El ente acumula pérdidas de 800 millones y roza entrar «en causa de disolución». El Gobierno baraja conceder un crédito extraordinario de 120 millones y otras medidas. La ley puede forzar en breve la dimisión de Echenique y de todo el consejo. El presidente pide «una reformulación» del fracasado modelo actual.

Una de las instituciones políticamente más sensibles del Estado se encuentra al borde de la quiebra. El agujero de la Corporación RTVE se hace ya insostenible tras el fracaso del modelo de financiación aprobado en 2009 y una gestión que no ha contenido, en consecuencia, los costes. Ésta es la actual situación, según un explosivo informe oficial al que ha tenido acceso el diario «El Mundo» y que puede obligar al Gobierno a tomar decisiones políticas de alto voltaje, como realizar aportaciones extraordinarias de dinero público a RTVE para evitar que entre en causa forzosa de disolución y, por tanto, forzar la destitución de toda su cúpula con el presidente, Leopoldo González-Echenique, a la cabeza.

«La situación es delicadísima: un déficit crónico anual de 100 millones de euros con unas pérdidas acumuladas de 800 millones. Es una situación patrimonial que puede forzar en breve por mandato legal el cese del presidente de RTVE y de todo el consejo de administración», aseguran fuentes gubernamentales.

Un portavoz de la Corporación RTVE declinó hacer comentarios a este diario sobre la situación, aunque el propio González-Echenique ya pidió reiteradamente en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado día 22, «una reformulación del modelo» de financiación del grupo público, tras haber caído las aportaciones del Estado un 20% y también otra fuente básica de ingresos como son las procedentes de los operadores de telecomunicaciones y de las cadenas de televisión.

Agujero de 800 millones

Según el citado informe oficial, un agujero de 800 millones en el primer grupo audiovisual de España equivale a más de la mitad de los 1.510 millones que componen actualmente el capital social de RTVE y, por tanto, significaría «causa de disolución», según la Ley de Sociedades de Capital. Si no recibe un balón de oxígeno, el grupo público deja de ser viable y debe ser disuelto, según la ley, para que deje de suponer una carga para las arcas del Estado.

Además, según el artículo 13.2 de la vigente Ley de RTVE, todos los miembros del Consejo de Administración (que representan también a partidos de la oposición) de la Corporación RTVE cesarán en sus cargos tanto si las pérdidas acumuladas no llegan a dos tercios del capital social (1.006 millones), porque forzarían «una reducción de capital», como si ni siquiera llegan a la mitad (755 millones), porque provocarían la citada «causa de disolución».

¿Llegan a esas cifras? Depende. Existe como tabla de salvación coyuntural la Disposición Adicional Única del Real Decreto Ley 10/2008, que hasta ahora permite que no computen como causas de reducción de capital o disolución «las pérdidas de deterioro de inmovilizado material» o «inversiones inmobiliarias». Si se aplican un año más y no se computan esos deterioros, el patrimonio neto contable sería en 2014 de 1.034 millones, al borde, pero sin llegar a caer en la reducción obligatoria de capital y, por tanto, en la destitución de la cúpula.

Pero, según el informe oficial, no está claro que la Ley de RTVE contemple que la corporación pueda beneficiarse de esta disposición contable. Y, si no puede hacerlo, «la propia Corporación RTVE prevé en estas semanas que concurra ya la causa de cese de los miembros del Consejo de Administración por pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social», según fuentes del Gobierno. El informe oficial lo cifra, en tal caso, en apenas 699 millones.

Causa de disolución

Se aplique la citada disposición o no, la causa de disolución se aproxima y, en todo caso, llegará antes de que acabe la legislatura. Desde que, en 2009, entró en vigor el actual modelo de financiación, con la supresión de la publicidad como fuente de ingresos, los entonces beneficios de 1,4 millones se han convertido en pérdidas anuales crecientes. Los gastos han permanecido rondando los 1.000 millones de euros, mientras que los ingresos sustentados por aportaciones del Estado, de los operadores de telecomunicaciones y de televisión no llegan últimamente a los 850 millones.

El Ejecutivo trabaja con cuatro escenarios posibles para evitar el escándalo de la disolución de RTVE, mientras se perfila un nuevo modelo de financiación más realista que el actual. El primero sería aplicar una reducción de capital de 461 millones, pero supondría una solución contable con alfileres que permitiría llegar sólo a final de año y sin solucionar el problema de endeudamiento de Corporación RTVE, que va a superar este año los 200 millones.

El segundo sería realizar una aportación para compensar pérdidas de años anteriores de al menos 308 millones. Paliaría el endeudamiento, pero sólo permitiría también llegar a final de año.

El tercero consistiría en aumentar en 100 millones anuales la aportación que hace el Estado para compensar a RTVE por el servicio público que presta con el fin de cubrir las pérdidas estructurales. Pero eso obligaría en 2014 a que el Consejo de Ministros aprobara inmediatamente un crédito extraordinario altamente impopular por hasta 120 millones, ya que no está previsto en el Presupuesto del Estado aprobado para este ejercicio.

El cuarto sería una combinación de los anteriores, con una modificación de la Ley de Financiación de RTVE para amarrar las aportaciones que realizan los operadores de telecomunicaciones y que una reciente sentencia ha debilitado en 114 millones sólo en 2013.

Con todas ellas se evitaría el cese del consejo. González-Echenique es abogado del Estado de la confianza personal de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su destitución provocaría una polvareda política. También la de los consejeros, que incluye representantes del PSOE, IU y CiU. En caso de cese, el principal accionista, la Sepi -organismo dependiente de Hacienda-, debería proceder al nombramiento de un administrador único, mientras las Cortes pactan un nuevo consejo.