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El Congreso respalda el proyecto de Ley Audiovisual

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El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual superó esta mañana en el Congreso su primer gran escollo en el Congreso. El PSOE consiguió el apoyo de CiU y CC para rechazar las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y ERC-IU-ICV, por lo que la ley marco del sector audiovisual seguirá adelante con su tramitación parlamentaria. Las enmiendas fueron rechazadas tras conseguir sólo 149 votos a favor, frente a los 176 sufragios en contra y 10 abstenciones (PNV, Nafarroa Bai, BNG, y UPN).

Sin embargo, a tenor de las intervenciones de los portavoces de los grupos y de la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, todo parece indicar que el texto sufrirá diversos cambios a través de las numerosas enmiendas parciales presentadas al articulado, y que el Gobierno y el Grupo Socialista siguen negociando con el resto de formaciones políticas, y especialmente con CiU, principal apoyo del Ejecutivo en este ámbito.

En defensa del proyecto, que marca las reglas del juego del nuevo escenario audiovisual, marcado por la irrupción de la TDT y el nuevo modelo de financiación de RTVE, y crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), Fernández de la Vega aseguró que se trata de una norma moderna, necesaria, equilibrada y liberalizadora que tendrá vigencia durante las próximas dos décadas. No obstante, reconoció que es mejorable, como todo en esta vida y añadió que espera que con las modificaciones pertinentes se consiga de una vez por todas, regular de manera global y coherente el sector audiovisual.

De la Vega aseguró que el texto cuenta con el consenso básico del sector pese a las críticas en este sentido del PP y ERC-IU-ICV, y que se ha hecho pensando sobre todo en el respeto y el reforzamiento y protección de los derechos de los ciudadanos con garantías de control democrático, si bien también persigue dar una respuesta seria y responsable al sector audiovisual desde el punto de vista de la liberalización, la dinamización y la seguridad jurídica. Asimismo, dejó claro que en su opinión esta norma no supone invasión competencial alguna.

Una «Ley Berlusconi»

No piensa de la misma forma el grupo formado por ERC, IU e ICV y su portavoz, Gaspar Llamazares, de quien salieron las críticas más duras al proyecto de Ley. Para el diputado de IU, lejos de defender el interés general la norma se corresponde con los intereses de un sector de la iniciativa privada, el de las cadenas privadas, por lo que debería llamarse Ley Berlusconi o Ley Uteca (la entidad que agrupa a las privadas), y además no ordena el sector sino que establece un puzzle de iniciativas previas por lo que bien podría llamarse Ley Frankenstein.

El objetivo de esta ley no es ordenar sino mantener un sector oligopólico, hacer una foto fija del sector audiovisual en beneficio de la iniciativa privada, dijo Llamazares, que cree que al mismo tiempo se pretende marginar a Radio Televisión Española y privarla del necesario liderazgo en el futuro de la TDT. En este sentido, acusó al Gobierno de haber desestabilizado a la dirección de RTVE y su hasta poco presidente, Luis Fernández, para provocar su dimisión.

Su compañero de grupo, Joan Ridao, de ERC, entiende que el proyecto es una seria amenaza para el servicio público porque impide que RTVE pueda competir en igualdad de condiciones con las cadenas privadas y porque ignora la pluralidad lingüística y cultural del Estado en el marco de una concepción del sector audiovisual como una actividad económica más. En su opinión, además, justifica una clarísima invasión competencial y pretende, en definitiva cepillar el sector audiovisual catalán hasta dejarlo sin madera. Difícilmente vamos a consentirlo, dijo Ridao, que pidió también que la norma otorgue espacio en el espectro radioeléctrico para garantizar la reciprocidad de las emisiones de las cadenas autonómicas de las comunidades limítrofes.

Controlar a los medios

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Cortés, calificó de muy malo el proyecto, que en su opinión llega con cinco años de retraso, y añadió que lo único que le interesa al Gobierno de los medios es su control. Tras censurar que no haya habido ni siquiera un atisbo de conversaciones con el principal partido de la oposición, Cortés cree que el proyecto no tiene nada que envidiar a la legislación chavista, de Cuba o de China en materia de medios de comunicación, sin olvidar la amenaza que supone para la libertad en Internet.

El portavoz socialista, Óscar López, afeó por su parte al PP su hipocresía acerca del contenido de la Ley y consideró una broma de mal gusto que precisamente los populares acusen al Ejecutivo de querer controlar los medios de comunicación tras su trayectoria en este ámbito cuando estuvieron en el Gobierno.

Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo que si bien su grupo no está de acuerdo con el conjunto de la norma, se trata de una Ley necesaria. Sin embargo, dejó claro que el texto actual invade competencias» autonómicas y locales y coincidió con ERC en la necesidad de poner a disposición de las cadenas autonómicas de espacio radioeléctrico adicional para garantizar la reciprocidad de las emisiones. También consideró excesivas las obligaciones que establece para las cadenas a la hora de contribuir a la financiación del cine español, sobre todo tras haberse destinado 1.000 millones a este fin en los últimos años sin que se haya advertido mejora alguna en la calidad del cine objeto de estos fondos. Muchas de estas películas ni siquiera se han estrenado, dijo. Por todos estos factores, espera que a través de las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación concluye hoy, puedan hacer posible el acuerdo con el Gobierno para que CiU acabe apoyando la Ley.

Cambios importantes en la legislación audiovisual

La norma va a suponer una serie de cambios muy importantes en materia de contenidos, protección a los menores, publicidad y otros aspectos. Además, incorpora un régimen de sanciones económicas que pondrán en más de un aprieto a todas aquellas cadenas de televisión u operadores que no la cumplan con las reglas.

Así, aquellas cadenas que no respeten los límites de publicidad que fija la nueva ley -infracción que se considera grave- podría ser objeto de una multa de 100.001 a 500.000 euros. Un aumento notable respecto a la actualidad, como explica Luis Murilla, socio del despacho Quatrecasas, ya que la ley vigente, que data de 1994, establece que las infracciones graves serán sancionadas con multas de hasta 50.000.000 pesetas, es decir un máximo de 300.000 euros.

En el caso de las sanciones muy graves ahora penadas con una multa mínima de 300.000 euros y máxima de 600.000, ahora se sancionarán con una multa de 500.001 hasta 1 millón de euros en el caso de la televisión. En el ámbito de la radio es algo inferior.

Aunque desde el sector y desde el PP se ha calificado este régimen sancionador como abusivo, Oscar López, el diputado del Grupo socialista que se ocupa de esta ley, considera que es equilibrado aunque podría ser matizado durante la tramitación parlamentaria» de la norma. Lo cierto es que por primera vez tanto la cuantía como el contenido al que se aplica estas sanciones es más claro ya que a esto hay que unir el esfuerzo en definiciones de concepto que hace la Ley, afirma Luis Murillo.

Junto con las sanciones, la futura Ley Audiovisual recoge otros cambios:

Publicidad por hora de emisión: Se establece que no se podrá emitir más de 12 minutos de mensajes publicitarios por hora de reloj. Sin embargo, como epxlica Luis Murillo, socio de Quatrecasas, el anteproyecto no establece reglas diarias y se habla de hora de reloj, no de hora natural, que es un concepto más claro. La norma vigente hasta hoy establece que el tiempo total dedicado a la emisión de publicidad en todas sus formas no será superior al 20% del tiempo diario de emisión.

Pero además, hay quienes consideran que la nueva norma abre la puerta a que la publicidad se duplique en cada hora de emisión. Una docena de asociaciones de consumidores, anunciantes y agencias de medios presentaron recientemente un documento en el que denuncian que habrá hasta 29 minutos de publicidad cada hora, ya que a los 12 minutos de publicidad convencional, le nueva ley permite otros 12 minutos de telepromociones y 5 más de autopromociones.

El diputado Oscar López niega que esto vaya a ser así, ya que las cadenas de televisión no van a consumir los 5 minutos de autopromoción y la telepromoción se realizará dentro de cada programa. Por ejemplo, que Ana Rosa Quintana promicione Cola-Cao en su programa.

Adiós al porno y los juegos de azar

La norma prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o de violencia gratuita, que a partir de ahora sólo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, al igual que cualquier otro contenido que se considere lesivo para los menores de edad. En cuanto a los programas dedicados a los juegos de azar y apuestas, sólo de podrán emitir de la 1 a 5 horas.

Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual

Ésta es otra de las grandes novedades de la futura ley. Se trata de un órgano que existe en la gran parte de la UE, pero que, hasta ahora en España no existía. Aunque es independiente, estará adscrito al Ministerio de la Presidencia y su finalidad será velar por la transparencia y pluralismo del sector audiovisual, deberá controlar el cumplimiento de la norma y aplicar la sanciones económicas que se recogen en ella.

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Cortés critica que se trata de un órgano censor que podrá poner multas cuando en la legislación española ésta no es competencia de un órgano administrativo, sino de un juez. Además, critica el alto coste que supondrá la creación de este consejo, que ya existe en algunas autonomías como Andalucía o Cataluña. El Consejo Audiovisual de Cataluña cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros.

Apoyo a la producción europea

Todos los canales de cobertura estatal o autonómica deberán reservar el 51% de su tiempo de emisión anual a obras europeas, con exclusión del tiempo dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos y publicidad. Y el 50% de esa cuota queda reservada a obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas.

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