El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y secretario general del Real Patronato sobre Discapacidad, Juan Manuel Moreno, firmaron el 26 de junio un convenio para impulsar el acceso de las personas con discapacidad visual y auditiva a través del seguimiento del subtitulado y la audiodescripción en las televisiones de ámbito estatal de la TDT. Han firmado también el citado convenio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, y el rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña Sánchez de Rivera.

El acto para la rúbrica de este convenio tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y ha contado con la asistencia del Director General de Políticas de Apoyo para la Discapacidad, Nacho Tremiño, y de diversos representantes de las organizaciones del sector.

La plasmación de este convenio será posible gracias al Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) y abarcará los siguientes ámbitos, aparte del seguimiento del subtitulado: asesoramiento técnico en materia de accesibilidad audiovisual, elaboración de informes y auditorías, formación de profesionales e investigación en productos y en servicios accesibles. El convenio no supone gasto alguno para las partes firmantes y tendrá una vigencia de cuatro años.

Juan Manuel Moreno ha considerado durante su intervención posterior a la rúbrica que este convenio es un ejemplo del compromiso de las administraciones públicas para dar un servicio audiovisual de calidad a las personas con discapacidad visual y auditiva y para, ante todo, reconocer un derecho: disfrutar de la televisión en abierto en los parámetros establecidos: el 75% de la programación subtitulada y dos horas a la semana de interpretación en lengua de signos.

Para el secretario de Estado, el acuerdo da muestras, además, de cómo la cooperación entre administraciones y otros agentes, en este caso la Universidad Carlos III, pueden aportar mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos incluso en un contexto de crisis económico y social como el actual. Asimismo, Moreno ha recalcado la apuesta por la creatividad que significa este convenio.

Calvo-Sotelo se ha congratulado del paso adelante que supone un acuerdo de estas características, ya que certifica el reconocimiento de un derecho, el de que personas con discapacidad disfruten de accesibilidad plena en los contenidos de los medios audiovisuales. Debemos asegurar servicios de comunicación de calidad, ha apostillado antes de felicitarse, nuevamente, por la idoneidad del convenio.

Tras la adjudicación de las licencias de la TDT en Canarias, numerosos operadores de televisión decidieron recurrir por no estar de acuerdo con el resultado del reparto. Comenzaba así el periplo de buscar en los Tribunales la justicia que según ellos, la administración le había denegado.

Para una televisión o emisora de radio recibir no tener licencia en un concurso es algo demoledor. La desolación se torna en impotencia cuando voces interesadas le dicen que recurrir no vale para nada o que tras montar la televisión o la radio, pasados 2 o 3 años, es imposible que le quiten las licencias. Se trata así de evitar que quien tiene derecho a recurrir no lo ejerza ante los Tribunales. O de interiorizar que la toda acción judicial contra la adjudicación de licencias es un recurso del pataleo.

Pues el Tribunal Supremo ha demostrado lo contrario. Y acaba de ratificar que las licencias de la TDT en Canarias se otorgaron de forma irregular. Por eso las declara anuladas. Así el Alto Tribunal ha dejado claro que quien recurre, si le asiste la razón, puede tirar abajo licencias concedidas en el 2007. Se acabó el concepto del recurso del pataleo. Las CCAA ya saben que si incurren en ilegalidades los Tribunales les van a anular las licencias de TDT o radio, sea quien sea el beneficiario.

Los hechos se remontan a los procesos judiciales que iniciaron las emisoras que no se vieron beneficiadas por el reparto de concesiones de ámbito local, que se decidió mediante el Decreto número 377/2007, del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de octubre de 2007.

Tras los trámites correspondientes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró, en numerosas Sentencias, la nulidad del concurso de la TDT local, insular, y autonómica.

Los fragmentos de las Sentencias eran verdaderamente demoledores (Sentencia que ganó Archipiélago Televisión a la Viceconsejería de Comunicación):

El expediente para la contratación, por el procedimiento de urgencia, negociado sin publicidad de la consultora a que se alude en aquella Sentencia, se inicia por la Viceconsejería de Comunicación, el 11 de enero de 2007, mientras que la mesa hace la primera y única mención a la necesidad de solicitar un informe en su reunión de 23 de febrero de 2007 y además se señala directamente que el informe se solicita a la entidad Doxa Consulting Madrid S.L., ello a pesar de que la adjudicación del contrato a dicha entidad no se realiza hasta el día 26 de febrero. (…)

En otro fallo se señaló que el Decreto 377/2007 es nulo de pleno derecho, es decir, nunca ha existido, ya que al estar íntegramente impregnado del vicio de nulidad señalado, no hay nada en este acto susceptible de ser conservado. (Sentencia que ganó TV Local Sur a la Viceconsejería de Comunicación)

A todas las Sentencias del TSJ de Canarias se unen ahora las 2 del Tribunal Supremo, que confirman la falta de objetividad en el reparto de licencias para ejercer la libertad de información y expresión.

Estos son los 2 primeros fallos del Tribunal Supremo condenando al Gobierno de Canarias, pero se les unirá se les unirán más de una docena. Con casi 30 decisiones judiciales en su contra, la Viceconsejería de Comunicación se ha visto desbordada con las Sentencias del Tribunal Supremo contra las que no cabe recurso ordinario alguno.

En el caso de Canarias se da la paradoja de casi todos los repartos que tienen que ver con licencias de medios de comunicación han acabado anulados en los tribunales. Hay que recordar:

– Todas las sentencias que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando las licencias de la TDT local, insular y autonómica.

– El reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Las Palmas de Gran Canaria, anulando la adjudicación a Videoreport Canarias en junio de 2008 de la producción de programas informativos para la Televisión Autonómica de Canarias.

– El proceso penal abierto contra los miembros de la Mesa de Evaluación que puntuaron los proyectos de radio FM en el último concurso por un presunto delito de tráfico de influencias.

– El reconocimiento, por la propia Canarias Difusión S.L. (7.7 radio), de la imposibilidad de hacer frente al desarrollo de las 32 licencias de FM. Su principal valedor periodístico afirmo en antena que no hay dinero para desarrollar el proyecto.

Ahora le toca el turno a los adjudicatarios que estudian la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que el ejecutivo canario les ha ocasionado:

– Por repartir la TDT sin la objetividad obligada

– Por intentar mantener su postura en el Tribunal Supremo a pesar de la rotundidad de las Sentencias del TSJ de Canarias.

Valencia, País Vasco, y Navarra están en fase de valoración de las ofertas de radio FM y cerca de repartir las licencias de radio FM. Seguramente extreman las cautelas para evitar que se reproduzca lo acontecido en Canarias.