Según los primeros resultados de una encuesta de satisfacción sobre el subtitulado y la audiodescripción elaborada por el CESyA.

El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) ha cerrado la Encuesta de satisfacción de usuarios ante los servicios de subtitulado y audiodescripción de la TDT, que evidencia que la mayoría de los espectadores con problemas auditivos usa el subtitulado y que solo el 30% de los que tienen discapacidad visual se sirve de la descripción hablada. Según informó este lunes el CESyA en una nota de prensa, con esta investigación finaliza la iniciada en 2010 donde se preguntaba por la satisfacción de los usuarios en esta materia durante el inicio de implantación de la TDT.

La encuesta permite analizar el grado de satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de subtitulado y audiodescripción una vez alcanzado el régimen permanente de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Para obtener un informe completo, los investigadores compararán los resultados con la normativa actual, tanto en lo referente a la cantidad como en ciertos aspectos de calidad. Los primeros datos obtenidos apuntan a que la mayoría de las personas con discapacidad auditiva hacen uso del subtitulado en la TDT, un dato que contrasta con el consumo de la audiodescripción por parte de los espectadores con discapacidad visual ya que solo el 30% de ellos utilizan el servicio de audiodescripción. En opinión del CESyA, la disparidad de uso entre ambos servicios puede deberse a la facilidad a la hora de activar el tipo de accesibilidad. Así, mientras a los usuarios de subtitulado les resulta sencillo activarlo, a muchas personas con discapacidad visual les parece muy difícil activar la audiodescripción sin ayuda.

La estructura de la encuesta ha permitido, siempre según el CESyA, que los partícipes manifiesten su opinión personal. Muchos agradecen estos servicios de accesibilidad porque facilitan disfrutar de cualquier programa como cualquier otro consumidor aunque señalan que, en cuanto a subtitulado, existen deficiencias como la falta de sincronización, ya que suponen una barrera. Asimismo, se han recogido comentarios negativos en audiodescripción por la escasa oferta audiodescrita.

Con los resultados obtenidos a través de esta encuesta, el CESyA analizará los datos y elaborará un libro que hable sobre la investigación, además de presentar un informe sobre el subtitulado y la audiodescripción en la TDT en el próximo congreso Amadis 2014 de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad.

Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo para solicitar la suspensión cautelar del Real Decreto que regula el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de septiembre y que obliga a las comunidades a suprimir completamente un canal múltiple autonómico de TDT.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de la Presidencia, Manuel Jimémez Barrios, a través de un comunicado en el que recuerda que la Junta solicitó en reiteradas ocasiones al Ministerio de Industria su participación y colaboración en la tramitación de este Real Decreto que finalmente el Gobierno ha aprobado sin reunirse directamente con las autonomías, ignorando con ello la participación de la Junta y sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones realizadas desde Andalucía.

En su opinión, las decisiones previstas en el Real Decreto recién aprobado afectan a la distribución de competencias entre el Estado y Andalucía y contiene medidas que afectan grave y directamente a las competencias de la comunidad en materia de comunicación social.

En este sentido, lamenta que una de las medidas contempladas en el Decreto sea la eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT, lo que, a su juicio, supone una intromisión competencial en el ámbito audiovisual andaluz que además limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria e hipoteca las posibilidades tecnológicas futuras referidas a las emisiones en alta definición.

Trato discriminatorio frente a Cataluña

Junto a ello, Jiménez Barrios critica que esta supresión supone además un tratamiento discriminatorio para Andalucía ya que, a pesar de que el Real Decreto limita a un solo canal autonómico para todas las comunidades autónomas, permite que Cataluña pueda disponer de dos. En lo que a coste económico se refiere, el consejero censura que el Ministerio de Industria no asume las obligaciones previstas en la Ley de Economía Sostenible de financiar el coste que supone a los ayuntamientos las adaptaciones de los centros de TDT que forman parte de la extensión de cobertura, como consecuencia de la liberación del dividendo digital.

Finalmente, la Junta lamenta que, en paralelo a la aprobación del Real Decreto, el Ministerio de Industria ha anunciado ayudas a la ciudadanía para la adaptación de las antenas colectivas como consecuencia de la implantación del dividendo digital, sin que hasta la fecha se sepa exactamente en qué consisten, ni qué procedimiento ni qué criterios se tendrán en cuenta para su concesión, creando una situación de desconcierto e incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los instaladores de telecomunicaciones.

La Comisión Europea ha declarado este miércoles ilegales las subvenciones por valor de 46 millones de euros concedidas por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha para financiar la digitalización y la ampliación de la red de televisión digital terrestre en zonas remotas y ha ordenado que las dos empresas beneficiarias devuelvan las ayudas.

Bruselas ha concluido que las subvenciones vulneraron el principio de neutralidad tecnológica, puesto que sólo se concedían a la tecnología digital terrestre en perjuicio de plataformas alternativas por satélite, cable o Internet. La medida también discrimina a varios operadores terrestres, porque el Gobierno regional entregó la subvención directamente a solo dos empresas. Como consecuencia de ello, algunos operadores de plataformas terrestres consiguieron una ventaja selectiva sobre sus competidores, según el Ejecutivo comunitario.

En junio de 2013, la Comisión ya declaró ilegales ayudas concedidas en otras regiones españolas por un importe de 260 millones de euros y ordenó su devolución. El asunto de Castilla-La Mancha se abordó por separado ya que contiene características específicas, sobre todo el hecho de que los beneficiarios fueran preseleccionados, según ha explicado en un comunicado. La Comisión apoya la transición de la tecnología analógica a la digital, porque permite usar mejor unas frecuencias escasas. Sin embargo, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión, sin discriminaciones, y no solo a operadores seleccionados, ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

La investigación de Bruselas sobre el caso de Castilla-La Mancha se inició en 2010 a raíz de las denuncias de un operador de plataformas por satélite y de otro de televisión digital terrestre (TDT).

En los Estados miembros que subvencionan la conversión digital de forma tecnológicamente neutra, otros operadores de plataformas han participado con éxito en licitaciones abiertas. En cambio, las medidas aplicadas en Castilla-La Mancha, según la Comisión, falsean indebidamente la competencia tanto entre los operadores de TDT como entre estos y los operadores que utilizan otras tecnologías. Las dos empresas preseleccionadas recibieron una ventaja indebida frente a sus competidores y, por lo tanto, deben devolver las subvenciones a los contribuyentes, ha destacado el Ejecutivo comunitario.