El proyecto de la Ley Audiovisual, la norma más anunciada, conflictiva y frustrada de las tres últimas legislaturas, está ya listo. Eso al menos ha anunciado el nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones
Lo que Francisco Ros sabe y no quiere decir es que, más que un único borrador de la ley, existen cinco, seis o siete; tantos como grupos políticos, sociales y económicos interesados en lograr una regulación para el futuro de la televisión en España que les sea favorable.
La nueva Ley Audiovisual es una asignatura pendiente que se arrastra durante tres legislaturas consecutivas. Los gobiernos socialistas de Felipe González en la década de los 80 y 90 del pasado siglo regularon la actividad de los canales de televisión que fueron surgiendo mediante distintas normas puntuales que modificaron una legislación original y básica: el Estatuto de Radio Televisión Española.
Este texto legal, aún en vigor, fue parido cuando RTVE era la única oferta televisiva existente.
El Estatuto considera a la televisión es un «servicio de interés público» y, en consecuencia, justifica su existencia como «monopolio natural» amparado por una inalienable «titularidad pública».
Un anticuado punto de partida
Este vetusto pilar teórico ha condicionado el posterior desarrollo legislativo en torno al negocio audiovisual en España, a medida que, de forma imparable, los canales de TV (y también las emisoras de radio) han ido proliferando como las setas.
Así se aprobaron la ley de los terceros canales autonómicos, la ley de las televisiones privadas y diversas normas de menor rango para ordenar el fenómeno expansivo de las televisiones locales y de pago.
Este complejo entramado legislativo admite como fundamento, aunque sea en última instancia, que en el negocio audiovisual todo lo que no es estricto servicio público, supone siempre una delegación de titularidad o excepción a la norma.
Tras el calentón inicial del primer gobierno de José María Aznar contra el grupo Prisa, primero el ministerio de Fomento y más tarde el de Ciencia y Tecnología, se dieron cuenta de que era imprescindible elaborar un cuerpo legal global sobre el mundo audiovisual que corrigiera una visión tan trasnochada del fenómeno audiovisual y que, además, incorporara las distintas normativas de la UE que se han ido fabricando durante los últimos 25 años.
Era imprescindible privatizar y descentralizar los fundamentos normativos de un negocio de gran proyección social y fuerte carácter expansivo.
Muchas chapuzas y demasiados intereses
Durante la última década se han redactado no menos de una veintena de borradores de la Ley Audiovisual. Prácticamente ninguno de ellos ha salido a la luz pública.
Pero ello no ha impedido que cada nuevo poyecto haya sido empujado de inmediato al epicentro de ese huracán político y empresarial permanente que durante este tiempo se ha conocido con el nombre de la «guerra mediática» y se ha convertido en el protagonista de las más variadas presiones
La tensión ha sido tanta que han pasado los gobiernos y las legislaturas y ninguno de los responsables de la tarea, Rafael Arias Salgado, Anna Birulés, Josep Piqué, o Juan Costa, han logrado sacar adelante uno de los textos legales más necesarios, deseados y conflictivos.
Ahora Francisco Ros, el nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones, dice que tiene el borrador. Pero los maledicentes, que abundan en el sector de los medios, se preguntan ¿cual de los muchos proyectos de ley que se han elaborado es el que será sacado a la luz, para sin duda ser sometido al más violento de los escrutinios por parte de los diversos intereses enfrentados?
Y es que en este asunto de la Ley Audiovisual cada grupo tiene un borrador hecho a medida de sus intereses. Así el nuevo Gobierno socialista ha situado su prioridad en solucionar el eterno y costoso problema de la televisión pública estatal.
Rodríguez Zapatero ha designado a un grupo de sabios que deben emitir antes de fin de año un dictamen sobre la reforma del Estatuto de RTVE. Pero ese sanedrín de expertos ya ha advertido que sin una definición del marco normativo general es imposible desarrollar una norma que ahora adquiere un carácter específico.
Los implicados y aspirantes a «llevarse algo»
El borrador de la Ley Audiovisual que proponen dos de las tres principales televisiones privadas, Antena 3 y Telecinco, exige que se limite el acceso de las cadenas públicas al mercado publicitario y que se regule la distribución de las subvenciones.
El grupo Prisa quiere convertir Canal+ en un televisión en abierto con autorización para realizar desconexiones territoriales con su cadena de emisoras Localia.
Los fabricantes de televisores Sony, Philips, o Samsung, plantean el desbloqueo inmediato del plan para implantar en España la televisión digital, TDT, y para ello reclaman que se reparta de manera inmediata el espectro radioeléctrico que dejó libre la desaparecida plataforma Quiero TV y que se adelante a 2007 el llamado «apagón analógico».
Los gobiernos autónomos piden manos libres para asignar a su gusto el mayor número de licencias para la creación de canales locales y autonómicos en sus respectivos ámbitos de competencia.
En fin, que Francisco Ros tiene ya un borrador de Ley Audiovisual, pero ahora le queda por realizar un delicado proceso de encaje de bolillos para tejer un articulado en el que quepan de manera compatible todo este enjambre de intereses encontrados.