La decisión del Gobierno de modificar por sorpresa la ley de televisiones privadas, para permitir que un solo accionista pueda tener más del 49%, fue rechazada ayer con contundencia por PSOE e IU. La izquierda acusa al Gobierno de poner en peligro la libertad de expresión y de limitar a pluralidad informativa.
A la oposición no sólo le ha molestado el fondo de la cuestión, por lo que supone de cambio en la ley de Televisiones Privadas, sino también la forma en que se ha hecho. Acusa al Ejecutivo de haber utilizado la ley de acompañamiento de los presupuestos generales para el 2003 para introducir «con nocturnidad y alevosía una medida que requiere previamente un debate público y político dada su trascendencia».
El Consejo de Ministros decidió el viernes introducir en el último momento la modificación de la ley de Televisiones Privadas por la que se permite a un mismo accionista tener el 100% de una cadena. El Ejecutivo no informó de esta decisión en la reseña oficial donde se recogen las medidas aprobadas por él. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, se limitó a mencionarla dentro de un largo listado de medidas y omitió cualquier explicación sobre el particular.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se sintió sorprendido por esta actitud del Ejecutivo. Afirmó que se trata de una medida vergonzante que el Gobierno ha tratado de ocultar porque «se persigue que haya menos libertad de expresión en España y menos pluralidad informativa». En su opinión, se trata de un estilo de gobernar «donde hemos pasado del decretazo al televisazo. Ambos medidas tienen la misma filosofía: menos derechos, menos libertad y el intento de concentrar todo el poder en una misma mano». Según dijo, esta es la razón por la que este tipo de decisiones se escamotean al Parlamento.
En opinión de IU, se trata de «un golpe de Estado audiovisual para poner la televisión privada en manos de los amigos de Aznar», según dijo ayer Gaspar Llamazares. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), su presidente, José María Múgica, expresó su temor a que el panorama televisivo español «alcance el modelo Berlusconi» de monopolio televisivo.