El Gobierno regional recurrirá el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander que obliga a Sodercán a abonar 3,5 millones de euros a la empresa de telecomunicaciones SES Astra, a la que adjudicó en 2008 el concurso para la implantación de la televisión digital en la región, contrato que anuló a los pocos meses tras el anuncio del Estado de que asumiría ese servicio sin coste para las comunidades autónomas.
El consejero de Industria y Turismo, Eduardo Arasti, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa con dos mensajes: el referido intento de pagar menos de esos 3,5 millones, y una crítica a la gestión del bipartito PRC-PSOE como responsable del desaguisado.
La sentencia divide los 3,5 millones en dos conceptos: 1,48 por el daño emergente, o sea los gastos de Astra de elaboración de la oferta para el concurso, y la posterior ejecución del contrato; y, además, 2,63 millones por el lucro cesante, o el dinero que dejó de ganar. Este segundo punto cuestionará el recurso, puesto que la sentencia equipara de forma discutible ingresos con beneficios, según ha apuntado Arasti. De esa forma, la Administración también gana tiempo para un reembolso con el que no cuentan los presupuestos de 2012.
Sobre la trascendencia política del juicio, el consejero ha admitido que su resolución beneficia a la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, puesto que la reclamación de Astra ascendía a 22 millones, y la marcada por los peritos superaba los 15. Sin embargo, no es menos cierto que todos los cántabros van a pagar 3,5 millones a cambio de nada. Por contraste, ha recordado el reciente contrato para la implantación del mismo servicio en Piélagos, con un coste de 94.000 euros y 3.200 vecinos beneficiados.
Los 3,5 millones es dinero tirado por la borda. Como los 55 millones de GFB o los más de 15,5 millones por la Fundación de Comercio de Cantabria, ha remachado Arasti.