«Comando Actualidad» visita barrios y pueblos donde los últimos accidentes han movilizado a sus habitantes y viaja a lugares en los que la población lleva manifestándose años contra empresas que producen energía quemando madera. Se han enfrentado a una explosión química, a una crisis medioambiental, han visto morir a los suyos o los siguen buscando bajo los escombros. ¿Estamos protegidos? ¿Quién estudia el impacto en la salud de la industria química? ¿Cuáles son los niveles de seguridad? ¿Cómo se controlan?. «Vivir en el polvorín», este miércoles 11 de marzo después de «Killing Eve».
Los vecinos no se fían. Nadie bebe agua del grifo, tienen huerto a la puerta de casa, pero no comen las verduras que crecen en los alrededores del vertedero de Zaldívar. Los 3.000 vecinos de este pueblo de Vizcaya y de las localidades de alrededor se sienten desprotegidos, denuncian la falta de información antes y después del derrumbe. Mientras, siguen buscando bajo la montaña de escombros a Joaquín y a Alberto, los dos trabajadores que fueron engullidos por miles de toneladas de residuos al desplomarse las paredes de un monte que la empresa había convertido en un enorme contenedor de escombros. La catástrofe ha destapado una realidad: suspendemos en gestión de residuos. En España hay 1.513 vertederos ilegales; solo 210 cumplen la normativa.
Es nocivo, pero es legal. Eduardo es médico especializado en toxicología y farmacología. Ha dirigido durante años el departamento de toxicología del CSIC y elaborado un informe en el que asegura que los gases que se liberan al incinerar madera para producir energía son incompatibles con la salud. «La ley lo permite, pero es nocivo» asegura y afirma que detrás de la normativa hay presiones de la industria. El estudio respalda otro informe, realizado por 800 científicos de todo el mundo, que denuncia fallos en la normativa medioambiental que regula la fabricación de energías renovables. Gorka recibe a los reporteros de Comando Actualidad con el estudio en la mano. Vive a 300 metros de Glefarán, en la localidad vasca de Güeñes, sede de la empresa que quema madera para producir energía. Es uno de los 10.000 vecinos de una plataforma ciudadana que protesta desde hace años para que la empresa se vaya.
La contaminación atmosférica causa 400.000 muertes. La explosión en el polígono químico de Tarragona retumba aún en los barrios que rodean al polo industrial más grande del sur de Europa y en la cabeza de Dolores, una de las vecinas, que vive como si fuera hoy el accidente químico que sufrieron hace ya más de dos meses. Aún tiene grietas en la casa y el seguro no le ha abonado los desperfectos. Muchos vecinos están en tratamiento psicológico. Los trabajadores denuncian que la explosión de ese reactor, que dejó tres muertos y siete heridos, no es la única. Aseguran que en los últimos nueve meses ha habido cuatro accidentes, cuatro víctimas mortales y 14 heridos. Acusan a la industria química de no tener en cuenta la salud y buscar solo rendimientos económicos a corto plazo. La empresa tiene previsto volver a producir dióxido de etileno a finales de marzo. Mientras los vecinos y trabajadores intentan recomponer la confianza perdida, la OMS confirma que la contaminación de la atmósfera mata de manera prematura a 400.000 personas en la Unión Europea.