El anuncio del Gobierno de abrir un nuevo concurso público para adjudicar una licencia estatal de televisión digital terrestre (TDT) ha reactivado la maquinaria mediática y política de un sector que llevaba casi una década sin movimientos relevantes.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana la convocatoria, y el plazo para presentar ofertas se abrirá el 20 de octubre, aunque a día de hoy el pliego completo de condiciones técnicas y económicas no ha sido publicado oficialmente. Es decir, no se conocen todavía los requisitos precisos que marcarán quién podrá optar y bajo qué compromisos de cobertura, producción o calidad. Para el sector, la letra pequeña será decisiva: inversión mínima, cobertura, cuotas de obra europea/independiente, límites de concentración y criterios de puntuación.

Un nuevo canal sin “frecuencia libre”: el rompecabezas técnico de la TDT

El nuevo canal no «aparece» en una frecuencia vacía: se habilita reordenando capacidad. La primera fase del Plan Técnico 2025 mueve el múltiplex RGE2 a DVB-T2/HEVC para priorizar UHD y, en paralelo, otros múltiplex añaden un programa HD adicional donde sea viable. El efecto combinado deja sitio en otro mux para la nueva licencia.

En esa fase se contemplan las señales UHD de La 1, Antena 3, Telecinco y un segundo canal de RTVE, con resintonización progresiva del parque receptor. Es un movimiento ya anticipado por el sector desde hace meses. Según el Plan Técnico Nacional de la TDT, aprobado en marzo, el múltiplex RGE2 se reservará para albergar cuatro señales en UHD, que incluirán La 1 UHD, Antena 3 UHD, Telecinco UHD y un segundo canal de RTVE también en 4K, que podría ser La2 o Teledeporte.

Para hacer posible este cambio, otros múltiplex ajustarán su capacidad, en concreto los de RTVE, Atresmedia y Mediaset, pasando de cuatro a cinco canales en alta definición, y liberarán espacio efectivo en otro conjunto de frecuencias. De esa reorganización —un auténtico “Tetris” técnico— surgirá el espacio necesario para alojar la nueva licencia nacional. El proceso no es improvisado: lleva meses planificado.

Estos son los movimientos previstos para dar cabida al nuevo canal de la TDT.

La transición hacia la UHD: RTVE lidera el salto y los privados se preparan

El despliegue en dos fases (arranque con RGE2 en DVB-T2/HEVC y progresiva expansión de DVB-T2 al resto de multiplex) está diseñado para empujar la adopción de receptores compatibles sin «apagón» abrupto. La CNMC ya advirtió que Atresmedia y Mediaset podrían partir con ventaja en UHD si se da prioridad a los grandes generalistas, algo que el pliego debería compensar con obligaciones equilibradas.

En paralelo, los operadores privados podrán mantener sus actuales señales HD mientras preparan el salto definitivo al DVB-T2, lo que implicará un proceso de resintonización nacional y la renovación de buena parte de los equipos receptores antiguos.

El nuevo canal, por tanto, nacerá en un entorno híbrido: con la TDT tradicional aún mayoritaria, pero con el 4K ya en expansión y con la expectativa de que, hacia 2028, todos los múltiplex nacionales estén completamente migrados a DVB-T2.

Candidatos: Vocento y Grupo Godó, en la foto; Alconaba, el proyecto a vigilar

En el tablero empresarial, no hay candidaturas oficiales aún, pero sí señales publicadas. En el eje «grupos con estructura y ventas», Vocento aparece de forma recurrente en las quinielas por su histórico en TDT y su capacidad comercial, dependiendo de cómo limite el pliego la concentración y la titularidad de licencias.

El Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propietario de RAC1, también figura entre los posibles interesados según distintos medios. Su experiencia previa en televisión no fue sencilla: el canal autonómico 8TV, que controló durante más de dos décadas, acabó cerrando en 2023 tras acumular pérdidas millonarias y varios intentos fallidos de relanzamiento.

Aquel proyecto demostró las dificultades de sostener una oferta privada en abierto en el ámbito autonómico, pero también dejó a Godó una estructura técnica y conocimiento del sector que podrían facilitar su regreso si decide competir ahora por una licencia nacional, con el matiz de que dar el salto de su experiencia autonómica a una señal nacional implica capex y músculo programático de mayor escala.

