Las televisiones autonómicas estarán obligadas, al igual que TVE, a establecer limitaciones publicitarias superiores a las que rigen para los operadores privados. A través de una modificación en el anteproyecto de Ley General Audiovisual, el Gobierno quiere forzar a los entes autonómicos a imponer limitaciones adicionales a las previstas en la ley de 1994, que regula la emisión de publicidad en televisión. También las emisoras locales públicas verán restringido su acceso al mercado de los anuncios.
El Ejecutivo quiere limitar la publicidad en todas las televisiones públicas, sean de ámbito estatal, autonómico o local. Así se prevé en las enmiendas a la ley de reforma de RTVE, que se tramita en el Parlamento, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006 y a la futura Ley General Audiovisual.
En el caso de TVE, el contrato-programa que suscriba con el Estado la nueva corporación «deberá incorporar restricciones adicionales a las establecidas con carácter general», según una enmienda de los socialistas. Actualmente, TVE capta recursos publicitarios en igualdad de condiciones que los operadores privados (12 minutos por hora de emisión).
Las modificaciones endurecerán también las posibilidades de acceso al mercado por parte de las autonómicas. La legislación autonómica deberá imponer limitaciones adicionales a los terceros canales y las emisoras gestionadas por los Ayuntamientos. Las televisiones regionales consideran que el cambio en su modelo de financiación debería ser concertado con las comunidades. Entienden que un recorte de los ingresos ha de ser compensado por un incremento de la subvención pública.
Esta reforma entrará en vigor cuando vea la luz la Ley General Audiovisual, cuyo anteproyecto está en estudio en el Consejo de Estado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el texto el próximo mes de noviembre. Las limitaciones se introducirán a partir de las negociación de los contratos-programa que los entes autonómicos de televisión suscriban con sus respectivos parlamentos, según fuentes próximas al Gobierno.
Inicialmente, la disminución publicitaria de TVE afectará a las emisiones infantiles y a la interrupción de las películas españolas o europeas. Estas restricciones van en la línea de una de las 42 enmiendas a la ley de reforma del Ente Público presentadas por los sindicatos UGT y CC OO a los grupos parlamentarios, en la que proponen que se establezcan las condiciones de emisión publicitaria con determinación de límites estrictos a sus modalidades y formas de inserción, hasta niveles inferiores a los de las televisiones comerciales. Añaden los sindicatos que la evaluación económica de estas restricciones será considerada como un coste neto del servicio público y, por tanto, deberá ser cubierta mediante subvenciones.
UGT afirmó ayer que cualquier limitación debe ser cuatitativa y enfocada a beneficiar a los ciudadanos y a la prestación del servicio público. CC OO aseguró que el Gobierno ha atado de pies y manos a RTVE al limitar sus ingresos y dijo que las medidas adoptadas se parecen a una voladura controlada del Ente Público.
Las autonómicas creen que la medida no les afecta
El compromiso del ministerio de Presidencia de llevar a cabo una «reducción adicional de la publicidad en las televisiones públicas» ha levantado algunas ampollas entre las cadenas autonómicas.
A pesar de ello, ayer dijeron que la decisión no les concierne inicialmente. Fuentes de las cadenas autonómicas manifestaron a Europa Press que el Gobierno no podría adoptar medidas sobre la financiación de estas televisiones de manera «unilateral» y que no se han producido contactos con las comunidades en ese sentido.
Las mismas fuentes consultadas recordaron que antes de modificar cualquier cuestión que tenga que ver con la financiación de las cadenas públicas autonómicas el Gobierno Central tendrá que «concertarlo» de alguna manera con las comunidades autónomas. En este sentido, se recuerda que todo recorte de ingresos por publicidad debería estar ligado a un aumento de financiación vía presupuestos de las respectivas comunidades con televisión propia. «Otra cosa es RTVE, que depende de los presupuestos del Estado y en la que es el Gobierno Central el que decide de qué manera se va a financiar», agregaron las mismas fuentes.
Por otra parte, las cadenas autonómicas consideran que el reparto de la tarta publicitaria de los nuevos canales privados analógicos segmentará aún más la oferta, pero confían en que su efecto será limitado porque se verá compensado el próximo año por el crecimiento del propio mercado.