El proyecto de ley del Gobierno para flexibilizar la gestión de las televisiones autonómicas, que abre la puerta a su privatización, previsiblemente, pasará su último trámite en el Pleno del Senado del próximo miércoles 18 de julio.

La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado ha rechazado este martes, con los votos en contra del PP, las 87 enmiendas y 3 vetos presentados contra la ley. Se prevé que de cara al pleno del Senado de la semana que viene los partidos lleven las mismas enmiendas que han sido rechazadas en la Comisión de Industria de la Cámara Alta.

Pero tal y como ha anunciado la popular Carmen Azuara -portavoz en la comisión-, no está previsto que el PP acepte ninguna de ellas, por lo que el trámite de la ley finalizará el miércoles 18 de abril en el Senado. En la mayoría de los casos las enmiendas presentadas proponen actuaciones que no son objeto de la reforma legal que se debate, ha opinado Azuara para explicar la negativa del PP a respaldar las enmiendas.

Y, en el resto de lo casos, las enmiendas contradicen la iniciativa del Gobierno, al impedir que los medios públicos audiovisuales autonómicos se gestionen libremente y puedan prestar un servicio público mucho más flexible, según Azuara.

El proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos fue aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y superó su primer trámite parlamentario el 31 de mayo.

Según el proyecto de ley, las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales.

En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma permitirá también a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas. Además, la nueva norma amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica.

Por parte del PSOE, su portavoz en la Comisión Andrés Gil ha considerado que esta ley cruza algunas líneas rojas, excede el ámbito de competencias del Estado y pretende el control por parte de los gobiernos locales de los servicios autonómicos de estas cadenas. Es innecesaria desde el punto de vista normativo e inoportuna desde el punto de vista política, ha opinado.

Por último, por parte del grupo parlamentario Entesa pel progrés de Catalunya (GPEPC) Jordi Guillot -quien sustituía a José Montilla portavoz de su grupo en la Comisión-, el proyecto pone las cadenas autonómicas al servicio de operadores privados, supone una invasión en las competencias de las diferentes comunidades y reduce el sector público autonómico televisivo.