El enfrentamiento entre el Gobierno y Prisa se ha cerrado con la fusión y el «televisazo». El parte de guerra deja un mercado herido y abocado a un minifundio que puede arruinar la industria.
El «televisazo» como corolario de la política de medios de comunicación llevada a cabo por el Gobierno del PP desde su llegada al poder ha certificado la improvisación y falta de diseño estratégico del sector audiovisual. La necesidad de contrapesar la fusión digital con una actuación que impidiera a la nueva plataforma el control absoluto del mercado audiovisual se ha traducido en una enmienda a la normativa vigente, vía Ley de Acompañamiento, que pone puertas al campo impidiendo el normal desarrollo del mercado de las televisiones locales. El Gobierno propicia con esta medida un minifundismo empresarial que a medio plazo puede significar el fin de toda una industria.Vía Digital y la Ley del Fútbol
El siguiente capítulo de la historia fue la creación de Vía Digital, también para competir con Canal Satélite. El Gobierno del PP movilizó a Telefónica para poner en marcha una guerra digital con dos poderosas armas a su favor: la Ley del Fútbol y la de descodificadores. La primera de ellas se saldó con la declaración de acontecimientos deportivos de interés general, para evitar que Prisa pudiera controlar la exclusiva de los derechos del fútbol. La segunda obligó a tomar cartas en el asunto a Bruselas, dejando en evidencia el absurdo enfrentamiento por el sistema de descodificación de Vía Digital y Canal Satélite, lo que desgastó de nuevo al Gobierno en un causa perdida ante la Comisión Europea y frente a la calculada estrategia defensiva de Prisa.
Palabras mayores fueron los hechos producidos en el denominado caso Sogecable, cuando el Gobierno, amparado en acusaciones particulares, lanzó fuego cruzado en forma de arsenal jurídico contra la línea de flotación de la «armada invencible» de Polanco. Las fianzas y depósitos de los abonados a la oferta televisiva de Sogecable fueron el argumento técnico para hacer desfilar a Polanco ante los juzgados de la Audiencia Nacional en un procedimiento que se resolvió al final con la inhabilitación del juez instructor de la causa, Javier Gómez de Liaño, posteriormente indultado por el Gobierno. Nuevamente la teoría del cazador cazado dejaba en evidencia al Ejecutivo.
La aventura de Villalonga
En suma, la conclusión de todos estos planteamientos del Gobierno no fue otra que la implicación de empresas ajenas al sector de medios en batallas imposibles y la promulgación de normativas «ad personam». Al final, la historia es elocuente y conocida. Canal Satélite ha subsistido con dificultades mientras que Vía Digital ha acumulado pérdidas multimillonarias que al cierre de este año se estimaban ya en 100.000 millones de pesetas.
La guerra digital se vio alentada por el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, quien le cogió el gusto a esto de los medios de comunicación y trató de conformar un grupo mediático alternativo a Prisa. Lo primero que hizo fue comprar Antena 3 a Asensio para recuperar los derechos del fútbol. Siguieron las adquisiciones de Onda Cero y un 20 por ciento del Grupo Recoletos, propietario a su vez de un tercio del diario «El Mundo». La participación de Recoletos se intercambió más tarde por un 5 por ciento del capital de Pearson, empresa editora del «Financial Times» y accionista mayoritario de Recoletos.
La aventura mediática de Villalonga extendió sus tentáculos al Cono Sur de Iberoamérica y también a partir de operaciones tan singulares como la compra de la productora holandesa Endemol, por la que Villalonga pagó la friolera de 900.000 millones de pesetas. Era la época de bonanza económica y el momento dulce del entonces amigo de Aznar. Las «stock options» y el presidencialismo con que Villalonga manejó Telefónica hicieron el resto. El presidente del Gobierno terminó retirando su confianza profesional y personal al compañero de pupitre y buscando un relevo urgente que, finalmente, favoreció a César Alierta. El problema es que entonces, verano del 2000, la burbuja tecnológica reventó sin previo aviso y el grupo mediático de Telefónica, que desde dentro se conocía como el ejército de Pancho Villa, empezó a estrangular el balance consolidado de la primera corporación multinacional de España.
Después del fallido desarrollo tecnológico del UMTS y como consecuencia de un proceso de regulación en España poco favorable para el operador dominante, Telefónica se encontraba en una situación de precariedad que podía agravarse por las pérdidas de Vía Digital. La aventura mediática, la guerra con el Grupo Prisa, los devaneos financieros de Villalonga y la gestión desorganizada de lo que hoy se llama Admira -ironías del destino- han obligado a una decisión drástica. La rendición a Prisa en materia de TV de pago y contenidos demuestra de nuevo que los malos remedios no hacen sino agravar la enfermedad.
Telefónica, en pérdidas
Después de amortizar las inversiones en la tercera generación del móvil, Telefónica cerró el primer semestre del año con más 6.500 millones de euros de pérdidas. Este fue precisamente el argumento con el que Alierta convenció a Aznar y a Rato para llevar a cabo la fusión de las plataformas. La guerra digital estaba a punto de llevarse por delante a la propia Telefónica y hasta ahí podíamos llegar. Sólo cuando el agua ha llegado al cuello de la verdadera compañía española de bandera, el Gobierno ha decidido rendirse. El parte de guerra ha dejado un balance incontable de heridos, víctimas de una política basada en la improvisación, la ausencia de un diseño del modelo de negocio, la intromisión de terceros inexpertos en el sector, la distorsión del mercado y la dejación de la obligación básica que implica regular un marco claro de actuación en la industria audiovisual.