Para asegurar la Televisión Digital Terrestre en el Norte y Sur de La Palma se debe invertir un dinero que el Estado no ha recogido, según la presidenta del Cabildo. Es la única Isla que no tiene garantizada la cobertura que marca la Ley. El Pleno insular solicitó que se corrija o que se aplace el apagón analógico.
El problema generado con la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en La Palma, que no está garantizada para más de 13.000 hogares, entre los municipios del Norte y del Sur, no sólo ha generado un claro enfrentamiento político entre CC y PSC sobre las responsabilidades de una situación que sólo afecta a esta Isla, sino que además se traducirá en un sobrecoste de 2 millones de euros. El dato fue aportado ayer por la presidenta del Cabildo, Guadalupe González Taño, durante una sesión plenaria en la que Gobierno y oposición se culparon recíprocamente de la mala gestión de la TDT.
Arreglar la falta de cobertura, que en La Palma se queda en un 84% alejado del 98% que impone la ley, costará a los ciudadanos (según Guadalupe González a los palmeros o canarios y según el PSC a todos los españoles) un dinero extra (algo más de 300 millones de las antiguas pesetas, así lo dijeron) calculado por la Administración palmera que no se ha tenido que invertir en otras islas, como Gran Canaria, en donde la TDT no ha costado ni un sólo euro de más a los contribuyentes«, recordó González Taño.
Esta situación se produce a menos de dos meses para el apagón analógico. La falta de garantías en la Televisión Digital Terrestre sólo afecta a La Palma, un hecho que desde el Gobierno del Cabildo se califica de injusto. Al respecto, la presidenta recordó que esto es a todas luces ilegal, porque no se cumple una ley que es para todos igual. Lo que pretenden es que lo arreglemos nosotros, lo que en otros sitios paga el Estado al 100% aquí lo pagaremos los palmeros«.
No es que la televisión digital no se vaya a ver en San Andrés y Sauces o en Fuencaliente, Puntallana y Barlovento, sino que los habitantes de estos pueblos dependerán de una torreta que ya ha colocado el Cabildo (eso sí, con fondos de varias administraciones mediante el proyecto La Palma Digital) que no está garantizada por el Ministerio de Industria, o sea, que si se cae, como dijo ayer la Presidenta, o se desconecta, los sauceros, fuencalenteros, barloventeros… se quedan sin TDT, porque no se recoge en el plan de garantías del Estado.
Por ello, con los votos a favor del Gobierno, la oposición del PSC y la abstención del PP, se propuso solicitar al Estado que se corrijan las deficiencias de los objetivos de cobertura para La Palma o que, en última instancia, se retrasara el apagón analógico en las zonas afectadas hasta que se solucionara el problema, además de ayudar económicamente a las familias más necesitadas en los gastos que genera el cambio.
El PSC culpa al Cabildo.- Los socialistas fundamentaron su voto negativo en la incapacidad» y la descoordinación mostrada por Cabildo y Gobierno de Canarias en la implantación de la TDT. Para el PSC, se ha pasado de decir que éramos pioneros a dejar media isla sin televisión«. Al respecto, ironizó el consejero socialista, Francisco Paz, resulta que los barrancos aparecieron cuando ZP decidió poner la TDT«.
Desde el grupo opositor en el Cabildo se negó que los palmeros tengan que pagar nada por la TDT: La responsabilidad es de las Administraciones canaria e insular que recibieron fondos para garantizar las coberturas, aunque las competencias sean estatales. Al respecto, se preguntaron: ¿Cómo es posible que en El Hierro se garantice el 98% y aquí falte media Isla?. Al respecto, añadieron desde el PSC, queda claro que la moción planteada sólo pretende ocultar la mala gestión realizada y las graves deficiencias generadas por descoordinación.
Consecuencias jurídicas
En medio de la discusión, el PP se limitó a solicitar claridad. Carlos Cabrera dijo que no acaba una idea clara de si el apagón afectaría o no a muchos hogares: Al final no han dicho lo que va a pasar, por lo que entendemos que existe falta de seriedad en las dos administraciones, una por informaciones contradictorias que ha emitido y la obra por la insuficiente aportación económica para implantar la TDT en una orografía tan compleja.
En cualquier caso, el popular advirtió tras el pleno de las consecuencias jurídicas del problema: Cualquier ciudadano o institución que lo crea conveniente estará en el derecho de presentar una demanda por una presunta ilegalidad, porque se ha llevado a cabo una actuación inadecuada a sabiendas de que se estaba incumpliendo una ley.