La Comisión Europea ha declarado este miércoles ilegales las subvenciones por valor de 46 millones de euros concedidas por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha para financiar la digitalización y la ampliación de la red de televisión digital terrestre en zonas remotas y ha ordenado que las dos empresas beneficiarias devuelvan las ayudas.
Bruselas ha concluido que las subvenciones vulneraron el principio de neutralidad tecnológica, puesto que sólo se concedían a la tecnología digital terrestre en perjuicio de plataformas alternativas por satélite, cable o Internet. La medida también discrimina a varios operadores terrestres, porque el Gobierno regional entregó la subvención directamente a solo dos empresas. Como consecuencia de ello, algunos operadores de plataformas terrestres consiguieron una ventaja selectiva sobre sus competidores, según el Ejecutivo comunitario.
En junio de 2013, la Comisión ya declaró ilegales ayudas concedidas en otras regiones españolas por un importe de 260 millones de euros y ordenó su devolución. El asunto de Castilla-La Mancha se abordó por separado ya que contiene características específicas, sobre todo el hecho de que los beneficiarios fueran preseleccionados, según ha explicado en un comunicado. La Comisión apoya la transición de la tecnología analógica a la digital, porque permite usar mejor unas frecuencias escasas. Sin embargo, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión, sin discriminaciones, y no solo a operadores seleccionados, ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
La investigación de Bruselas sobre el caso de Castilla-La Mancha se inició en 2010 a raíz de las denuncias de un operador de plataformas por satélite y de otro de televisión digital terrestre (TDT).
En los Estados miembros que subvencionan la conversión digital de forma tecnológicamente neutra, otros operadores de plataformas han participado con éxito en licitaciones abiertas. En cambio, las medidas aplicadas en Castilla-La Mancha, según la Comisión, falsean indebidamente la competencia tanto entre los operadores de TDT como entre estos y los operadores que utilizan otras tecnologías. Las dos empresas preseleccionadas recibieron una ventaja indebida frente a sus competidores y, por lo tanto, deben devolver las subvenciones a los contribuyentes, ha destacado el Ejecutivo comunitario.