La reforma de televisiones públicas, el nombramiento de un presidente de RTVE, así como de parte de la renovación de parte del Consejo de Administración de la corporación, y la solución del conflicto entre las radios y la Liga de Fútbol, son algunos de los temas pendientes en materia audiovisual que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno anunciado por Rajoy. La pasada legislatura fue el Ministerio de Presidencia el que asumió las competencias en materia audiovisual.
Así, una de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo será aplicar una reforma del modelo de las televisiones públicas que permita ahorrar gastos y aplicar nuevos modelos de gestión, con lo que previsiblemente se dejará la opción a las comunidades autónomas de permitir la entrada de capital privado en sus televisiones autonómicas. En su discurso de investidura, Rajoy anunció que llevaría al Congreso de los Diputados esta reforma con carácter inmediato.
Dentro de esta reforma, podría abrirse la posibilidad también de suprimir la publicidad, tal y como se hizo la pasada legislatura en RTVE. Tanto dirigentes del PSOE como del PP se han mostrado durante la campaña partidarios de estudiar esta medida, que llevan pidiendo desde hace años las televisiones privadas. Para ello, el nuevo Ejecutivo tendrá que modificar un conglomerado de leyes, entre ellas la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley del Tercer Canal.
Las televisiones públicas españolas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto –con la compensación de los ingresos publicitarios– para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte que presentó Uteca en su última reunión anual.
Otra de las primeras medidas que tiene previsto encarar el nuevo Ejecutivo es la renovación de RTVE. En el debate de investidura, Rajoy aseguró que abordará de manera inmediata, en diálogo con la oposición, el proceso de renovación pendiente en el Consejo de Radio Televisión Española, a fin de que puedan estar resueltos en el plazo de los próximos tres meses. Actualmente, está pendiente de renovación la presidencia de RTVE, después de la dimisión de Oliart en julio, así como el puesto de la mitad del Consejo de Administración.
La Ley de la Radiotelevisión pública estatal exige que los miembros del consejo sean elegidos con el apoyo de dos tercios del Parlamento y que la mitad de sus 12 miembros sean sustituidos cada tres años, aunque de momento PP y PSOE no se han puesto de acuerdo ni para elegir presidente ni para renovar el consejo. De hecho, desde enero de 2010 está pendiente la renovación de Jesús Andreu y Manuel Esteve (propuestos por el PP), Mari Cruz Llamazares (PSOE), Josep Manuel Silva (CiU), Francesc Bellmunt (ERC) y Santos Ruesga (UGT).
Además, la salida en septiembre del consejero de RTVE propuesto por CC.OO., Héctor Maravall, que dimitió después de abstenerse en una polémica decisión del Consejo de Administración sobre la posibilidad de que el órgano de gobierno de RTVE accediera al sistema que utilizan los trabajadores de la corporación para elaborar sus noticias, dejó vacante su puesto.
También queda pendiente la reforma de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para integrar en este órgano el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), al que la Ley Audiovisual, aprobada en 2010, atribuye la función de supervisar a las televisiones para asegurarse de que cumplen respetan el horario de protección infantil, el máximo de tiempo publicitario permitido y el resto de limitaciones que pone la ley. El PP se negó ya en tramitación parlamentaria de la Ley a la creación del CEMA porque lo consideraba un derroche de recursos.
Otro de los asuntos pendientes que deberá encarar el próximo ejecutivo es la solución del conflicto que mantienen las radios con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) debido al canon que este año los clubes de fútbol quieren hacer pagar a las cadenas para entrar en los estadios. Rajoy tachó a finales de octubre de atrocidad el canon que exige la Liga a las radios y se mostró en contra de que se prohíba o se exija pagar un canon. Otros dirigentes del PP, se mostraron a favor de reformar la Ley Audiovisual si fuera necesario para eximir a las cadenas de pagar este canon.
En el terreno de las televisiones privadas, el Gobierno de Rajoy se enfrenta a un panorama distinto al del Ejecutivo socialista en su segunda legislatura, con la fusión entre Telecinco y Cuatro ya culminada y la de Antena 3 y La Sexta en proceso de hacerlo. Después de que ambas cadenas se unan, previsiblemente en junio de 2012, si la Comisión Nacional de Competencia (CNC) da su visto bueno, el panorama audiovisual quedará controlado por ambos grupos, que sumarán hasta 16 de los 33 canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
