La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha aprobado con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece un nuevo marco de regulación para el sector audiovisual. El texto, que ahora será enviada al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, ha contado con la abstención del PP y con los votos en contra del PNV y de ERC-IU-ICV.

Durante la Comisión, CiU ha pactado con los socialistas que el 60% de los ingresos de las televisiones públicas estatales o autonómicas se pueda destinar, además de a producción cinematográfica, a la creación de series y miniseries. Otra de las enmiendas pactadas entre estos dos grupos es que las televisiones autonómicas podrán emitir en otras autonomías limítrofes con las que compartan afinidades lingüísticas y culturales siempre que así lo acuerden mediante convenio las comunidades implicadas y que exista reciprocidad. Según el portavoz socialista, Óscar López, con este punto se da cumplimiento a una vieja aspiración entre Cataluña y la Comunidad Valenciana para que se puedan ver las respectivas televisiones autonómicas en las comunidades vecinas.

Diez minutos menos de publicidad

Con respeto al tiempo de publicidad, la ley establece finalmente que las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (dos minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir hasta 12 minutos de telepromoción, lo que suponía un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.

El texto también prohíbe emitir en horario infantil anuncios que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen. En concreto, se refiere a productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelan al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores como el peso o la estética. Asimismo, el proyecto de ley establece que los contenidos que puedan ser perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22.00 y las 6.00 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual, estando este último presente durante todo el programa.

Contra las radios piratas

Por otro lado, la nueva ley busca, a propuesta de CC, acabar con la existencia de radios piratas. Para ello, el proyecto fija la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones -que estaba prevista en una ley anterior pero que no llegó a desarrollarse-, que será la encargada de realizar un mapa de las radios en España.

El Gobierno central y las comunidades autónomas serán las encargadas de cerrar aquellas que no tengan licencia. Los grupos parlamentarios calculan que en España existen unas 3.000 radios piratas.

Reacciones

En nombre del PP, el diputado Miguel Ángel Cortés ha dicho que su grupo no se siente políticamente vinculado a esta ley y ha añadido que sólo un juez y no un órgano administrativo debe poder cerrar un medio audiovisual. Cortés ha pedido al PSOE que garantice que los internautas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los operadores de telecomunicaciones están excluidos del alcance de esta ley y, por lo tanto, de su régimen sancionador. Así, ha reclamado que se garantice la libertad de los blogs, las redes sociales, la páginas y el intercambios de contenidos audiovisuales entre internautas y que éstos puedan funcionar sin temor a una sanción de hasta un millón de euros o al cierre.

El representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha afirmado que la ley consolida un mercado oligopólico, favorece a las televisiones privadas y margina a la radiotelevisión pública. Están más protegidos los derechos de los productores y los de las televisiones privadas que los de los ciudadanos, ha sentenciado. El PNV ha reclamado en sus enmiendas, entre otras cosas, que se garantice el respeto a todas las lenguas del Estado. Joan Ridao (ERC) ha denunciado el altísimo grado de servilismo del Gobierno hacia algunos grupos de comunicación y le ha acusado de estar realizando un auténtico desguace del sector público audiovisual que con el tiempo acabará por hundir los índices de audiencia de TVE.

De su lado, la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha manifestado que queda sin resolver la protección de los menores canarios, quienes, debido a la diferencia horaria, sólo estarán protegidos hasta las 21.00 cuando la ley fija que debe ser hasta las 22.00. Para acabar con esta discriminación propuso que el horario de protección infantil se amplíe hasta las 23.00 horas en la península o que a las 10 de la noche las cadenas nacionales que emitan en Canarias realicen una desconexión.

Críticas a la tramitación «exprés»

Las formaciones del PP, PNV, ERC-IU-ICV y BNG han criticado al PSOE por la forma en la que se ha tramitado la norma, ya que se consideran que se ha realizado de forma exprés, casi clandestina y huyendo del consenso y del diálogo con los grupos parlamentarios y con los agentes implicados, salvo Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas).

El portavoz socialista, Óscar López, ha calificado de duras e injustas las críticas y recalcó que la norma no se ha tramitado con carácter de urgencia, el plazo de enmiendas se ha ampliado cuatro veces y al texto se han incorporado 55 enmiendas transaccionales. Además, ha defendido que el Gobierno y el Grupo Socialista han mantenido decenas de reuniones con los colectivos implicados y fruto de ese diálogo nace una ley equilibrada. Además, celebró que en los primeros días de enero, TVE -que ya no emite publicidad- siga siendo líder indiscutible e incontestable de audiencia.