Las principales televisiones privadas de Europa presentarán hoy un exhaustivo informe sobre la «distorsión sin precedentes» que, a su juicio, sufre el mercado audiovisual. El informe acusa al departamento de la Competencia de la CE de no frenar la competencia desleal de los entes públicos de radiodifusión
El estudio identifica el exceso de financiación pública y la paupérrima regulación de los entes públicos de radiodifusión como las causas de un problema que, en opinión de los autores, está deteriorando la calidad de la programación, poniendo en peligro la viabilidad de empresas privadas y minando la competitividad de todo el sector.
Los operadores públicos no sólo reciben subsidios o avales del Estado, como en el caso de RTVE, sino que además absorben gran parte de la inversión publicitaria en detrimento de las privadas.
El informe acusa al departamento de Competencia de la Comisión Europea, que dirigido por el comisario Mario Monti, de una alarmante pasividad y contrasta la falta de celo que ha mostrado Bruselas en esta área tan sensible políticamente con la intransigencia que mantiene frente a las ayudas de estado ilegales en otras actividades.
Desde 1992, se apilan en los despachos de los funcionarios de la CE once denuncias contra la competencia desleal de las televisiones públicas en nueve países de la Unión. Hasta ahora, apenas se han resuelto tres de ellas, y sólo después de que el Tribunal de Justicia de la UE exigiera a Monti reabrir uno de los expedientes.
«La Comisión ni siquiera mantiene un registro sobre la ayuda de Estado en el sector audiovisual», se queja el informe firmado por la Asociación de Televisiones Comerciales de Europa (entre ellas, Antena 3, Sogecable y Telecinco), la Asociación Europea de Radios y el Consejo Europeo de Editores (del que forma parte Prisa, grupo al que pertenece Cinco Días). «La ayuda de estado en este sector es la categoría de subsidios que más rápido crece en Europa».
El informe calcula que sólo entre 1996 y 2001, la ayuda total ascendió a 82.200 millones de euros.
Las tres asociaciones defienden sin ambages la necesidad de preservar el modelo audiovisual vigente en Europa, en el que conviven canales públicos y privados «Pero el sistema», apuntan, «tiene que alcanzar un equilibrio y necesita una reforma urgente»