La patronal Aetic denuncia que los operadores de telefonía deberán contribuir a una nueva tasa para financiar el futuro regulador del servicio, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
El Gobierno pretende que el nuevo servicio de recepción de programas de televisión en los teléfonos móviles sea controlado por las cadenas de televisión convencional en detrimento de los operadores de telecomunicaciones móviles, según se desprende del anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual (LGA) que está preparando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta decisión, unida a otras que también se incluyen en el borrador de la LGA, ha provocado un enorme malestar entre las operadoras españolas de telecomunicaciones, que ya se han visto agraviadas por otras decisiones recientes del Ejecutivo, como la aprobación de un impuesto especial a las operadoras de telefonía para sufragar la supresión de la publicidad en TVE.
Favoritas
La patronal de sector electrónico, Aetic, denuncia que el anteproyecto de la LGA establece que para prestar el servicio de televisión en móviles se requerirá una licencia similar a las que se exige a las televisiones, pero, sobre todo, que para valorar a los candidatos a la obtención de esas licencias se tendrá en cuenta, especialmente, la experiencia acumulada como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, es decir, de televisión.
Con este requisito previo, las cadenas de televisión nacional como Antena 3TV, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Veo y Net se convierten, claramente, en favoritas frente a las operadoras de telecomunicaciones móviles ante la obtención de las nuevas licencias de televisión en el móvil. Aetic, considera que, de esta forma, se condiciona, de forma arbitraria, la naturaleza de los adjudicatarios de las futuras licencias y el modelo de competencia en este sector, ya que, previsiblemente se articulará en torno a los prestadores actuales de servicios de comunicación audiovisual, es decir, las cadenas de televisión.
El hecho de que el negocio de la televisión en el móvil esté controlado por las cadenas de televisión permite suponer, además, que el futuro servicio se asemejará a la actual TDT, con un modelo de negocio basado en la publicidad en vez de en la suscripción que, previsiblemente, implantarían las operadoras de telecomunicaciones.
Pero la televisión en movilidad no es la única crítica de Aetic a la futura Ley Audiovisual, ya que también se pone en cuestión la intención de la norma de establecer un regulador propio, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema), en vez de abogar por un regulador único para todo el sector (un regulador convergente), que incluya también a las telecomunicaciones, tal y como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, con Ofcom.
Esta otra tesis, que, además, suponía un notable ahorro de costes, ya que la CMT ya está en funcionamiento, era defendida por una parte del Gobierno y por la propia CMT, pero fue descartada por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, irritada por las críticas públicas del regulador de las telecomunicaciones a su propuesta para la financiación de la supresión de la publicidad en TVE.
Aetic considera, además, muy preocupante, que el borrador establezca una nueva tasa para financiar el Cema, a la que tendrán que contribuir también las operadoras de telecomunicaciones, pero que no se haya especificado su cuantía, ni la base imponible, lo que está generando inseguridad jurídica entre las operadoras.
Otro factor perturbador es que se destina un 10% de la tasa por el espectro radioeléctrico a cofinanciar el Cema. Como la mayoría de esta tasa estará dedicada a financiar a TVE y, además, las operadoras de telefonía aportan el 80% de la recaudación de ese gravamen radioeléctrico, temen que ésta siga una evolución al alza para poder satisfacer en el futuro los aumentos de gasto de TVE y del Cema.
Injerencia en las comunicaciones
La patronal electrónica realiza otra crítica de calado a la LGA al señalar las injerencia de la nueva ley sobre su hermana, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).
Según Aetic, la LGA concede a los operadores de televisión derechos de acceso sobre las redes e infraestructuras de las operadoras de telecomunicaciones, lo que entra en conflicto jurisdiccional con lo que establece la LGT. Según Aetic, da la sensación, por el articulado del nuevo proyecto, de que la LGA prevalece sobre la LGT, lo que supone una amenaza para las operadoras de telecomunicaciones.
Además, Aetic critica la intención del Ejecutivo de hacer pagar a las operadoras de telefonía un 5% de sus ingresos por servicios de televisión para contribuir a la financiación de la producción europea de cine y series, tal y como ocurre ahora con las televisiones. En este sentido, coincide con la opinión expresada recientemente por la propia CMT, que criticó en su preceptivo informe sobre el borrador de la ley esta propuesta del Gobierno.