PRISA ha sido mencionada en distintos momentos del año, pero su presidente ordenó la retirada del proyecto que impulsaba José Miguel Contreras; desde entonces, el foco se desplazó a otros financiadores y a la órbita de Alconaba. Telefónica, por su parte, aparece más en clave de socio tecnológico/industrial en escenarios hipotéticos que como operador directo de un canal en abierto.

El nombre que más titulares concentra es Global Alconaba. Tras comprar a Telefónica el 7% de PRISA en 2022, el grupo se ha relacionado con distintos proyectos televisivos. ABC afirma que Alconaba se presentará al concurso con la idea de vincular la licencia a Movistar Plus+ en una segunda fase; es, por ahora, especulación periodística, pero relevante por su encaje político-empresarial. La venta de Telefónica a Alconaba y su peso en PRISA están documentados; la eventual alianza con Telefónica de cara a esta licencia no está confirmada.

En cuanto a los grandes grupos privados, Atresmedia y Mediaset mantienen por ahora silencio sobre sus planes, pero en el sector se da por hecho que ambos siguen de cerca la convocatoria. Atresmedia, que cuenta con un canal menos que Mediaset tras la última reordenación de licencias, podría ver en este concurso una oportunidad estratégica para equilibrar su oferta y reforzar su posición comercial. Por su parte, Mediaset España, pese a disponer de una estructura más amplia y diversificada, también valora el impacto que tendría la entrada de un nuevo competidor en un mercado publicitario cada vez más ajustado. En ambos casos, su capacidad técnica les situaría entre los aspirantes mejor posicionados si finalmente deciden concurrir.

El Gobierno busca reforzar la pluralidad del sistema televisivo

Durante la presentación del acuerdo en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo subrayó que el objetivo de esta nueva licencia es «reforzar la pluralidad y diversidad del sistema televisivo español», abriendo la puerta a nuevas voces y sensibilidades dentro del panorama audiovisual en abierto. Desde el Ministerio para la Transformación Digital, responsable de la convocatoria, se insistió en que la medida pretende «ampliar la oferta de contenidos y garantizar una mayor representación de sensibilidades e intereses sociales», en línea con los principios de servicio público y competencia recogidos en la actual Ley General de Comunicación Audiovisual.

Sin embargo, en el sector se interpreta también que esta apelación a la pluralidad puede tener una lectura política más amplia. El Gobierno, con una oferta televisiva nacional actualmente dominada por grupos privados de tendencia conservadora, podría estar buscando favorecer la entrada de proyectos editoriales más próximos a su ideología o, al menos, equilibrar el mapa mediático de cara a los próximos años. Esta percepción no es nueva: ya en licitaciones anteriores, distintas fuentes señalaron la voluntad del Ejecutivo de ampliar la representación mediática hacia posiciones progresistas o plurales, algo que ahora podría materializarse con la nueva licencia nacional.

El pliego pendiente: la letra pequeña que decidirá el futuro

El elemento más decisivo sigue siendo el pliego de condiciones, aún no disponible en el Boletín Oficial del Estado ni en el Portal de Contratación del Sector Público. Ese documento determinará los criterios de adjudicación: porcentaje de producción propia, compromiso de obra europea e independiente, cobertura mínima del territorio, calidad técnica de la señal, obligaciones de servicio público y límites de concentración empresarial.

En función de cómo se redacten esos apartados, el concurso podría favorecer a grupos consolidados con solvencia y redes comerciales o, por el contrario, abrir la puerta a propuestas innovadoras que apuesten por una oferta temática o un modelo de televisión híbrido TDT–OTT, con presencia en plataformas digitales y emisión simultánea en 4K.

Hasta que ese documento vea la luz, toda especulación tiene carácter provisional, pero en el sector hay consenso en que el Ejecutivo buscará una cadena con proyección nacional, perfil propio y estabilidad financiera, evitando polémicas políticas en un año preelectoral.

El nuevo canal nacional de TDT no es solo una cuestión de contenido: es el síntoma de una transición técnica y económica que redefinirá el mapa audiovisual español. En el mejor de los casos, el concurso servirá para atraer inversión y refrescar la oferta en abierto. En el peor, podría perpetuar la concentración actual si los grandes grupos copan el espectro.

Por ahora, hay certezas: el calendario oficial, la reorganización técnica y la voluntad del Gobierno de que el nuevo canal se emita con calidad HD y vocación UHD. Lo demás —el nombre del adjudicatario, el enfoque editorial y los plazos reales de emisión— dependerá de ese pliego pendiente que todos esperan leer en los próximos días.

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