Sólo emitirá programación ya grabada y no se contratará a ningún empleado nuevo hasta que se resuelva la situación judicial de la empresa pública.
El nuevo ejecutivo regional valenciano sigue adelante con su plan de reabrir la televisión pública valenciana de cara al próximo 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. De manera provisional, Ximo Puig i Ferrer, presidente de la Generalidad Valenciana, abrirá un nuevo canal de televisión, denominado transitoriamente Canal GVA (Canal de la Generalitat Valenciana), que sólo emitirá películas y programas ya existentes en el catálogo de RTVV que se encuentren disponibles en valenciano. La marca Canal GVA se ha venido empleando en los últimos años como canal multimedia en la web gubernamental oficial de la Generalidad Valenciana.
La iniciativa se llevará a las Cortes valencianas dentro de dos semanas pero a nivel técnico las pruebas ya han comenzado en la sede de Burjassot, aunque aún faltan por realizar diversos trabajos que permitan garantizar la establidad de las emisiones una vez den comienzo. En esta primera fase no habrá programación nueva, por lo que no se contratará a personal para dar servicio, si no que se contará con el personal técnico que está en plantilla para dar continuidad a la señal del canal.
Los sindicatos de los extrabajadores de RTVV han mostrado su malestar ante esta televisión provisional, ya que consideran que no es una buena manera de comenzar ofreciendo una programación sin producción nueva. Desde los sindicatos prefieren esperar más tiempo y reanudar las emisiones a pleno rendimiento, con un servicio completo y de calidad. Los sindicatos reclaman menos provisionalidad e improvisaciones y más planificación y garantías de que se podrá ofrecer un servicio digno y con una plantilla ajustada. No se oponen a que se comience con una plantilla reducida, asumen que ésta debería irse ajustando gradualmente a las necesidades de la nueva televisión.
Por su parte, el Partido Popular acudirá a los tribunales si se abre RTVV de forma provisional al entender que se trataría de un fraude de ley. Además, acusa al nuevo gobierno de incumplir sus promesas, dado que prometió, según el PP, reabrir la televisión con los 1.600 trabajadores de que disponía cuando fue clausurada.