Las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 25 de mayo, están condicionando, en gran medida, los plazos para el desarrollo reglamentario del sector audiovisual en España.
El Gobierno trabaja a marchas forzadas para consensuar, antes de Semana Santa, una ley audiovisual que recoja todas las reglamentaciones que afectan al sector, con el objetivo de dotarlo de un marco regulatorio estable. Sin embargo, los principales agentes del sector se muestran cada vez más escépticos sobre la capacidad del Ejecutivo para dejar resuelto en breve el nuevo marco legal audiovisual.
La iniciativa de Josep Piqué, ministro de Ciencia y Tecnología y encargado de elaborar el borrador de la nueva ley, ha encallado al no encontrar una fórmula definitiva para resolver la financiación futura de RTVE. Piqué propone limitar el acceso del Ente Público al mercado publicitario, con el objetivo de amortiguar el daño que la suma de estos ingresos a las subvenciones está ocasionando a las televisiones privadas.
La propuesta, sin embargo, choca con la política del Ministerio de Hacienda, ya que supondría incrementar el acceso de RTVE a los fondos públicos, para garantizar la cobertura de su misión de servicio público. Las televisiones privadas recuerdan el sobregasto en el que incurre continuamente el grupo audiovisual público, que consideran injustificable.
Costes y audiencias
Así, recuerdan que para obtener unos niveles de audiencia poco superiores a los de Telecinco o Antena 3 TV -24,7% de TVE frente al 20,3% de cada una de las televisiones privadas-, el Ente Público ha gastado 1.200 millones de euros en 2002, frente a los cuatrocientos millones de Telecinco.
Para evitar que el escollo de la financiación de RTVE frene las reformas prioritarias, el Gobierno se plantea ahora poner en marcha la regulación de las televisiones privadas. Según fuentes cercanas a la Administración, en una medida impulsada por Piqué, y consensuada con los vicepresidentes Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, el Gobierno estudia permitir que un mismo accionista participe al tiempo en una cadena privada de ámbito nacional y en varias televisiones locales, aunque con limitaciones.
En ningún caso un mismo socio podrá controlar la gestión de un canal nacional y canales locales. Además, se introducirán limitaciones geográficas, con el fin de impedir que un accionista pueda ejercer posición de dominio en un área geográfica determinada. Esta nueva regulación matizaría la última modificación de la ley de televisiones privadas. Según este reglamento, aprobado en noviembre como enmienda a la Ley de Acompañamiento, ninguna empresa que posea una concesión de televisión podrá participar en otra cadena, entendiéndose por concesión no sólo las cadenas generalistas de ámbito nacional Antena 3 TV, Telecinco y Canal Plus, como hasta entonces, sino también las televisiones locales y las autonómicas.
Estas medidas suponían un duro golpe a la estrategia empresarial de los grupos de medios de comunicación Prisa y Grupo Correo Prensa Española. Prisa, a través de Sogecable, controla la cadena de pago de alcance nacional Canal Plus, pero, a su vez, ha venido creando en los últimos años la red de televisiones locales Localia, que aglutina un total de 57 emisoras. Grupo Correo, que está presente en Telecinco, con el 13% del capital, dispone, además, de 66 emisoras locales a través de UNE, y controla el canal autonómico Onda 6 en Madrid.