La necesaria presentación en Bruselas de la documentación relativa a la integración de las plataformas digitales está a un paso de consumarse. Apenas setenta y dos horas después del anuncio de fusión, responsables legales de Sogecable y Telefónica ya presentaron ante las autoridades europeas de Defensa de la Competencia las actas y primera documentación sobre la compleja operación audiovisual. Pocos días más tarde, Bruselas requirió a las partes mayor información sobre las condiciones con las que se desarrollará la integración de las plataformas. Se estableció un plazo de tres semanas para que las compañías completaran sus informes.
En estos momentos, según informaron ayer fuentes de toda solvencia, se ultiman los preparativos para que en el plazo de unos días la Comisión Europea tenga en sus manos toda la documentación solicitada, requisito imprescindible para la tramitación del expediente de fusión y, en su caso, la imposición de condicionantes por parte de Bruselas.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, confirmó ayer ante el Pleno del Congreso que el Ejecutivo solicitará a la Comisión Europea la remisión del expediente de fusión de las plataformas digitales de televisión. Después, según Rato, será el Consejo de Ministros quien imponga las limitaciones oportunas.
Por primera vez -y a iniciativa del Grupo Popular-, el Congreso de los Diputados fue informado del acuerdo del pasado 8 de mayo entre Sogecable y Telefónica-Admira para la integración de Canal Satélite Digital y Vía Digital. Durante la sesión de control al Gobierno, Rato explicó a la Cámara las actuaciones que va a llevar a cabo el Gabinete de José María Aznar ante la fusión de las plataformas digitales.
A una pregunta de la diputada del Grupo Popular Fátima Báñez-García, el ministro de Economía subrayó que la operación «tiene una dimensión comunitaria», aunque consideró que el Reglamento de la UE permite al Gobierno solicitar la remisión del caso. «Teniendo en cuenta las facturaciones de los socios, la fusión entra en los umbrales previstos en el artículo 1 del Reglamento 4064 de la UE, de 1989, y, por lo tanto, tiene una dimensión comunitaria».
Rato recordó que las partes han anunciado su disposición a notificar en breve la operación a la Comisión Europea, aunque el Gobierno no tiene todavía constancia de que lo hayan hecho. Según el vicepresidente económico, una vez que esté declarada la notificación, el procedimiento tendría, en el caso europeo, una duración máxima de cinco meses.
Artículo 9 del Reglamento
A continuación, el ministro de Economía subrayó que el Gobierno entiende que el artículo 9 del citado Reglamento permite a España solicitar a la Comisión que remita el caso, «cosa que haremos en su momento», anunció Rato. «Si fuera aceptada esa solicitud -que se hará tres semanas después de la notificación de las empresas españoles a la UE-, quiero decir que se aplicarían las reglas que el Gobierno ya ha establecido», dijo.
Seguidamente, el vicepresidente económico del Gobierno relató los pasos que el expediente de fusión seguirá en España. En primer lugar, el Servicio de Defensa de la Competencia elaborará un informe que remitirá al Tribunal de Defensa de la Competencia. A su vez, el Tribunal lo enviará al Consejo de Ministros, «que, de manera colegiada, tomará una decisión sobre la pertinencia de la fusión o de la absorción y, en su caso, señalará las condiciones que hay que aplicar».
El vicepresidente económico recalcó que ésta es la primera vez en la historia económica española que un Gobierno pone condiciones a determinadas fusiones. Según Rato, los criterios del Gobierno, que se han aplicado ya en otros mercados -financieros, de distribución, de telecomunicaciones, bancarios y eléctricos-, «son aquéllos que establecen limitaciones a la capacidad de decisión de las empresas en beneficio del interés de los consumidores y, por tanto, del interés general de la economía».
Además, el ministro de Economía anunció que, aunque no está fijado así en las leyes, ha pedido a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que dé su opinión sobre cuáles serán los efectos que tendría la fusión de las plataformas digitales.
Pluralidad informativa
La diputada Fátima Báñez-García destacó que el Gobierno del Partido Popular «ha sido y es un claro defensor de la pluralidad de la información, de la competencia y el interés de los consumidores y en esa línea se han manifestado todos los miembros del Ejecutivo».
Según recordó la parlamentaria del Grupo Popular, José María Aznar ha reiterado que el objetivo del Gobierno es la competencia y la defensa de los derechos de los consumidores y, además, añadió que lo que debe hacerse es que los Servicios de la competencia funcionen. La diputada dijo que formulaba su pregunta ante «el debate social planteado y las dudas o inquietudes que en las asociaciones de consumidores ha suscitado el anuncio de fusión digital».