma que experimenta el artículo de la Ley de Televisión Privada que regula las participaciones accionariales de sus socios. En 1998, y utilizando también la vía de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, se aprobó que una persona física o jurídica pudiera rebasar el 25% del accionariado en una cadena privada (tope marcado en la primera redacción de la ley 10/1988 de 3 de mayo) y ostentar hasta el 49% del capital.
La decisión de incluir esta medida en la Ley de Acompañamiento de 2003 tuvo todos los ribetes de secretismo. Se adoptó el pasado jueves; es decir, sólo unas horas antes de que el Consejo de Ministros aprobase el texto legal para su envío al Parlamento. Ni en el anteproyecto que se envió al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de Estado hace dos semanas para el preceptivo dictamen, ni en la addenda aprobada una semana después, se incluyó el cambio en la Ley de Televisión Privada.
La medida, que fue anunciada por el vicepresidente primero y ministro portavoz, Mariano Rajoy, como una más de las numerosas que lleva la Ley de Acompañamiento durante la rueda de prensa, no aparecía sin embargo en la referencia que el Consejo facilitó a los periodistas. Incluso en algunos departamentos de los ministerios implicados (Hacienda, Economía y Ciencia y Tecnología) no supieron de su existencia hasta que lo anunció el vicepresidente Rajoy.
Competencia
Fuentes del Ejecutivo explicaron, posteriormente, que con esta reforma se persigue que la competencia se desarrolle entre las distintas televisiones, y para ello no es necesario establecer límites al accionariado. Esas fuentes, de hecho, dan por seguro que algunos accionistas superan el 49% estipulado y que tienen aparcadas acciones en sociedades satélites. El Gobierno, sin embargo, no ha dado luz verde a la posibilidad de que un mismo accionista esté presente en dos cadenas privadas simultáneamente, una medida solicitada por los operadores comerciales.
En cualquier caso, este cambio permitirá conocer con más precisión el desglose del accionariado de las cadenas privadas. Ya en la modificación legislativa de 1998, tanto Telecinco como Antena 3 reestructuraron su accionariado y ganaron peso sus respectivos socios de referencia. El grupo italiano Mediaset, propiedad del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pudo así ampliar su participación hasta el 40% en Telecinco y Telefónica (a través del grupo Admira) pasó a controlar el 47,51% de Antena 3.
La eliminación del tope de 49% ha sido una demanda reiterada de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) como mecanismo para flexibilizar el régimen de obligaciones impuestos a los operadores privados, que veían en esta limitación una «restricción injustificada» y un freno en su gestión empresarial.
Las televisiones privadas comenzaron su actividad a finales de 1989 y en estos 13 años han experimentado revolucionarios cambios en la propiedad. Los vuelcos han sido especialmente significativos en Antena 3 y en Telecinco. Muchos de los socios fundadores han quedado en el camino. Más estable ha sido el accionariado de Canal+, donde el cambio más relevante ha sido la salida a Bolsa del Grupo Sogecable, propietario del 100% de la televisión de de pago y en el que participa el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS.
Tras el reajuste legislativo, Telecinco podrá llevar a cabo su nuevo plan de reparto accionarial. Por un lado, la cadena tiene en venta el 25% del capital que posee el grupo alemán Kirch, cuya división de medios ha presentado suspensión de pagos. Además, tiene aparcado un 10% del capital en el fondo holandés de inversiones ICE Finance, del que no se conoce con exactitud su propietario.
Según el acuerdo alcanzado el pasado agosto, ICE Finance concedió a Mediaset un derecho preferente sobre su participación. Así, la sociedad holandesa tendría la opción de vender sus acciones al gigante italiano por un precio que será el mejor de entre el valor del mercado establecido por una valoración independiente y 200 millones de euros.
Mediaset supeditaba esta opción a la superación del límite del 49% impuesto por la normativa española y también en caso de que la compañía de Berlusconi no adquiriera directa o indirectamente un 9% del grupo Kirch (a añadir a su 40%). Ahora Berlusconi podría hacerse con el control del 100% de Telecinco. La flexibilidad legislativa permitará que aflore cuál es el porcentaje que realmente posee (de manera directa o superpuesta en la cadena privada).
Otro tanto le ocurrirá a Antena 3, donde el grupo Admira (de Telefónica) aparece con un 47,5% del capital. El segundo accionista principal es el Santander Cantral Hispano (SCH), con el 30%, mientras el grupo alemán Bertelsmann (a través de la compañía RTL) posee el 17,2%. Bien Telefónica bien el SCH podrían aumentar ahora su participación sin problema.
Antena 3 se puso en marcha de la mano del Grupo Godó y de la antigua Antena 3 Radio. Posteriormente, entraron en el accionariado Banesto, cuando estaba presidido por Mario Conde, y Antonio Asensio. El fundador del Grupo Zeta optó por vender su parte a Telefónica, que actualmente pilota la cadena. El paquete de Banesto fue asumido por el SCH.
Cambios accionariales
Tanto Antena 3 como Telecinco han sufrido fuertes convulsiones accionariales en su corta historia. Telecinco se orquestó en torno a Berlusconi, la ONCE y Anaya, propiedad entonces del editor Germán Sánchez Ruipérez. El grupo editor abandonó la cadena antes incluso de que comenzaran las emisiones. Más tarde se incorporó el Grupo Correo, Prensa Española (editora de Abc) y Planeta. Estos dos últimos optaron por vender sus participaciones y el Grupo Correo (fusionado con Prensa Española) se quedó como único socio español.
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[La cadena privada Telecinco expresó ayer su temor a una hipotética reducción de la competencia tras la fusión de Sogecable y Vía Digital, aunque se mostró convencida de que en España no hay sitio para dos plataformas. El secretario general de Telecinco, Mario Rodríguez, dijo que la operación «podría afectar al mercado de la televisión comercial en abierto y al mercado de todos los contenidos de los que nos nutrimos». Considera que la fusión puede afectar a 12 mercados relevantes: desde los derechos en pago y en abierto hasta la comercialización de canales temáticos. Reclama a las autoridades que establezcan limitaciones para preservar la concurrencia de los operadores en el mercado de la producción y distribución de contenidos. «Lo contrario implicaría para Telecinco la ausencia de posibilidades de pervivencia», dijo Rodríguez.
La cadena privada, que critica las participaciones multimedia de los protagonistas de la fusión, tiene como accionista al Grupo Correo, que participa en varias emisoras de radio y televisión y en GloboMedia.]
