El Consell contempla la creación de un Consorcio Digital local para canales comarcales.
El Gobierno valenciano explotará en régimen de gestión indirecta, a través de concesión administrativa, «un mínimo de dos» de los cuatro canales autonómicos digitales que le concede el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), según el proyecto de ley del Audiovisual Valenciano aprobado ayer por el Consell. Su portavoz, Esteban González Pons, explicó que el acceso de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) a la TDT se garantizará por alguno de los canales restantes u otros mecanismos.
La ley, que ahora deberá ser analizada por el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) también contempla la creación de un Consorcio Digital Local encargado de gestionar las televisiones comarcales, que también contarán con cuatro canales, tres de los cuáles podrán sacarse a concurso para la gestión privada.
Asimismo, contempla que el consorcio podrá «contratar programación con empresas privadas» para el único canal que deberá ser obligatoriamente de gestión pública, indicó el conseller, quien manifestó la intención de que esta ley esté aprobada antes del mes de septiembre.
El conseller, quien incidió en la voluntad de la Generalitat de que ésta sea una ley «consensuada» tanto con el sector como con los grupos de la oposición, afirmó que entre la filosofía de la norma está crear una televisión, «que se pueda compartir», por lo que se ha creado un «espacio de reserva» para programación adulta, que será entre las 23.00 y las 06.00 horas.
El proyecto mantiene la creación de un Consejo Valenciano del Audiovisual, encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, y que estará integrado por siete miembros, uno de los cuáles será el presidente, y que no recibirán una retribución por su labor, más allá de las dietas que puedan tener.
Los integrantes serán tres de ellos elegidos las Cortes Valencianas y otros tres nombrados por el Consell, a propuesta del sector audiovisual, que también propondrá al presidente entre profesionales con 15 años de reconocida experiencia. El texto también contempla la concesión de ayudas para la elaboración de guiones audiovisuales y de otras «reguladas en función de la recaudación obtenida por la exhibición de la producción», explicó González Pons, quien precisó que éstas deberán destinarse a la creación de nuevas producciones.
La norma establece una cláusula de reserva de programación para producción valenciana en las autonómicas y locales, que será del 20 %, y precisó que de este porcentaje un 4% deberá ser hecha por productores independientes.
Preguntado sobre si también se crearía una reserva para programación en valenciano, señaló que ésta no existe como tal, «pero si hay un reconocimiento expreso, y a la hora de conceder las licencias se tendrá en cuenta la voluntad de emitir en valenciano».
Entre las novedades del proyecto, está la decisión de extender a los presentadores y directores de programas la responsabilidad respecto a los contenidos de sus espacios y la de exigir que los mensajes de teléfono móvil que se emiten pasen por un filtro para evitar aquellos que atenten «contra la dignidad e igualdad de los seres humanos».
González Pons manifestó que además de proteger a los menores con la limitación de horario y la obligación, por parte de las cadenas codificadas, de establecer mecanismos de control y selección de programas la norma busca proteger al consumidor, por lo que existen «medidas restrictivas para la publicidad en televisión». Por su parte, La Unió de Periodistes Valencians (UPV) lamentó ayer «no haber sido consultada» sobre el anteproyecto de ley y anunció que solicitará una reunión a todos los grupos parlamentarios de las Cortes para explicar su opinión sobre esta futura normativa. La UPV pedirá «estar presente», a partir de ahora, en todas las instancias públicas y oficiales donde vaya a discutirse este anteproyecto con la finalidad de aportar sus opiniones, discrepancias y sugerencias para mejorar el texto. También la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos indicó que seguirán atentamente el proceso de la ley y que su prioridad es participar activamente en su proceso de redacción ya que consideran que debe concluir con la aprobación de una ley consensuada con el sector.
Por otra parte, la secretaría autonómica de Relaciones con el Estado y Comunicación dictó una resolución por la que precisa que el 5 de marzo de este año vencerá el plazo para determinar el modo de gestión de los canales de TDT asignados a los municipios y agrupaciones previsto en la ley de Televisión Local por Ondas Terrestres.