La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha dirigido sendas cartas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Ministro de Industria, José Manuel Soria, en las que solicita al Gobierno un mensaje claro que tranquilice a los ciudadanos sobre el mantenimiento de la actual oferta televisiva y desmienta los rumores sobre posibles recortes en el número de canales de la TDT.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha dirigido sendas cartas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Ministro de Industria, José Manuel Soria, en las que solicita al Gobierno un mensaje claro que tranquilice a los ciudadanos sobre el mantenimiento de la actual oferta televisiva y desmienta los rumores sobre posibles recortes en el número de canales de la TDT.
La asociación se refiere a la situación creada por la confluencia entre el llamado «dividendo digital», que supone destinar parte del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la banda ancha, y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el actual reparto de la TDT, planteando la necesidad de un concurso para la asignación de los nuevos canales resultantes del paso de la televisión analógica a la digital. AUC destaca que, con todas las críticas que puedan hacerse a la actual oferta televisiva, los ciudadanos españoles pueden acceder de forma gratuita a una razonable variedad de contenidos generalistas y temáticos, que atienden a los gustos diversos de buena parte de la población y a segmentos de la audiencia especialmente sensibles, como es el caso de los menores. Además, destaca que, en estos momentos de crisis económica, la existencia de una oferta televisiva en abierto amplia y plural es más que nunca un bien social a proteger.
Para la asociación sería paradójico que el esfuerzo económico que los consumidores han realizado, y seguirán realizando en el futuro, para adaptarse al nuevo entorno digital, no se vea compensado con una mejora del servicio de comunicación audiovisual televisiva, o al menos con su mantenimiento, sino que, por el contrario, el resultado final sea una TDT más pobre y de futuro más incierto.
AUC manifiesta su confianza en que no es ésa en absoluto la voluntad del Gobierno, y, en este sentido, pide al Ejecutivo que despeje las dudas sobre una posible desaparición de canales que, además de chocar con la legislación vigente, tendría, a su modo de ver, importantes efectos negativos para la población general, como la pérdida de variedad, puesta en peligro de futuros desarrollos de la alta definición o desatención a segmentos importantes de la población. Por ello, pide que se mantenga la planificación radioeléctrica reservada a la TDT en el Plan Técnico Nacional presentado al CATSI en noviembre del año pasado.
El Gobierno no revela sus planes
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Setsi), Víctor Calvo Sotelo, aseguró la semana pasada que el Gobierno cumplirá con su objetivo de adelantar el «dividendo digital» un año, a enero de 2014, aunque ha reconocido que se pueden dar ciertos retrasos en algunas zonas. En este sentido, el secretario de Estado de Telecomunicaciones manifestó que se está terminando el decreto técnico. Vamos con retraso sobre los planes, porque es un proceso complejo que afecta tanto a los operadores de telecomunicaciones como a las televisiones, ha añadido Calvo Sotelo, quien puntualizó que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad en la concesión de los canales a las televisiones ha retrasado el proceso.
El ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en marzo la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que declaró nulo el acuerdo de julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiple completo –con capacidad para emitir cuatro canales convencionales– a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser conforme a derecho.En este sentido, Calvo Sotelo no desveló si se quitará estos canales de televisión a las actuales propietarias, limitándose a señalar que en caso de que ésto ocurra la ley obliga a volver a adjudicarlos.
