La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, volvió a insistir ayer en que será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendrá la última palabra sobre la correcta interpretación del máximo de anuncios en televisión que fija la Directiva de Televisión sin Fronteras.
El hecho de que el Tribunal tenga que pronunciarse obedece a que la Comisión Europea presentó una denuncia formal contra España en diciembre del año pasado precisamente por permitir que las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, abusen de los anuncios.
Límite de 12 minutos a la hora
La Directiva europea establece un máximo de 12 minutos de anuncios, en cualquiera de sus formatos, por cada hora de emisión de televisión. El Gobierno español, por su parte, considera que las telepromociones, la telecompra y los publirreportajes no deben computar en el tope de los 12 minutos.
En todo caso, y a la espera del fallo del Tribunal de Luxemburgo, Fernández de la Vega le comunicó a la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, que la intención del Gobierno español es incorporar a la legislación interna la Directiva antes de que termine el año, dentro del marco de la Ley General Audiovisual.
Además de la Directiva de Televisión sin Fronteras, la intención de la número dos del Gobierno español era entrevistarse también ayer en Estrasburgo con la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, para tratar el asunto de la próxima regulación europea sobre la financiación de las televisiones públicas en Europa. A pesar de que el encuentro finalmente no pudo producirse por un leve accidente de tráfico sufrido por la comisaria, la vicepresidenta explicó que el modelo que defiende su Gobierno es el mixto, con financiación pública y privada, para que se pueda atender al concepto de servicio público también pero con progresiva reducción de anuncios.
Kroes trabaja desde hace meses en una nueva regulación para el sector de las televisiones públicas europeas en el que, como novedad, incluirá controles de estos fondos como si de ayudas de Estado se tratara, al igual que sucede ahora en el resto de actividades productivas que, como norma general, tienen prohibidas las ayudas de Estado por distorsionar la competencia y ser contrarias al Tratado.
La idea de fondo es que para que una televisión pública pueda recibir dinero de las arcas del Estado tendrá que prestar un verdadero «servicio público», o lo que es lo mismo, se tendrán que definir unos criterios objetivos que establezcan claramente lo que es servicio público, y por tanto subvencionable, de lo que no que, lógicamente, no podrá recibir fondos estatales ya que ello contribuiría, como ocurre en la actualidad, a falsear la libre competencia entre empresas.
Bruselas se ha puesto manos a la obra a regular este sector después de que las ayudas estatales a las TV públicas europeas hayan alcanzado los 22.000 millones de euros al año.