Readaptar las antenas antes del 1 de enero de 2015 tendrá un coste de unos 20 euros para los hogares ubicados en edificios de más de tres viviendas.
La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) ha pedido hoy al Gobierno que blinde jurídicamente el denominado dividendo digital, con el que se reubicarán las emisiones de televisión en el espectro radioeléctrico, para evitar que se pongan en cuestión los canales concedidos.
El director general de la patronal de las cadenas privadas, Andrés Armas, y el de la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (Fenitel), Miguel Ángel García han pedido además que este proceso, que conlleva la migración de la emisión de las televisiones hacia otras bandas del espectro para dejar libres esas que utilizarán las operadoras para ofrecer el 4G, se aborde con carácter de urgencia. Y reclama que se avance en ello porque el dividendo digital tendrá que materializarse el 1 de enero de 2015, un plan que, según el responsable de Fenitel, supondrá un coste de unos 20 euros para los hogares ubicados en edificios de más de tres viviendas.
El gasto total de los usuarios en adaptar sus antenas para sintonizar los canales de TDT tras el dividendo digital sería de alrededor de 500 millones, si tenemos en cuenta un edificio tipo de 20 viviendas y los 1,3 millones que hay de estas características. Este tipo de viviendas entrarían en esta primera fase de adaptación, y luego lo harían las viviendas unifamiliares, según ha explicado García, quien junto a Armas se han mostrado convencidos de que este proceso se ha complicado por el cierre de nueve canales de la oferta de TDT el próximo 6 de mayo.
El apagón de esos nueve canales se materializará la semana que viene en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo (TS), que anula la asignación de un múltiple digital a cada una de las concesionarias del TDT nacional porque se realizó sin mediar concurso. «La solución que adoptemos tiene que estar blindada jurídicamente. Los 15 canales posteriores al apagado de los 9 y las soluciones de la alta definición para los operadores privados tienen que tener una solución, que permita abordar los próximos años, hasta el fin de las licencias, sin sobresaltos de nuevo, porque se pongan en cuestión los canales concedidos», ha advertido Armas.
Para el presidente de Uteca, es esencial que, mas allá de las cuestiones de carácter técnico y de operaciones, las de seguridad jurídica «queden suficientemente blindadas para no volver a abrir problemas», que a todos, ha dicho, «nos molestan y que probablemente perjudican no solo a los operadores, sino también a los ciudadanos».
A su juicio, «seria trágico que, después de este nuevo desembolso, los espectadores se vieran al cabo de un tiempo con que lo han hecho para tener una oferta de 15 canales en abierto y de nuevo, esa oferta reducida». «Ya ha habido una pequeña tomadura de pelo en hacer una transición orientada a tener 24 canales y otro nuevo paso atrás para los espectadores sería un poco difícil de explicar», ha advertido.
Uteca ve «improbable» que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes del 6 de mayo sobre la petición de suspensión cautelar de la sentencia y considera que «carecería de sentido práctico» que lo hiciera más tarde de esa fecha. Además del amparo del Constitucional, cada uno de los canales que tiene que cerrar pedirá indemnizaciones, un derecho que, según ha subrayado Armas, ha sido reconocido por el propio Gobierno y el TS al entender «esas reclamaciones como consecuencias de los incumplimientos».
