La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Telefónica de España S.A.U. por un presunto incumplimiento de los compromisos asumidos tras la adquisición de DTS (antigua Sogecable) en 2015. Este proceso tiene como objetivo verificar que Telefónica respete las obligaciones de competencia impuestas para completar la operación de concentración, en la que se le otorgó control exclusivo sobre DTS.
El 22 de abril de 2015, la CNMC autorizó la operación de compra de DTS por parte de Telefónica, condicionándola a una serie de compromisos para proteger la competencia en el sector audiovisual. Uno de estos compromisos establece que los contratos de exclusividad para la adquisición de derechos de emisión de contenidos deportivos no pueden exceder los tres años desde su firma. Esta limitación fue prorrogada en 2020 por un periodo adicional de tres años, reforzando la obligación de Telefónica de limitar el tiempo de sus derechos de exclusividad en el ámbito deportivo.
En enero de 2022, Telefónica firmó un contrato con la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), asegurándose en exclusiva los derechos de emisión y explotación de ciertos partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Este contrato incluye derechos exclusivos para sus clientes de uso residencial sobre los lotes D.1.Bis y D.3.Bis, que comprenden la emisión en directo de cinco partidos de cada jornada, salvo tres, y la cobertura total de tres jornadas completas en directo para la temporada 2022/23 y siguientes.
En febrero de 2024, la CNMC identificó posibles indicios de incumplimiento de los compromisos de Telefónica, señalando que la duración del contrato con la LNFP podría estar violando el plazo máximo establecido de tres años.
Con la incoación de este expediente sancionador, la CNMC abre un periodo de instrucción de tres meses para investigar los hechos y determinar si efectivamente se ha producido un incumplimiento de los compromisos de Telefónica. La apertura de este expediente no prejuzga el resultado de la investigación, aunque pone de relieve el riguroso control que la CNMC ejerce sobre las condiciones de competencia en el sector audiovisual español.
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