La nueva Ley de TV, que actualmente prepara el Gobierno, establecerá criterios «claros, seguros y proporcionados» para garantizar el mantenimiento del pluralismo en todos los servicios de difusión de TV, no sólo en los concesionarios de la ley del año 1988.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno señala que la nueva norma no planteará eliminar las actuales restricciones accionariales, sino flexibilizarlas «teniendo en cuenta el nuevo entorno económico y tecnológico existente».
El Ejecutivo explica al respecto que la intensidad de las medidas intervencionistas «necesitará ser menor cuanto mayor sea el número de ofertas presentes», que es precisamente la situación que se va dibujando en España con el desarrollo de la televisión digital, según reconoce el Gobierno.
Por ello, en la medida en que aumente la oferta de canales, las medidas que contempla la nueva regulación «tenderán a evitar que el pluralismo creado por la multiplicación de canales se vea minorado por procesos de concentración horizontal que limiten el abanico potencial de opiniones expresadas».
El Gobierno aclara que la incorporación de nuevas ofertas al mercado de la televisión está limitada en cualquier caso por la disponibilidad del espectro radioeléctrico, al que se ha ajustado para realizar nuevas concesiones.
Añade finalmente que ha adoptado medidas «suficientes y adecuadas» para garantizar en España «una oferta informativa variada y plural» y dice que estas medidas se verán reforzadas en el futuro con el nuevo marco legal de lo audiovisual.