Los operadores españoles de TDT deberán devolver los 260 millones de euros que recibieron del Gobierno en 2005 como subvenciones para el desarrollo de la de la televisión digital terrestre en España y su extensión a zonas remotas del territorio nacional.

La Comisión Europea ha atendido la denuncia presentada por un operador de satélite y en un dictamen hecho público este miércoles determina que esas ayudas públicas son discriminatorias porque favorecen a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras.

Los operadores de plataformas terrestres han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español, informa el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Para Bruselas, ha quedado claro que las subvenciones fueron a parar exclusivamente a las empresas de TDT y otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas. La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español, señala el pronunciamiento de la Comisión.

Antecedentes

Entre 2005 y 2008, España adoptó una serie de medidas reglamentarias para gestionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital. En la red terrestre, ese cambio requiere la adaptación de los centros emisores existentes y la construcción de otros nuevos. El territorio español se dividió en tres zonas distintas. En la zona I, que incluye la gran mayoría de la población española, los costes de la transición corrieron a cargo de los radiodifusores. En la zona II, menos urbanizada, los radiodifusores no tenían ningún interés comercial en la prestación del servicio, por lo que las autoridades españolas establecieron el plan de ayudas estatales objeto de la investigación. Por último, la topografía de la zona III excluye la transmisión terrestre y se escogió la plataforma por satélite. La investigación se refirió exclusivamente a las medidas adoptadas para la zona II.

En su decisión sobre las ayudas a la televisión digital terrestre en Berlín-Brandeburgo, la Comisión dio indicaciones sobre la forma en que los Estados miembros podían prestar apoyo a la transición a la tecnología digital de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales La decisión de la Comisión en ese asunto ha sido confirmada recientemente por el Tribunal General de la UE Además, el principio de neutralidad tecnológica ha sido confirmado en la sentencia del Tribunal General sobre la decisión de la Comisión en el asunto Mediaset.

Al margen de este asunto, la Comisión también ha iniciado una investigación pormenorizada respecto de otros dos casos de digitalización en España. El primero se refiere a la aplicación del plan de transición en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DO C/213/2012), en donde, además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales. El segundo se refiere a las ayudas concedidas a los radiodifusores por el cambio de ancho de banda (DO C/213/2012). Ambos casos siguen en fase de investigación.